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La Contraloría General de la República confirmó la inhabilitación de nueve funcionarios de la Universidad Nacional de Tumbes (UNTumbes) que fueron sancionados a fines del 2018 por cometer infracciones en la adquisición de un terreno que estaría sobrevalorado.
Según la resolución 80-2019, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas declaró infundados los recursos de apelación que presentaron los nueve funcionarios que fueron suspendidos temporalmente e inhabilitados para el ejercicio de la función pública.
El documento señala que con esta resolución se agota el caso en la vía administrativa. La investigación de la Contraloría reveló que hubo un perjuicio económico de S/ 1’217,895 en la compra del terreno en el año 2015. El proceso se hizo a través de un comité especial que convocó a una licitación pública.
Los funcionarios inhabilitados por cinco años son: Claudio Olaya, jefe de Administración y miembro del Comité Especial; Dante Saavedra, jefe de Abastecimiento y miembro del Comité Especial; Víctor Risco, jefe de Contabilidad; Luis Martín Mena, jefe de Tesorería; Wilmer Rosillo, jefe de Programación y Adquisiciones.
Ellos cometieron infracciones muy graves, al incumplir sus funciones y trasgredir la Ley de Contrataciones del Estado durante el proceso de compra del terreno.
También fueron sancionados con el mismo plazo de inhabilitación Cosden Oballe, jefe de Programación y Presupuesto; Diego La Rosa, jefe de Infraestructura y Mantenimiento y presidente del Comité Especial, y Dante Rodríguez, vicerrector administrativo.
Además, fue inhabilitado por tres años el entonces rector, José Cruz Martínez, a quien la Contraloría le atribuye “conducta infractora” por haber destinado los recursos asignados para el mejoramiento de dos facultades (Pesquería y Agroindustrias) y otros ambientes a la compra del referido terreno. Cruz fue candidato al gobierno regional en el 2018.
Este trámite de modificación presupuestaria, de acuerdo con la resolución, se realizó “sin haberse sustentado ni justificado”, con lo cual incumplió su deber de administrar de forma cautelosa los recursos públicos en la UNTumbes.
Los funcionarios implicados, algunos de los cuales siguen trabajando en la universidad, evitaron pronunciarse. En tanto, el actual rector, Carlos Cánepa, ya fue notificado por la Oficina de Control Institucional (OCI) para que tome las acciones pertinentes.
El terreno adquirido se ubica frente al Hospital Regional JAMO II-1, y supuestamente iba destinado al “mejoramiento y ampliación del servicio educativo del centro de Informática, Telecomunicaciones y Centro de Idiomas”.
El predio tiene un área de 942.10 m2 y su compra fue aprobada por S/ 2’440,039 cuando, según un informe técnico del Ministerio de Vivienda, estaba tasado en S/ 1’222,143.
