Puno: alcalde de Sandia denuncia que fue amenazado por cocaleros para que apoye el paro

El alcalde provincial de Sandia, en Puno, Adán Málaga Carcasi, indicó a El Comercio que fue víctima de amenazas por parte de agricultores cocaleros para que deje sin efecto el convenio firmado por la Municipalidad Provincial de Sandia con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), a fin de que se le asigne un presupuesto de S/2′699.962 para el mejoramiento de 18.80 kilómetros de camino vecinal, el cual buscaba beneficiar a unas 760 familias de los centros poblados de Yanacocha, Isilluma y Río Blanco, en el distrito de Alto Inambari.

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Esta decisión se dio a conocer este lunes, en el primer día de paro de 48 horas acatado por los cocaleros en rechazo a la erradicación de hojas de coca en la zona. En una reunión pública celebrada en la plaza del lugar, se la mayoría de regidores “acordaron” dejar sin efecto el convenio. Málaga señaló que tratará de gestionar ante Devida para que dicho monto presupuestal pueda ser transferido hacia otros fines que beneficien a la población de su provincia.

La autoridad afirmó que debió ceder a la presión de los manifestantes debido a las amenazas de muerte contra él y su familia, que le hicieron llegar a través de diversos medios. “Mediante WhatsApp y Facebook amenazaron con hacerme golpear con chicotes, caminar desnudo, si no apoyaba el paro y sus propuestas. Eso lo voy a entregar a Seguridad del Estado para que investiguen”, refirió la autoridad edil. “Ellos siempre hacen paros (contra las autoridades) por no gestionar, pero ayer hicieron lo contrario", agregó.

La medida de protesta es impulsada por dirigentes de agricultores cocaleros, rondas campesinas y otras organizaciones sociales de la zona. Diversas actividades en Sandia se mantienen paralizadas, como el transporte terrestre interprovincial, comercio local y clases escolares. Ayer, cerca de un millar de vecinos se movilizó por diversas arterias de esa ciudad y luego se reunieron en la plaza principal de Sandia.

Málaga señaló que la plataforma de lucha comprende varios pedidos, como el rechazo total a la erradicación de la hoja de coca, así como el retiro inmediato de Devida y sus programas de cultivos alternativos.

“No todos están de acuerdo con el paro o retiro de Devida, existen otros sectores que piden mantenimiento de caminos vecinales”, manifestó la autoridad. Añadió que existía una total desinformación de los dirigentes cocaleros hacía la población sobre el trabajo que hace Devida en Sandia. “Lo señalan como una ONG, cuando no es así”, dijo.

También indicó que los dirigentes organizadores del paro obligaron a otros directivos para que acataran la medida amenazándolos con aplicarles multas económicas de hasta S/1.000 a cada uno.

Málaga Carcasi responsabilizó de todas esas acciones a personas con intereses políticos y otras involucradas en actividades ilícitas como el narcotráfico. “Son dos grupos que se han confabulado pensado en que saldrían ganadores con el paro”, detalló.

Precisó que se sorprendió al saber que el consejero regional por la provincia de Sandia, Wilfredo Meléndez Toledo, fue uno de los que motivaron el paro y haya estado de acuerdo con dejar sin efecto el convenio del municipio con Devida.

Sobre lo dicho por el alcalde, el consejero de Sandia negó esas afirmaciones, asegurando que solamente participaba como consejero y exdirigente de organizaciones sociales de Sandia en años anteriores.

Un informe confidencial de la Policía Nacional señala que los principales dirigentes involucrados en el paro son el presidente del comité de lucha de la provincia, Héctor Meléndez Ortiz; el presidente de la Federación Provincial de Campesinos de la Provincia de Sandía-Puno, Tiburcio Anco Bustinza; la presidenta de la organización Mujeres Campesinas de la Provincia Sandía-Puno, Justina Aréstegui Sosa; y el consejero regional Wilfredo Meléndez Toledo. Esté ultimo negó toda vinculación.

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