Desde junio del 2019, los venezolanos que quieran ingresar regularmente al Perú solo pueden lograrlo de una forma: con una visa humanitaria en el pasaporte. Una medida que emprendió el gobierno del presidente Martín Vizcarra para regular el flujo migratorio desde el norte, y que ya tendría un primer impacto.
Según la séptima edición del estudio “Monitoreo de flujos de la población venezolana en el Perú”, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 63% de los migrantes de Venezuela que llegaron a Tumbes manifestó que las autoridades peruanas le denegaron la entrada porque no cumplían con los requisitos exigidos.
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El estudio –basado en encuestas realizadas por la OIM en el puesto fronterizo con Ecuador, entre los meses de setiembre y diciembre último– también mostró que el 53% de los no admitidos intentó ingresar con cédula de identidad.
Jorge Baca Vaughan, jefe de misión de la OIM en el Perú, explicó a El Comercio que estas cifras evidencian que más de la mitad de la población venezolana, cuyo ingreso fue negado, “no tienen los medios para obtener los documentos requeridos". En este caso, el pasaporte, que es indispensable para acceder al trámite de la visa humanitaria.
“Esto se ha vuelto usual porque para adquirir un pasaporte en Venezuela tiene cargos impositivos que pueden ser significativos. Hay que recordar que las personas más adineradas migraron en los primeros flujos, y a medida que ha pasado el tiempo han ido saliendo las personas con menos recursos, que no tienen la capacidad para documentarse de manera apropiada”, agregó.
—Tendencias en migración—
Las tendencias en el perfil de los venezolanos que llegan al Perú se mantienen: la mayoría son jóvenes en plena edad productiva (entre 18 y 34 años), aunque con una mayor presencia de mujeres (55%). En cuanto al nivel de estudios alcanzados, el 56% dijo haber terminado la secundaria, y un 37% que contaba con educación técnica o universitaria.
Baca Vaughan precisó que esta migración sigue siendo “altamente calificada”, por lo que se debería desconcentrar la cantidad de venezolanos en Lima (el destino final para el 66% de encuestados) hacia otras provincias y regiones del país donde se requieren profesionales.
Esa propuesta ya había sido asumida y presentada al Gobierno Peruano por la ONG Unión Venezolana en Perú, que incluso empadronó a más de 30 mil migrantes dispuestos a movilizarse a distintas localidades fuera de la capital donde exista un déficit de profesionales. Sin embargo, a la fecha no se ha concretado.
—Menores y discriminación—
El informe también registró estadísticas –con la colaboración de Unicef– que conciernen a los menores de edad: el 37% de los que llegaron a nuestro país lo hizo con ambos padres; un 27% dejó atrás a uno de ellos.
Asimismo, se reportó que uno de cada 3 niños o adolescentes venezolanos que arribaron a Tumbes no había sido inscrito en el colegio durante el año escolar 2019. Incorporarlos a las instituciones educativas del Perú –refirió Baca– es una tarea para el Ejecutivo en el 2020.
Otro tema incluido en el reporte es la discriminación: 4 de cada 10 venezolanos dijeron que habían sido víctimas de algún acto discriminatorio –principalmente por su nacionalidad– durante su viaje al Perú.
En enero, el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció la creación de una brigada especial para frenar la delincuencia que proviene del extranjero, ya que la presencia de venezolanos “ha generado conmoción”. Sobre ello, Baca Vaughan dijo: “Personalmente, creo que el crimen organizado se puede combatir sin necesidad de asociarlo con una nacionalidad”.
No obstante, el representante de la OIM precisó que la entidad internacional respeta las decisiones que tome el Gobierno Peruano para controlar los flujos migratorios y la seguridad ciudadana.