La Universidad Privada Telesup informó que el juez Alberto Cohen Vela, del Segundo Juzgado Civil de Bagua, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, otorgó este miércoles una medida cautelar que suspende los efectos de las dos resoluciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que le denegó el licenciamiento institucional a la casa de estudios.
El pasado 12 de septiembre de este año, el citado juzgado admitió a trámite la demanda de garantía constitucional de amparo interpuesta por Jhonatan Jesús Hernández Martinez, un estudiante de noveno ciclo de la Universidad Privada Telesup. Asimismo, a través de un escrito del 18 de setiembre, esta casa de estudios solicitó que se admita su intervención litisconsorcial, a la vez que pidió que se le concediera una medida cautelar dentro del proceso.
Pero, ¿quién es el juez de Bagua que ordenó a la Sunedu suspender el cierre de la universidad?
Alberto Cohen Vela fue designado por el Poder Judicial, en el 2015, como juez de paz letrado supernumerario del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Bagua Grande. Sin embargo, su designación concluyó en el 2016. En tanto, en el 2018, fue designado como juez especializado civil supernumerario del Segundo Juzgado Civil de Bagua.
De acuerdo a un documento del 2017, el Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investigó al juez Cohen Vela y a los funcionarios Nanci Zamora Santillán (exalcaldesa distrital de Pólvora, San Martín), Roddy Vela Rodríguez y Meylin Valverde Aguilar de haber integrado una presunta organización criminal, la cual habría sido dirigida por un clan familiar conformado por Rafael Siguas Donaire y los hermanos Luis y Gerardo León Siguas.
Según la fiscalía, este clan operaba bajo la modalidad de cobranzas coactivas fraudulentas contra entidades privadas y públicas “como terceros retenedores y/o responsables solidarios”. Se indica que dicha organización sería responsable de la generación de 50 procedimientos de cobranza fraudulentos a nombre de 50 municipalidades de centros poblados a nivel nacional. Algunos de sus miembros facilitaron que dichas cobranzas ingresaran al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) mediante cheques de gerencia en favor de estos centros poblados.
Tanto a Cohen Vela como a Vela Rodríguez se les imputó haber fungido de captadores de otros miembros de la organización criminal, de haber hecho firmar hojas en blanco a varios de sus coimputados y haberles dado un uso distinto.
-¿Qué resolvió el Juzgado?-
El Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria dispuso para los cuatro imputados lo siguiente:
► Declarar fundado el requerimiento de comparecencia.
► Presentarse a la autoridad judicial cada 30 días para dar cuenta de sus actividades.
► La obligación de no ausentarse de la localidad de donde reside, sin previa autorización.
Asimismo, un escrito de la Sala Penal de Apelaciones Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios señala que Cohen Vela presentó un recurso para no pagar una caución económica que formaba parte de una serie de reglas de conducta impuestas como consecuencia de la comparecencia restringida que se le impuso a él y a los otros tres funcionarios como parte de la investigación por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita para delinquir y otros en agravio del Estado.
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