En 16 años, (2000-2016), Serfor ha confiscado 66.937 animales, entre aves, mamíferos, reptiles y anfibios correspondiente a 342 especies. (Foto: Imagen referencial/ EFE)
En 16 años, (2000-2016), Serfor ha confiscado 66.937 animales, entre aves, mamíferos, reptiles y anfibios correspondiente a 342 especies. (Foto: Imagen referencial/ EFE)
Yasmin Rosas

Nueve de cada diez monos cautivos para el, mueren durante la captura o la comercialización. Así como a estos, los cazadores furtivos también condenan a otros cientos de miles de animales a vivir fuera de sus hábitats para venderlos como mascotas en mercados de Lima, Estados Unidos, Canadá y países de Europa, Asia y América Latina.

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De acuerdo con el Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre (Serfor), las especies de aves son las más requeridas, seguidas por los mamíferos y reptiles. Todos estos ejemplares son trasladados a centros de acopio ubicados en puntos estratégicos de regiones como Loreto, Ucayali o Madre de Dios, y luego son distribuidos a los puntos de venta en provincias y en el extranjero.

En 16 años, (2000-2016), Serfor ha confiscado 66.937 animales, entre aves, mamíferos, reptiles y anfibios correspondiente a 342 especies. Mientras que la Policía Nacional (2014-2018), registró más de 2 mil delitos asociados a la depredación de especies de flora, 1.536 a la depredación de especies de fauna y 55 a la extracción de especies de acuáticas.

A pesar de estas impactantes cifras, el tráfico de especies, considerado uno de los delitos de mayor impacto en la Amazonía es casi invisible. “Cuando las personas piensan en problemas ambientales, lo asocian a residuos sólidos o de contaminación. Este delito no se percibe como algo ilegal porque durante años ha sido normalizado y la gente lo relaciona al consumo doméstico de especies. Hay una percepción de que no es algo necesariamente grave o que nos afecte directamente y aún no se toman en cuenta los impactos colaterales sobre la salud de las personas y la relación que se tienen con los ecosistemas”, señala a El Comercio Patrick Wieland, especialista en temas ambientales y ex presidente del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

USAID identificó que el público de Lima, Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado, algunos de los focos en donde se concentra esta problemática, maneja muy poca información sobre esta actividad. (Foto: USAID)
USAID identificó que el público de Lima, Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado, algunos de los focos en donde se concentra esta problemática, maneja muy poca información sobre esta actividad. (Foto: USAID)

Impacto a gran escala

De acuerdo con el documento Tráfico ilícito de especies: crimen organizado contra la vida silvestre elaborado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el tráfico ilegal de vida silvestre es una de las actividades ilícitas más lucrativas de mundo y se ubica por debajo de delitos como la comercialización de drogas, falsificación de dinero y tráfico de personas.

En esa línea, Wieland señala que en el caso peruano “las especies tienen una alta demanda y un gran valor”. Se estima que solo en Loreto, los cazadores furtivos, que se dedican al oficio esporádicamente, pueden ganar hasta S/1.200 al mes. Mientras que los que comercializan a los animales generan entre S/1.200 a S/1.500. “Es una actividad lucrativa con incentivos a la ilegalidad muy fuertes. A eso se le suma la poca fiscalización del Estado, la poca capacidad de perseguir el delito y, finalmente, las grandes barreras burocráticas”, acota el especialista.

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La investigación también ha revelado las rutas por las que se transportan a estos animales, las condiciones insalubres en las que se almacenan y se venden en mercados de la capital o de provincias. En Lima, estas especies se encuentran en centros de abastos de Cercado, San Juan de Miraflores o Puente Piedra. Mientras que Iquitos y Yurimaguas son los principales lugares de acopio desde donde se traslada a la fauna silvestre a diversos puntos de Brasil y Colombia. Otras zonas del centro como Tingo María o La Merced son usadas como rutas hacia el sur del país y Bolivia.

Además del daño a la fauna, estas organizaciones causan un perjuicio irreparable a los ecosistemas ya que para la caza muchas veces se derriban árboles, los cuales sirven para la cría, refugio y alimento de las especies. USAID también advierte que estas malas prácticas pueden provocar impactos colaterales sobre otros animales que no son de la preferencia de los cazadores furtivos y que se puede poner en riesgo los hábitat de las especies, que en algunos casos son abandonadas en espacios naturales que no les corresponden.

El tráfico y el COVID-19

Este delito también está asociado a la dispersión de enfermedades nocivas tanto para animales como para todos los involucrados en la cadena de comercialización y distribución. “Las condiciones clandestinas e insalubres para el almacenamiento temporal, así como los medios de transporte con los que se trafican a estas especies (barcos, aviones, automóviles, etc.) suelen convertirse en vehículos de enfermedades zoonóticas (que se pueden transmitir entre animales y seres humanos)”, señala USAID.

Y como antecedente a esta alarma se tiene al COVID-19 que ha puesto en jaque al mundo desde su aparición en Wuhan, China, a finales del 2019. A mediados de febrero la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó la transmisión del virus fue desde un animal que hasta el momento no se ha podido identificar.

La COVID-19 refleja la fragilidad entre las relaciones del hombre con la naturaleza. El secretario general de las Naciones Unidas decía que es necesario que el hombre se reconcilie con la naturaleza y eso exige un nuevo equilibrio. Creo que esta es una oportunidad, a costa del dolor y las muertes que se han provocado (por la enfermedad), para visibilizar lo destructivos que hemos sido. Hay más de 750 mil tipos de virus que podrían pasar de animales a humanos”, indica Wieland.

Recomendaciones

Usaid sugiere incluir este delito entre los de crimen organizado, de tal manera que las autoridades, desde la policía hasta los jueces y fiscales, puedan contar con más y mejores herramientas para hacerle seguimiento a esta actividad ilegal. De acuerdo con Wieland, se podrían tomar acciones como levantar secretos bancarios o reservas tributarias e interceptar comunicaciones con la finalidad de tener una respuesta más efectiva ante estos casos.

Además, se sugiere realizar campañas informativas e involucrar a la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra el tráfico ilegal de especies. “Hay que sumar esfuerzos en grandes campañas de sensibilización, información y visibilización para que las personas sepan la magnitud del problema. Estos delitos requieren respuestas multisectoriales porque son complejos y multicausales. No se puede tener una mirada fragmentada, también es momento de fortalecer las instituciones del Estado para que intervengan”, explica Wieland.

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