Minería informal: ¿Qué implicancias tendría derogar decretos?

REDACCIÓN PAÍS

Tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski señalan la importancia de formalizar a los pequeños mineros, quienes están presentes en casi todas las regiones del país y explotan hasta una quinta parte del territorio nacional. En conjunto, su producción anual asciende a US$1.315 millones, según el Instituto Cooperacción –cifra similar a lo que se invertiría durante el período de construcción del proyecto Tía María–.

Si bien ambos candidatos coinciden en aspectos como facilitar el acceso al crédito y la asistencia técnica, las diferencias resaltan al determinar el punto de partida.

Fujimori ha firmado un contrato con representantes de mineros informales y, asesorada por el economista Hernando de Soto (conocido internacionalmente por su tesis sobre informalidad y voceado asesor presidencial en dicho rubro de ganar Fujimori las elecciones), propone la derogación de los decretos legislativos 1100 y 1105, promulgados por este gobierno, que norman a la pequeña minería y minería artesanal. Además, ofrece la titulación para pequeños mineros.

El Decreto Legislativo 1100 regula la interdicción de la minería ilegal, es decir, la potestad del Estado de quemar maquinaria y campamentos mineros en zonas prohibidas. El 1105 determina la diferencia entre minería ilegal (llevada a cabo en zonas reservadas o con maquinarias prohibidas) e informal (en zonas autorizadas, pero sin permiso de explotación). Asimismo, establece los pasos que se deben tomar para la formalización minera.

Que la formalización minera vuelva a fojas cero es el punto más controversial de su propuesta. De Soto, desde el 2014, se ha mostrado abiertamente en contra de la estrategia implementada por el gobierno desde el 2012. Él califica al proceso de formalización como “un rotundo fracaso” y propone redefinirlo, dado que obliga al minero artesanal a regularizarse para pagar impuestos, pero sin ningún incentivo. ¿Pero cuán factible sería aplicar la estrategia de De Soto?

1. ¿Se pueden entregar títulos a los mineros informales, como plantea Hernando de Soto?

Es difícil. De Soto propone convertir a los mineros informales en propietarios, para que con sus títulos tengan acceso al sistema financiero y, de esta manera, garantizar su emprendimiento empresarial.

El problema radica en que la mayoría de estos (todos, según declaró el dirigente minero Víctor Chanduví a El Comercio) opera en áreas que ya están concesionadas.

El no tener concesión ni contratos de explotación o cesión firmados con los titulares es el principal obstáculo. Esto impide el avance de la formalización, de acuerdo con Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental: “La titulación de los que actualmente operan las zonas pone en riesgo el derecho de los anteriores, que pueden ser otros concesionarios mineros, comunidades indígenas, entre otros”.

Dicha postura también es compartida por Iván Lanegra, ex viceministro del Ambiente. “Una política de formalización hacia la gente que opera las concesiones significaría también una de expropiación de concesionarios originales”, menciona.

Para otorgar títulos, las empresas que tienen las concesiones tendrían que estar de acuerdo con ello o, en todo caso, el Estado tendría que anular las concesiones otorgadas.

2. ¿Cuáles serían las implicancias de derogar los decretos?

De Soto sostiene que en el compromiso firmado por Fujimori, Fuerza Popular se compromete solo con los mineros informales –que estima son el 80% de los 400.000 mineros–, mas no con los ilegales que depredan la selva.

Sin embargo, derogar el decreto 1105 implicaría que no se pueda diferenciar entre minería informal e ilegal, y el 1100, que no se puedan realizar interdicciones. Con lo cual ya no aplicaría el marco normativo bajo el cual el Estado pueda combatirlos. Esto, entre otras cosas, permitiría que los ilegales sigan operando en zonas protegidas, como Tambopata, en Madre de Dios, donde solo este año se han deforestado 130 hectáreas.

En el caso de los informales, la derogación de los decretos no significaría que estos sean considerados formales, pero sí que ya no sean catalogados como ilegales por no haber firmado la declaración de compromiso, que es el primer paso del proceso de formalización.

A fines de abril, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, criticó la propuesta de derogación de los decretos y dijo que esto crearía “una falsa expectativa” y que, en lugar de alentar la formalización de los mineros, sería “una trampa”.

3. ¿Realmente fracasó el proceso de formalización?

No exactamente, pero si se mira desde el punto de vista de cuántos mineros lograrían su formalización, sí fracasó. El gobierno esperaba incorporar en la legalidad a 200.000 mineros a fines de este año, pero solo llegará a 5.000, según la Presidencia del Consejo de Ministros.

Durante el proceso de formalización, los mineros tienen que cumplir ciertos requisitos complejos, tomando en cuenta su pequeña escala. Uno de ellos es la acreditación de la titularidad o un contrato de cesión sobre la concesión minera o, en su defecto, un acuerdo de explotación; pero, como se explicó, esto depende de las negociaciones con los titulares de las concesiones. Otro requisito es contar con certificados de gestión ambiental y uso de aguas.

“Una de las opciones es que los mineros escalen y se organicen en grupos más grandes para afrontar los costos de acceder a la formalidad. Pero esto requiere de una mayor iniciativa estatal”, opina Iván Lanegra.

Sin embargo, algunos especialistas coinciden en que el proceso no es un fracaso porque ha empezado a generar reglas de juego claras. “La formalización, pese a que no se ha culminado, está bien enfocada”, señala Pedro Solano. “Uno de sus aciertos es la diferencia entre los informales e ilegales que deben ser erradicados”, concluye.

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