“Tía María como Conga necesitan reconstruirse desde la base”

Cuando renunció a la oficina de diálogo de la PCM, en diciembre del 2014, la resolución que oficializó su salida no tuvo la protocolar frase con la que el gobierno agradece a sus funcionarios por sus servicios prestados a la nación. Ese detalle incrementó el rumor sobre desencuentros entre el que era jefe de la oficina que dirige las políticas de prevención de conflictos y la entonces primera ministra Ana Jara. Tras seis meses de silencio, Vladimiro Huaroc dice que hubo intereses políticos que bloquearon su trabajo en Tía María y en Conga, y lanza críticas a las nuevas estrategias para enfrentar la conflictividad social. 

— Se especuló mucho sobre los motivos de su renuncia a la PCM. Se dijo que tomó la decisión por sus desacuerdos con Ana Jara. ¿Qué sucedió? 
Me retiré después de dos años y medio convencido de que ya no había posibilidades de implementar más estrategias de diálogo y prevención para la conflictividad social; convencido de que en la gestión de Ana Jara había indiferencia para tratar estos temas, una pérdida de perspectiva en relación con lo delicado y complejo que puede ser un conflicto social. 

— Lo que afirma es grave, sobre todo si recordamos que días antes de su renuncia murió una persona en Cusco por el conflicto de La Convención. ¿Dice que el mal manejo del conflicto fue culpa de Jara? 
Fue culpa de la falta de lectura política en relación con los conflictos sociales. Es importante la prevención en la etapa de desarrollo del conflicto, y esa era nuestra tarea: conversar y canalizar sus demandas, pero las soluciones no dependían de nosotros sino de otros sectores y de decisiones políticas que asumía el primer ministro. 

— ¿Tuvo oportunidad de conversarlo con ella en persona?
Pese a que el diálogo entre la ONDS  y el primer ministro es fundamental, y debería ser diario y permanente, durante los cinco meses que estuve a cargo en su gestión no tuve oportunidad de explicarle a profundidad nuestro modelo de trabajo.  

— ¿No quiso recibirlo?
Quizá no tuvo tiempo o probablemente tenía otras prioridades. Esto me desanimó muchísimo, me hizo pensar que no había condiciones ni el respaldo suficiente, y preferí retirarme. Lamentablemente, poco tiempo después empezó a desintegrarse la oficina. 

— ¿La oficina de diálogo se creó con el mandato principal de destrabar las inversiones?

El Estado no puede ser solo promotor de inversiones, tiene que ser fundamentalmente un defensor de derechos de sus ciudadanos. Eso manda la Constitución. En años pasados, el Estado solo hizo promoción de inversión y se olvidó de que la población demanda un ambiente sano y un buen trato, y cómo se involucra en el desarrollo. No es posible concebir grandes proyectos de inversión rodeados de pobreza.

— ¿Por qué la ONDS no intervino en Tía María como sí lo hizo en otros proyectos y dejó que el proceso de diálogo lo lidere el Ministerio de Energía y Minas?

Es una pregunta pertinente porque demuestra lo delicado del tema. La ONDS bajo mi responsabilidad nunca pudo intervenir en Tía María, ni en el proyecto Conga. Ambos fueron asumidos directamente por el Minem, a través del viceministro Guillermo Shinno y su oficina de Gestión Social. Las razones habría que preguntárselas a los ministros. Por ley nosotros teníamos que estar ahí.

— ¿Cuestiones políticas?

Sí, por su puesto.

— ¿Por eso falló el diálogo en Tía María?
Se obviaron pasos importantes en la reconstrucción de la confianza en Tía María, después de la crisis del 2009.

— ¿Qué hacer ahora?
Tía María como Conga necesitan reconstruirse desde la base. No existe confianza, y no solo en la población del entorno sino en sectores mucho más amplios. Hay un malestar muy grande en Arequipa con Southern Perú, una empresa que tiene más de 40 años en la zona. ¿Cómo es posible que en ese tiempo no haya construido buenas relaciones?

— El gobierno atribuyó que la crisis fue provocada principalmente por la falta de información que dio Southern. ¿Cuál cree que es la responsabilidad del gobierno?

Hay algunas empresas con una mirada mucho más moderna, más responsable, y una lectura distinta. Pero se trata de iniciativas de ellas, no de decisiones del Estado, pero es el Estado el que debe asumir esto y orientar las nuevas políticas. Todo esto se debió hacer en Tía María. 

— ¿Se puede retomar el diálogo?
Desde el inicio de la crisis, hace tres meses, todas las decisiones del gobierno han sido error tras error. No ha acertado ninguna y las consecuencias las tenemos ahora. Está paralizada la violencia pero también el diálogo y no creo que haya diálogo en esas condiciones.

— El argumento que se repite mucho es que la población protesta contra los proyectos porque está frontalmente contra la inversión...
En estos dos años y medio en la ONDS, me he reunido con cientos de grupos humanos de comunidades andinas, amazónicas y de la costa, y puedo afirmar que la población no está contra las inversiones. La gente está en contra de un Estado que no se pone de su lado y no hace que se respeten sus derechos. La gente tiene ganas de creer en el Estado, pero no puede.

— ¿Qué compromisos se asumieron durante su gestión que no han sido cumplidos hasta el momento y que podrían devenir en futuros conflictos?
En La Convención [Cusco] hay compromisos que hasta ahora no se vienen cumpliendo. Esa es una de las problemáticas sociales más delicadas. Allí se han firmado varias actas y se han creado subgrupos de trabajo que no cumplen con la expectativa de la gente. Y es un gran peligro no hacerlo, porque las situaciones van madurando.

— ¿Y cuáles otras merecerían un seguimiento especial?

Apurímac es una región que merece una atención permanente y muy delicada. Tenemos allí enormes proyectos como Las Bambas y Haquira. En general, se tiene que estar muy presente en el sur del país, una región sensible con un gran resentimiento, porque siente que no se la ha entendido.