Los proyectos mineros por US$10.300 millones de la última década que están paralizados

Las protestas de este año contra el proyecto Tía María (Arequipa) y la mina Las Bambas (Apurímac) marcaron un escenario incierto para las inversiones mineras en el país.

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El monto inicial de inversiones previsto por las empresas para el 2019 bordeaba los US$6.000 millones. Sin embargo, en las últimas semanas fue ajustado y se redujo a US$5.000 millones, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). La institución no descarta futuros recortes de sus estimados [ver entrevista].

La actual cartera de inversión minera calculada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) está compuesta por 48 proyectos valorizados en US$59.000 millones. No obstante, al menos diez de estos enfrentan algún grado de conflictividad social, por lo que figuran en el último reporte de la Defensoría del Pueblo.

Para Carlos Gálvez, presidente de Perumin 2019 –encuentro que se realizará del 16 al 20 de setiembre en Arequipa–, los problemas de la inversión minera han estado relacionados con la presión social, la tramitología del sector y temas ambientales, antes que a factores externos.

“El precio [internacional] de los metales no tiene mayor efecto. Industrias de largo plazo como la minera muchas veces invierten en ciclos de precios bajos porque obtienen retornos durante las subidas [de precio]”, dice Gálvez. Además, señala que el escenario actual podría agravarse debido a la ausencia de inversiones de gran envergadura, así como por la caída del gasto en exploración.

La conflictividad social no es un factor nuevo en la suspensión de inversiones en este rubro. Desde el 2008, la falta de diálogo entre las empresas mineras y las comunidades ha ocasionado la paralización de proyectos valorizados en US$10.300 millones, según estimaciones en base a datos del Minem. Además de Tía María –cuya licencia de construcción fue otorgada en julio, pero suspendida al mes siguiente debido a las protestas locales–, tampoco han llegado a operar los proyectos Conga, Río Blanco, Cañariaco y Santa Ana.

—Casos emblemáticos—

El principal antecedente lo configura Conga (Cajamarca), proyecto manejado por Yanacocha –consorcio integrado por Newmont y Buenaventura– y valorizado en US$4.800 millones. Hasta la fecha no hay diálogo para su puesta en marcha.

A finales del 2011, fue suspendido debido a las protestas contra un plan que contemplaba el trasvase (reubicación) de cuatro lagunas. Autoridades, representantes de la sociedad civil y comuneros demandaron que se declarase inviable el proyecto. Este llegó hasta la etapa de exploración.

En mayo de ese mismo año, otro conflicto social estalló contra la realización del proyecto Santa Ana, valorizado en US$71 millones y ubicado en Chucuito (Puno). El Frente de Defensa de los Recursos Naturales de Puno, encabezado por el actual gobernador regional Walter Aduviri, protagonizó una serie de protestas conocidas como ‘aimarazo’ (Aduviri hoy está suspendido de sus funciones por este episodio y cumple una condena de seis años de prisión efectiva).

En diciembre del 2018, la empresa Bear Creek renunció a sus concesiones en la mina. A inicios de este año, el Ejecutivo declaró la zona como área de no admisión de petitorios mineros (ANAP) Ajaruni por cinco años.

—En el norte—

En mayo del 2013, fue suspendido el proyecto de cobre Cañariaco, que se encontraba en fase de exploración. Esta es la única iniciativa a gran escala en Lambayeque, donde la actividad minera apenas representa el 0,3% de la actividad económica regional.

Cañariaco –que se encuentra en fase de exploración– enfrentó entonces seis meses de continuas protestas de la comunidad San Juan de Cañaris, que temía una posible contaminación de la zona.

Por otro lado, el proyecto cuprífero Río Blanco, el más importante de Piura y valorizado en US$2.500 millones, también enfrenta desde el 2004 la oposición de los habitantes de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, quienes alegan posibles daños ambientales.

Según el Minem, la firma Río Blanco Copper viene reforzando el aspecto social y ambiental en su área de influencia, y tiene pendiente comunicar el inicio de la elaboración de su estudio de impacto ambiental.

—Tema pendiente—

¿Qué ha aprendido el Estado sobre la gestión de conflictos? Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo y exjefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM, dice que existe una mayor institucionalidad para promover el diálogo en las zonas de conflicto. Sin embargo, aún hay limitaciones como la falta de articulación entre ministerios y niveles de gobierno.

“Cada equipo de trabajo, no solo de gestión de conflictos sino de gestión pública, reporta únicamente a su sector y dificulta el afrontar un conflicto con una estrategia multisectorial. La PCM es la instancia llamada a coordinar y articular, pero no cuenta con las herramientas legales”, explica.

En ese contexto, considera que los gobiernos regionales y locales son actores claves para tender espacios de diálogo entre la sociedad y el gobierno nacional, encargado de impulsar los proyectos.

A diferencia de Gálvez, Luque indica que, además de la conflictividad social, es necesario analizar otras causas que afectan la inversión minera, como los problemas de financiamiento de las empresas o los precios de minerales.

“Del total de casos socioambientales vinculados con la minería, solo el 12% tiene que ver con la oposición al inicio y desarrollo de un proyecto. El resto es por el incumplimiento de contratos suscritos o por una débil fiscalización estatal”, concluye Luque.

-Posición del gremio minero-

Consultado por El Comercio, Pablo De la Flor, director ejecutivo de la SNMPE, resp

¿Cuáles son los principales factores detrás de la conflictividad surgida en los proyectos mineros?

La principal causa es la persistencia de las enormes brechas en el acceso a servicios básicos que debe brindar el Estado. En la última década, la minería ha transferido casi US$40.000 millones a las regiones y municipios, pero los niveles de ejecución han sido bastante bajos. Además, hay una enorme tarea en lo que atañe a la desmitificación de algunas percepciones respecto a la minería. El Estado debe acompañar a las empresas mineras en la socialización de los proyectos.

¿Es este el momento propicio para debatir una nueva Ley General de Minería?
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Se ha propuesto una revisión de la Ley General de Minería en una coyuntura poco propicia, marcada por la desaceleración del crecimiento económico global, la ralentización de la economía local y un incierto escenario de elecciones. El actual marco normativo ha permitido que el Perú logre atraer más de US$60.000 millones en inversiones mineras en los últimos 20 años, y que el sector multiplique su producción por nueve. Si bien la norma vigente es perfectible, debemos tener especial cuidado en no volverla defectuosa.

Su gremio redujo a US$5 mil millones la inversión minera esperada para este año. ¿Realizarán una nueva proyección?

Estamos reajustando a la baja esta proyección. Además de los proyectos que habíamos identificado como suspendidos, hay otras iniciativas que se están recortando. Hoy, los únicos dos grandes proyectos que tenemos en ejecución son Quellaveco y Mina Justa, que comenzaron durante el segundo semestre del 2018. La percepción para el 2020 es menos alentadora: no hay ningún proyecto nuevo en cartera que se pueda activar.

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