Sunedu deniega el licenciamiento institucional a la Universidad Privada de Ica

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), mediante resolución de su Consejo Directivo, denegó la licencia institucional solicitada por la Universidad Privada de Ica (UPICA).

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Como consecuencia de esta decisión, la universidad queda inmediatamente impedida de captar nuevos alumnos mediante cualquier mecanismo y debe iniciar un proceso de cese de actividades, con un plazo máximo de dos años.

-Sobre la universidad-

La UPICA es una universidad privada de naturaleza societaria. Fue fundada con el nombre “Universidad Privada Abraham Valdelomar” y recibió su autorización de funcionamiento en 1997 mediante resolución del CONAFU. A partir de 2009, adoptó el nombre “Universidad Privada de Ica”.

A la fecha, cuenta con 487 alumnas y alumnos que atienden tres programas de pregrado: obstetricia (244 estudiantes), derecho (165) y contabilidad (78).

La UPICA presentó su solicitud de licenciamiento institucional ante la Sunedu en febrero de 2016. Durante su proceso de evaluación, la Superintendencia realizó dos diligencias de actuación probatoria y dos visitas de verificación presencial, a fin de recoger evidencias del cumplimiento de las CBC.

También se le exigió a la universidad la presentación de un plan de adecuación (PDA). Sobre la base de toda la información recogida, el Consejo Directivo de la Sunedu consideró que la universidad no cumple con ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad que le son aplicables.

Entre las deficiencias encontradas en la universidad por la Sunedu se encuentran:

► La UPICA no cuenta con un proyecto institucional articulado. Así, se identificaron problemas en el diseño de la planificación institucional en los tres últimos años, lo cual repercute en el logro de los objetivos estratégicos institucionales y no garantiza el desarrollo de un proceso de mejora continua.

► No ha logrado ejecutar su propia planificación asociada al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento, y evidencia deficiencias en su ejecución presupuestal.

► No hay evidencias de que la universidad haya priorizado la asignación de recursos para el mejoramiento de su servicio educativo. Más bien, la universidad diversificó el uso de sus recursos financieros y los destinó a diversas actividades externas y de inversión no relacionadas con fines universitarios. La Sunedu considera que gestión actual de la universidad no garantiza el direccionamiento adecuado de fondos para el mantenimiento y mejora de las CBC en el mediano y largo plazo.

► Los docentes declarados como investigadores no cumplen con los requisitos establecidos en su normativa y no se ha acreditado su actividad. Al semestre 2019-I, la universidad no contaba con docentes investigadores.

► Según los sílabos presentados por la misma universidad existen cursos que requieren de prácticas en hospitales, pero la universidad no demostró poseer convenios para su desarrollo.

► La universidad no reguló debidamente los procesos de selección y evaluación docente, ya que los diferentes documentos entregados presentaron contradicciones e inconsistencias entre ellos. Tampoco cuenta con una adecuada estrategia para fortalecer las competencias docentes y no ejecuta todas las actividades que considera necesarias para la capacitación de sus profesores.

► La UPICA otorgó beneficios estudiantiles (becas) que no cumplen con los criterios establecidos en su propia normativa. Asimismo, presentó inconsistencias internas en Reglamento de Pensiones, Becas, Escalas y Apoyos Económicos para estudiantes.

► La universidad no tiene mecanismos ni acciones orientadas a la mejora de la inserción laboral de sus egresados. No cuenta con un diagnóstico sobre su situación actual, ni con mecanismos para facilitar la realización de prácticas profesionales.

En abril del 2018, la Sunedu impuso a la UPICA una multa de 11,11 Unidades Impositivas Tributarias por prestar servicios de dos programas profesionales (Enfermería y Psicología) sin contar con la autorización correspondiente. La sanción asciende a un valor total de S/ 46'106,50. Hasta la fecha, la universidad mantiene un saldo por pagar de esta multa.

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