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Un grupo de representantes de la Contraloría General de la República se reúne desde ayer con pobladores de la ciudad de Ayabaca, en Piura, para recoger las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el municipio provincial. El grupo de trabajo visitó algunas obras cuestionadas de la gestión municipal de Humberto Marchena, contra quien vienen protestando en esa ciudad de la sierra piurana.
Los jefes de la Oficina de Coordinación Regional Norte, Nelson Guevara, y de la Oficina Regional de Control (ORC) de Piura, José Dioses, escucharon durante siete horas a los representantes de la comunidad. Estos expusieron los casos presuntamente irregulares cometidos por la gestión edil.
La población presentó más de 30 casos donde se habrían cometido actos de corrupción. Entre esos casos destaca el mantenimiento de vías y caminos, sistemas de agua potable, obras inconclusas o no ejecutadas, pagos irregulares, entre otros.
Los representantes de la contraloría también visitaron algunas obras donde se habrían producido irregularidades, como la construcción del reservorio del sistema de agua potable de Ayabaca, que no está funcionamiento; así como la falta de pavimentación de la calle El Calvario y la ausencia de un sistema de semaforización en las vías cercanas a la Plaza de Armas.
Los representantes de la CGR solicitaron a la Fiscalía inmovilizar la documentación del municipio provincial relacionado con la ejecución de obras, abastecimiento y tesorería. Ello con el fin de asegurar la integridad de la documentación, que será examinada por el equipo auditor.
Se informó que la contraloría revisará y evaluará las denuncias y documentos alcanzados por la población para determinar las acciones a seguir y definir el equipo de trabajo que se encargará de las labores de auditoría en el municipio de Ayabaca.
Asimismo, en el área de tesorería del municipio se ha ordenado que un grupo de representantes junto a la policía no permitan el ingreso de ningún funcionario. Se conoció que algunos ambientes del municipio serían cerrados con candados para que los documentos no sean manipulados por ningún funcionario.
