(Foto referencial: archivo)
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Redacción EC

A partir de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1386, que modifica la Ley N° 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar), publicada esta semana por el Ejecutivo, agentes de la Policía Nacional podrán ingresar en los domicilios donde se denuncien actos de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, a fin de retirar al agresor, quien estará prohibido de regresar al lugar.

De esta forma, el Artículo 22 (Objeto y tipos de medidas de protección), establece "el objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas; con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica y sexual, o la de su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales", y precisa en su primer ítem: 

"Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución".

En el citado artículo de la ley también se establece que el agresor no podrá buscar a la víctima en su domicilio, en su centro de trabajo, en el centro de estudios u otros lugares donde ella realice sus actividades cotidianas. También, tendrá prohibido comunicarse con ella vía diferentes formas de comunicación, como la epistolar, telefónica, electrónica, chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o medios.

La norma también contempla la asignación económica de emergencia, que comprende un monto indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes.

Erika Anchante, comisionada de la Adjuntía para los derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, dijo al diario El Peruano que esta disposición podría ser disuasiva para los agresores. "Muchas veces los policías se veían limitados en ese tipo de acciones porque terminaban denunciados por violación de domicilio al no contar con una orden judicial para ingresar en la casa. Pero ahora, al tratarse de situaciones de flagrancia, ya no existirá esa restricción. Además, procederá el arresto ciudadano del agresor para ponerlo a disposición de las autoridades".

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