El viernes de la semana pasada, el presidente Martín Vizcarra convocó a los medios de comunicación al Grupo Aéreo N° 8 para anunciar nuevas medidas de restricción para el ingreso de venezolanos al país. Como telón de fondo desfilaban 52 llaneros escoltados por policías subiendo a un avión que los regresaría a su país. En total, como anunció el mandatario, se ha expulsado del Perú a 140 venezolanos con antecedentes penales.
En las casas, chifas, oficinas y buses, la noticia alimentaba los miedos más arraigados de sus receptores: “la inseguridad aumenta”, “los venezolanos son un peligro”, “ya no deberían dejarlos entrar”. Y así, en tan solo minutos de exposición, Vizcarra infló al monstruo de la xenofobia a nuevas proporciones.
Hay dos lecturas posibles a esta actitud. O el presidente está pésimamente mal informado o decidió desinformar deliberadamente a la población. Como ya es de conocimiento público, actualmente hay alrededor de 780 mil venezolanos en el Perú y como también es público, 140 entre 780 mil es 0,02%.
A menos que algún revisionista de la aritmética diga lo contrario, la proporción de venezolanos ‘deportables’ identificados hasta el momento es ínfima en comparación con aquellos que no entran en la lista.
Sin embargo, particularmente en temas de seguridad ciudadana, el principal problema del país para la opinión pública, según la encuesta de El Comercio-Ipsos de abril del 2019, las percepciones suelen alejarse de la evidencia.
Es por ello que gestos como los del presidente y la cobertura mediática de la participación de venezolanos en actos delictivos tienen un gran impacto en la imagen que construye la ciudadanía sobre la migración.
Ello se evidenció en la misma encuesta de El Comercio-Ipsos de abril. En ella, 67% de limeños consideraba que la inmigración venezolana era negativa y, de ellos, el 54% tenía esa opinión porque “la inmigración aumenta la delincuencia y las actividades delictivas”. Es decir, 2 millones 931 mil 617 limeños equivocados cuyo miedo fue alimentado por Martín Vizcarra el viernes pasado y, probablemente, unos cuantos miles más que se sumaron gracias al acto presidencial.
Por supuesto, los deportados no son los únicos venezolanos relacionados con la actividad criminal. Si se incluye a aquellos que están en la cárcel –274, según información de febrero de 2019 del INPE– y a aquellos que tienen denuncias –335 a mayo de este año–, suman apenas 749 personas. Es decir, el 0,1% de venezolanos. O, visto desde el otro lado, el 99,9% de venezolanos que han llegado al país no tiene denuncias, condenas, ni antecedentes penales.
Si bien la inmigración venezolana se ha vuelto impopular, o justamente por eso, nunca está de más recordarnos que estas personas no vienen al Perú por nuestro delicioso cebiche, el cielo azul de Lima, nuestros servicios públicos de vanguardia, nuestra impresionante infraestructura o nuestra solidez institucional. Lo hacen porque no tienen otra alternativa.
¿Se justifica entonces que el presidente arme un show que alimenta la generalización de que todos los ciudadanos de un país son una amenaza pública? Claramente no. Lo que se justifica es una disculpa.
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