(Foto: Corte de Justicia de Piura )
(Foto: Corte de Justicia de Piura )

Este martes, la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, Diana Zapata Miranda, ordenó nueve meses de prisión preventiva para Juan Luis Farfán Inga, Yohnny Abel Boyascky Paredes y José Santos Chunga Calderón, investigados por el Ministerio Público por el presunto delito de extorsión en agravio de un empresario al que le habrían pedido el pago de S/25 mil por concepto de seguridad o ‘chalequeo’.

En la audiencia de prisión preventiva, la fiscalía argumentó la existencia de tres requisitos para dictar esta medida. Estos son graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con la comisión del delito, un pena probable superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad y peligro procesal y de fuga.

Entre los elementos de convicción sobresalen los documentos que acreditan que los tres investigados fueron detenidos en el asentamiento Nueva Esperanza de Piura, cuando se repartían el dinero producto de la presunta extorsión al representante de la empresa que tiene a cargo los trabajos de reconstrucción en el dique izquierdo del río Piura.

Además, figura la denuncia interpuesta por el agraviado José Flores Castillo, donde se registra que el pasado 19 de julio recibió mensajes donde se le pedía pagar S/25 mil por el “chalequeo” de la obra que viene realizando la constructora a su cargo.

Luego, las autoridades policiales procedieron a realizar un operativo para capturar a los presuntos integrantes de la banda de extorsionadores, fotocopiaron los billetes y una vez realizado el pago por parte del agraviado, en un conocido hotel del centro de la ciudad, la policía detuvo a los implicados.

Respecto a la probable pena a imponer se tiene que en la presente investigación el delito sería el de extorsión agravada, cuya condena superaría los cuatro años de prisión. Además, existe peligro procesal porque no se ha podido acreditar un arraigo de calidad para los tres investigados.

Para el caso de Luis Arturo García Aguilar, la jueza ordenó que este afronte el proceso que se le sigue bajo comparecencia con restricciones, es decir, bajo normas de conducta y el pago de una garantía económica de S/7.400 que deberá depositar en el Banco de la Nación. En caso de su incumplimiento se le revocará dicha medida y se dispondrá su internamiento preventivo en el penal.

Vale precisar que la rehabilitación del dique izquierdo del río Piura, dañado por El Niño costero de 2017, está a cargo del Consorcio Reconstrucción, conformado por las empresas Bussines EIRL, HC&Asociados SRL, Maquinorte SAC y Construcciones Civiles y Topográficos SAC. El costo de esta obra, que ha sido observada por Contraloría, es de S/28 millones.

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