El 2014 fue un año crítico para los gobiernos regionales del país. Luego de la caída del ex presidente regional de Áncash César Álvarez Aguilar, Gerardo Viñas Dioses se convirtió en el segundo mandatario regional con una orden de prisión preventiva por delitos de corrupción. La diferencia entre uno y otro es que mientras Álvarez está en la cárcel (cumpliendo un mandato de prisión preventiva de 36 meses), el ex titular de Tumbes sigue en la clandestinidad desde el 4 de junio del año pasado.
Luego de que se dictara el mandato de prisión contra Viñas, el entonces jefe de la región policial de Piura y Tumbes, general PNP Gustavo Menahem, afirmó que un grupo especial de inteligencia buscaba al prófugo Gerardo Viñas. Ni la orden de captura internacional fue suficiente para atrapar a la escurridiza autoridad.
Según el nuevo jefe de la región policial de Tumbes, general PNP Miguel Ángel Núñez Polar, un equipo de policías sigue trabajando en la búsqueda del ex presidente regional y los funcionarios de su entorno que también deben responder a la justicia.
El mando policial señala que eso permitió –en enero último– que agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional y un grupo de policías ecuatorianos capturen en Ecuador al ex director regional de Agricultura de Tumbes José Espinoza López, conocido hombre de confianza del prófugo ex presidente regional. Sin embargo, esa fue la única captura de la red de Viñas durante este año.
Hace unas semanas la Sala Penal de Apelaciones de Tumbes confirmó la orden de prisión preventiva de nueve meses para el prófugo Gerardo Viñas Dioses y siete de sus ex funcionarios, que son investigados por el presunto delito de colusión, por el caso conocido como El Chamaco, empresa que le compró pasajes a Viñas y luego ganó una licitación. Pasaron casi dos años de investigación fiscal para que el sonado caso pasara recientemente a la etapa de juicio oral.
Pero Viñas y los ex funcionarios de su entorno afrontan varios procesos. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes, implementada en enero de este año, investiga cerca de 40 casos que involucran a la ex autoridad de Tumbes, quien manejó un presupuesto promedio de S/.400 millones al año.
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