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La Primera Sala Penal de Piura amplió el plazo de prisión preventiva, de 18 a 24 meses, para 7 presuntos integrantes de la organización criminal Los Impostores de la Reconstrucción. Los miembros de esta banda se hacían pasar por funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para estafar a funcionarios con obras ficticias del proceso de reconstrucción.
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Se trata de José del Carmen Santamaría Sandoval, Néstor Hugo Cabrera Ruiz, Javier Eduardo Lozada Romero, Ramiro Rolando Solís Bustamante, Irma Lisseth Ramírez Torres, Humberto Gerardo Zavaleta Pinedo y Miguel Ángel Vásquez Durand.
Ellos son acusados de los delitos de organización criminal, falsedad genérica, falsificación de documentos, estafa, entre otros. Los varones fueron trasladados al penal de Piura y las mujeres al de Sullana. La investigación está a cargo de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Piura.
Otras dos imputadas, Rosario Yangua Pintado y Marcia Erika García Vilela, para quienes el Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura había resuelto 18 meses de prisión preventiva, serán liberadas tras una orden de comparecencia con restricciones. Es decir, ambas llevarán el proceso en libertad, pero bajo reglas de conducta: no ausentarse de la ciudad, comparecer cada 30 días al juzgado dando cuenta de sus actividades, el pago de S/4 mil, entre otras.
El caso de Los Impostores de la Reconstrucción salió a la luz el 31 de diciembre del 2018, cuando fueron detenidas en flagrancia once personas en la Cámara de Comercio y Producción de Piura. Ese día intervinieron personal de la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado (Fecor), representantes de la Secretaría de Integridad Pública (SIP) y efectivos policiales de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC).
La investigación inició en agosto del 2018, luego de que la PNP alertara de que un grupo de personas conformó una falsa oficina estatal con el nombre Programa Crecer Multisectorial (PCM). Los falsos funcionarios “crearon” unidades ejecutoras, publicaron falsos decretos de urgencia, firmaron contratos ficticios y hasta emitieron resoluciones y actas sobre obras del proceso de reconstrucción en las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque.
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