Investigación previa del Congreso sobre la Sunedu nunca fue debatida en más de un año

La Comisión de Educación del Congreso –presidida por Tamar Arimborgo (Fuerza Popular)– aprobó el lunes 2 de setiembre solicitar facultades al pleno para investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por presuntas irregularidades.

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La decisión, que quedó refrendada en una moción de orden del día, ha sido cuestionada por diferentes actores de la comunidad educativa, quienes consideran que está motivada por intereses particulares, debido a los vínculos que tendrían algunos miembros de la comisión con universidades que aún no han sido licenciadas.

Además, se ha criticado que no es la primera vez que el Congreso busca investigar a la Sunedu.

–El informe preliminar–

El 5 de marzo del 2018, la comisión –presidida en ese momento por Paloma Noceda (hoy en Acción Popular, pero entonces en Fuerza Popular)– aprobó lo mismo que hoy busca la gestión Arimborgo: pedir facultades para investigar a la superintendencia. En esa ocasión, la aprobación fue por unanimidad (a diferencia del lunes 2, cuando hubo 8 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones).

El motivo –explicó Noceda– era que entonces la Sunedu “solo había podido licenciar a 14 universidades de las 145 existentes en el país, lo cual evidenciaba un desempeño ineficiente y contrario al enfoque por resultados” de la exsuperintendenta Lorena Masías. Además, según la congresista, la siguiente titular de la entidad, Flor Luna Victoria, había denunciado que tenía pruebas sobre varias irregularidades internas.

El pedido se formalizó a través de la moción N°5280, que fue aprobada por el pleno del Congreso el 17 de mayo del 2018. La comisión tuvo así luz verde para investigar por un plazo de 60 días hábiles, es decir, hasta el 13 de agosto del 2018. Sin embargo, esa fecha sobrepasaba el término de la gestión de Noceda, por lo que su sucesora en el cargo –Milagros Salazar (Fuerza Popular)– debía culminar las indagaciones y ponerlas a debate.

Noceda explicó a El Comercio que muy pocos miembros de la comisión se involucraron en la investigación, razón por la cual “prácticamente yo trabajaba sola en sesiones maratónicas de nueve horas” a fin de concluir un informe preliminar.

El documento titulado “Avance del informe de investigación sobre los presuntos actos irregulares en la Sunedu” –al cual accedió este Diario– fue entregado el 24 de julio del 2018, e incluyó 30 conclusiones y recomendaciones; por ejemplo, que se solicite al pleno la ampliación del plazo inicial para culminar la investigaciones.

–Sin debate–

Salazar nunca puso a debate el documento, pese a que –según Noceda– le fue solicitado insistentemente; tanto en la sesión de instalación de la Comisión de Educación en agosto del 2018, como a través de un oficio para formalizar el pedido.

Consultada al respecto, Salazar dijo: “No recuerdo por qué [el debate] no fue prioritario”. Aunque agregó que meses después, cuando los miembros de la comisión pidieron que se concluyera la investigación, tramitó hasta en tres oportunidades ante la Mesa Directiva del Congreso la solicitud para que se ampliara el plazo inicial concedido a Noceda.

“Pero el señor Daniel Salaverry [entonces presidente del Congreso] simplemente no le daba trámite. Se pidieron 60 días, nunca nos los dieron. Lo solicité a título personal como presidenta de la comisión, luego con firmas de todos los congresistas miembros, y nada. No fue responsabilidad de la comisión [que no se debatiera], sino que él estaba jugando para el Ejecutivo”, dijo Salazar.

A través de su despacho, Salaverry indicó a El Comercio que la solicitud tenía que verla el Consejo Directivo del Congreso, pero Fuerza Popular nunca acreditó a los 10 miembros que lo conformarían y no hubo quórum. Por ello, dijo, no se logró tramitar la ampliación.

–La “filtración”–

En mayo de este año, la Sunedu denegó el licenciamiento institucional a la Universidad Privada Telesup, fundada por el excongresista José Luna Gálvez, debido a que no cumplió con ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Tras esta decisión, en julio pasado, la casa de estudios –a través de su gerente general José Luis Luna, hijo de Luna Gálvez– denunció al titular de la superintendencia, Martín Benavides, por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio.

Lo llamativo de la denuncia es que se sustentó, en buena parte, del informe preliminar elaborado por la gestión de Noceda en la Comisión de Educación, pese a que –según explicó la congresista– “era un documento reservado” al no haber sido debatido ni aprobado por el grupo de trabajo.

“Yo se lo entregué a la congresista Salazar. No lo tuvo nadie más, solo personal de confianza muy limitado. Lo extraño es que ella no decidió agendarlo, pero ahora me enteré de que lo repartió a los miembros de la comisión en abril último; ocho meses después”, dijo Noceda a El Comercio.

En efecto, durante la sesión del 15 de abril de este año, Salazar distribuyó el documento para fines informativos a los miembros de la Comisión de Educación. Al respecto, ella señaló que lo hizo porque estos congresistas “tenían derecho a tenerlo para su revisión”. “En ningún momento hubo la filtración que Noceda refiere”, agregó.

Uno de los miembros del grupo de trabajo congresal es el parlamentario Percy Alcalá (Fuerza Popular), quien –tal como reveló el programa periodístico “Cuarto Poder”– apenas 11 días después de la distribución del informe preliminar (el 26 de abril del 2019) recibió en su despacho al rector de la Universidad Privada Telesup, Luis Alberto Colán. Este Diario buscó al congresista Alcalá para obtener su versión sobre si él entregó el documento al representante de Telesup, pero no hubo respuesta.

Sobre el tema, Salazar precisó: “No sé cómo llegó [el documento a Telesup]. No conozco al señor Luna Gálvez ni a su hijo; tampoco me interesa qué es lo que están haciendo”.

–Hacia el pleno–

La nueva investigación contra la Sunedu –impulsada por la comisión presidida por Arimborgo y propuesta por el congresista Juan Carlos Gonzáles (Fuerza Popular)– debe ser aprobada ahora por el pleno del Congreso.

Se formalizó el pasado 2 de setiembre a través de la moción N°10276, y se sustentó en tres presuntas irregularidades: la inadecuada política de gestión de recursos humanos, que “ha conllevado a contar con personal que no cumple con la idoneidad, el perfil y la experiencia profesional”; las contrataciones direccionadas que “privilegian a determinadas personas”; y un inadecuado proceso de licenciamiento al no estar “comprendido y sistematizado en el texto único de procedimientos administrativos (TUPA)”.

La Sunedu explicó a El Comercio que, en relación con las contrataciones, uno de los objetivos ha sido “consolidar una carrera meritocrática acorde a la normativa de Servir y del sector Economía”, por lo cual se ha formulado una nueva escala salarial con requisitos mínimos y se ha realizado el levantamiento de perfiles, entre otras medidas.

Respecto al TUPA, la entidad precisó que los procedimientos incluidos allí son los considerados “de parte” (iniciados o no por el administrado); y el licenciamiento no lo es porque “se trata de un proceso obligatorio por el que deben pasar todas las universidades que ya contaban con autorización previa”.

Noceda señaló que las circunstancias en las que se investigó a la Sunedu en el 2018 “son totalmente diferentes a las actuales porque la entidad ha sabido enmendar su rumbo”, y calificó de inoportuna una nueva investigación. Agregó que “lo lógico” habría sido que se ponga a debate el informe que dejó; aunque aseguró que Arimborgo le dijo que se utilizaría como insumo.

Este Diario buscó a Arimborgo para que responda si existen otros indicios de irregularidades en la superintendencia que ameriten esta nueva investigación, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, desde la Comisión de Educación indicaron a El Comercio que la congresista contestará todas las interrogantes en la sesión del próximo lunes 16.

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