Grandes huelgas en potencia: otros conflictos que pueden agravarse si no son atendidos de inmediato

El organismo que lidera Walter Guitérrez publicó a inicios de semana su Reporte de Conflictos Sociales N°204, correspondiente a febrero de 2021. Allí, se da cuenta de que el 73% de ellos se encontraban “activos” (es decir, 144), mientras que un 27% se consideran como “latentes”.

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Si bien la gran mayoría de los conflictos es de competencia del gobierno nacional, con 60%, también existe otro número importante —un 30%— que involucra a los gobiernos regionales. En caso de los gobiernos locales no superan el 10%.

Y, en general, gran parte de los conflictos tienen que ver con temas socioambientales. Loreto y Cusco reputan en el ránking de los conflictos que se desarrollan en una sola región.

La situación de los transportistas y su escalada

La demanda del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, una situación que no es nueva, pero que escaló rápidamente en los últimas días hasta convertirse en una crisis nacional, no forma parte de los 197 conflictos reportados debido a la fecha de cierre del informe.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo sí incluyó esta problemática, al igual que otra decena, como un “caso en observación” para tener en cuenta, puesto que en cualquier momento se podía agravar y convertir en un conflicto (o, en el mejor de los casos, resolverse).

El último miércoles, la entidad ya emitió un pronunciamiento en el que insta a los transportistas a levantar las medidas de fuerza y abocarse al diálogo, mientras que al gobierno central lo exhortó a encontrar una salida al registrarse bloqueos en 21 regiones a nivel nacional, incluso dificultando el traslado de oxígeno en plena pandemia del coronavirus.

Casos en alerta

En total, en su informe de febrero, la Defensoría del Pueblo pone la alerta sobre 23 casos que se registran a lo largo de unos 13 departamentos (algunos son “activos” y otros “en observación”). A su juicio, estos son “los casos que deberían tener una atención prioritaria” por parte del Estado peruano, según comenta a El Comercio Luis Alvarado, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales.

Alvarado remarca que en este grupo hay casos conflictos en los que podría exacerbarse a una situación de violencia — “donde todavía estamos en una etapa temprana que tiene que atenderse con prontitud para no estar una situación de tensión”—, así como también situaciones en las que, pese a haber diálogo, consideran que debería hacerse “un mayor esfuerzo para poder activar la respuesta del Estado y generar soluciones a los problemas que se vienen dando”.

“Hay algunos que tienen una urgencia porque pueden escalar rápidamente hacia la violencia. Otros que están en una etapa temprana (porque para la Defensoría la atención de los conflictos no se debería esperar a la violencia por el riesgo que hay para la afectación de los derechos) y deberían tener una atención para tratar los problemas a través de procedimientos administrativos o a través de mesas de diálogo. Porque es una actuación preventiva en el sentido de evitar llegar a una situación de violencia”, acotó Luis Alvarado a este Diario.

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Entre los casos que más preocupación causa a la Defensoría del Pueblo, además del paro de transportistas, figura el conflicto en el distrito de Livitaca, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), precisamente uno de los tres casos nuevos que ingresaron en el reporte de febrero.

En la zona, la comunidad está exigiendo a la empresa minera Hudbay que se suscriba un nuevo convenio marco entre la municipalidad y la compañía, y se dé finalmente por anulado el convenio que se había realizado en el 2016 y que sigue vigente.

El 27 de febrero pasado, hubo un enfrentamiento en la zona entre los pobladores y la policía luego de un intento de ingresar a la Mina Constancia, un evento que dejó como saldo 26 personas heridas, 17 civiles y nueve efectivos de la PNP. Los encuentros entre representantes de la empresa minera y la población siguen sin llegar a buen puerto.

“Por la forma cómo se ha desarrollado el proceso, no hay en este momento todavía muchas opciones de salir por la vía del diálogo. Incluso hay información de que se estaría previendo nuevamente a tomar una medida de fuerza para tomar la unidad Constancia. Eso todavía no está confirmado, pero el asunto es que todavía no se ha logado abrir un proceso de diálogo en el que se pueda discutir técnicamente las posibilidades de una modificación al convenio”, refirió por este caso Alvarado.

También está en la lista de prioritarios la situación que se vive en Puno y Tacna, en donde hay oposición con la ejecución del proyecto hidráulico Vilavilani II, por el temor a las repercusiones en la actividad agrícola y pecuaria en la zona. El caso, que se reportó en el 2017, ha sido llevado hasta el Poder Judicial.

Igualmente, otro de los casos que ingresó este mes al reporte y que también se ha incluido en las alertas está ubicado en Tambobamba, provincia de Cotabambas (Apurímac). Se han registrado protestas en contra de la empresa minera Las Bambas y la población exige renegociar los contratos de compraventa de 2011.

“Ahora entendemos que la venta de nuestras tierras en el sector de Sallahui costó el precio de 0.50 céntimos de sol el metro cuadrado, lo cual es un tremendo engaño y una estafa. Por ello, hemos decidido retomar nuestras tierras que por años hemos pastoreado, aquí hemos criado a nuestros animales y no vamos a movernos”, dijo a este Diario el presidente de la comunidad de Pumamarca hace unas semanas.

El 20 de febrero se registró un enfrentamiento con la PNP que dejó 10 personas heridas, según el reporte oficial. La fiscalía ya abrió una investigación de forma preventiva, ante el pedido de la comunidad.

Ahora bien, en el caso de los transportistas, Alvarado reconoció que, dada su naturaleza actual, “ya es un conflicto”. “Lo que pasa es que estos datos a veces son superados por la realidad. Lo que ahora no es un conflicto a veces se exacerba y se vuelve un conflicto, o a veces no están los datos claros y surge un conflicto que no se esperaba que dé un giro. Que ya estaba siendo atendido, pero que hay situaciones que pueden hacer variar”, advirtió.

A continuación, un mapa con los 23 casos/yo situaciones por las que la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana para una intervención prioritaria:

https://maphub.net/AlexanderVillarroelZurita/map

Mirada

A opinión de Maritza Paredes, experta en conflictos ambientales y socióloga de la PUCP, lo que existe actualmente a nivel nacional es una “situación de desborde” de conflictos, pues en el contexto que actualmente se vive por la pandemia del COVID-19 estos “crecen más rápido” de lo que el gobierno es capaz de organizarse para resolverlos, y a su vez tiene que hacerlo a la par de las medidas de contingencia para evitar los contagios.

A esto se suma la falta de manejo político, lo que hace aún más difícil poder llegar a “conectar” al Estado en su conjunto con todos los actores sociales. Paredes coincide, además, en que el manejo de los conflictos “no ha sido una prioridad” en la administración de Francisco Sagasti.

“Hay funcionarios que han estado tratando de manejar el asunto a nivel local. Pero tú puedes manejar bien un grupo más o menos acortado y limitado de conflictos con las capacidades que tienes. Pero, cuando tienes muchos más, no importa si has mejorado tu capacidad, simplemente te desborda”, remarcó Paredes en entrevista con El Comercio.

Y la pandemia también juega en contra del manejo de conflictos. Hay varias situaciones en las que no se aceptan las mesas de diálogo virtuales, pese a los casos de COVID-19, y se requiere la presencia de las autoridades y/o el encuentro de varias personas. O, en el otro lado, zonas donde no hay conectividad para llevar adelante sesiones virtuales y se suspenden, frustrando cualquier intento de acercamiento y posible solución. Esto fue destacado también por el comisionado de la Defensoría.

Consultada por ello, la especialista remarcó que la pandemia no solo está dificultando la instalación de mesas de diálogo sino también viene haciendo mucho más lento el factor prevención, pues la información sobre posibles situaciones llegan con retraso.

“Hay un problema de rebase. Y, además, ahora tienes menos recursos porque tienes a mucha gente trabajando desde casa, el tema del distanciamiento social. Y claramente esto no es necesariamente un tipo de instrumento para poder bajar los ánimos. Si algo es importante en la resolución de conflictos es la confianza. Y ello implica mirarse cara a cara, a los ojos, y ver que de alguna manera estamos pudiendo dialogar y ponernos de acuerdo”, expresó en otro momento.

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