"Sintonías necesarias", por José Carlos Requena

JOSÉ CARLOS REQUENA

Analista político

Tras la ajustada victoria de Pedro Pablo Kuczynski, se ha hablado mucho de cómo gobernará, dada la abrumadora presencia de Fuerza Popular en el Parlamento. Pero lo que se presenta como un reto titánico podría terminar traduciéndose en un simple dato estadístico, si es que Ejecutivo y Parlamento repiten el comportamiento algo enajenado que han tenido en momentos puntuales del lustro que concluye, particularmente notorios en algunos sucesos originados en las regiones.

Tan importante como tener un norte claro es contar con la sensibilidad necesaria para saber leer lo que dice la gente. De otra manera, se corre el riesgo de enfrentar coyunturas muy costosas políticamente. Las marchas y contramarchas y el distanciamiento de los intereses de la opinión pública pasan factura.

Situaciones de este tipo se han dado varias veces durante el gobierno de Ollanta Humala. Por ejemplo, a finales de agosto del 2015, el Ejecutivo debía renovar el contrato de explotación del lote 192, ubicado en Loreto. Al borde de la finalización del plazo, se otorgó el contrato a una compañía privada. En Iquitos se organizaron grandes protestas en procura de que sea Petro-Perú la que explote dicho lote. El Congreso aprobó una ley en tal sentido; observada por el Ejecutivo, fue aprobada por insistencia con votos del oficialismo y el fujimorismo el 22 de octubre y publicada como ley el 6 de noviembre.

En octubre del 2015, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1198, que procuraba promover la inversión privada en la conservación y recuperación del patrimonio cultural. Aunque la medida fue apoyada por la mayoría de especialistas, enfrentó serias resistencias sobre todo en Cusco. El 22 de octubre, y con votos de las bancadas simpatizantes de la actividad privada, el Congreso aprobó su derogación por amplia mayoría. Observada por el Ejecutivo, la norma fue aprobada por insistencia en noviembre y publicada como ley el 22 de diciembre.

Más conocida en Lima, la llamada ‘ley pulpín’ fue propuesta por el Ejecutivo en diciembre del 2014, y aprobada en dos votaciones. Tras enfrentar masivas protestas, la ley se derogó el 26 de enero del 2015. Entre la aprobación y la derogación, el voto fujimorista varió radicalmente: 24 congresistas de Fuerza Popular la aprobaron, 30 la derogaron.

Por otro lado, el Congreso que inicia funciones en julio próximo tendrá una representación que no corresponde a varios sectores del electorado. En Cajamarca, por ejemplo, Democracia Directa no tiene representante parlamentario alguno, a pesar de haber sido el partido más votado (209 mil de 780 mil votos emitidos a nivel congresal). Además, candidaturas con alta votación preferencial no alcanzaron curul, como las de Nidia Vílchez (postuló con el Apra y quedó primera en Junín) o Eduardo Carhuaricra (quedó segundo en Pasco, postulando con Alianza para el Progreso en Pasco).