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“Siempre voy a empezar diciendo que las medias verdades son peor que las mentiras”, dijo el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso) para luego, lanzar una media verdad sobre su proceso judicial por fraude y estafa que logró archivar.
“Siempre voy a empezar diciendo que las medias verdades son peor que las mentiras”, dijo el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso) para luego, lanzar una media verdad sobre su proceso judicial por fraude y estafa que logró archivar.
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Desde el inicio de su gestión al frente del Parlamento, no ha desvirtuado tajantemente los cuestionamientos en su contra. Por el contrario, las dudas sobre su versión ante las polémicas se han incrementado y más denuncias han salido a flote a medida que pasaba sus días en el sillón principal del Hemiciclo.
El parlamentario, quien se desempeñó como vocero de su bancada (2022) y presidente de la Comisión de Transporte (2021) no había sobresalido en los medios, de allí que los procesos judiciales que arrastraba antes de ser electo, se mantuvieron en la sombra.
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Y, ante tanta incongruencia en sus respuestas, Soto Reyes decidió por varios días no enfrentar a los periodistas, a varios de los cuales ha perseguido judicialmente.
La última vez que el congresista dio una entrevista para medios de comunicación fue el 9 de agosto pasado. Luego, usando las redes sociales del Congreso se anunció que recién daría una conferencia de prensa, el próximo 28 de agosto, después de la semana de representación.
Sin embargo, la tarde de este viernes 18 ofreció una conferencia de prensa para responder a los cuestionamientos, pero sus argumentos fueron los mismos y uso el escenario público para victimizarse.
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Soto se quejó que los medios de prensa busquen información sobre su vida antes de asumir el cargo de congresista, cuestionando si quieren hacerle “daño” a él o al Congreso. Afirmó que ya envió un
¿Cuáles son los cuestionamientos que el presidente del Congreso Alejandro Soto pretende dejar atrás?
Estuvo procesado hasta este año
Alejandro Soto Reyes ha negado públicamente que la Ley 31751, por la que votó a favor, lo hubiera beneficiado en el proceso judicial en Cusco, donde la fiscalía lo acusó por el delito de fraude y estafa en agravio de la empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A.
“Esta ley a la que hacen mención y que supuestamente me beneficia, no me beneficia. Es completamente falsa esa información”, dijo.
La denuncia, como se conoce, corresponde al cobro indebido por servicios profesionales que se realizó el propio Soto Reyes, cuando era asesor legal de la empresa. Esta, señaló que el ahora congresista cobró S/10 mil pese a que no cumplió con el contrato.
Además, les habría vendido un terreno de manera irregular, al falsificar la extensión del mismo, ocultando que le pertenecía y haciéndoles pagar los impuestos cuando no les correspondía, entre otros aspectos.
Soto se defendió indicando que el juicio no implicaba un perjuicio al Estado; sino a un privado. Además, aseguró que el caso ya había sido declarado prescrito y archivado en el 2019.
“El 2019, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, respecto de Alejandro Soto, ha declarado prescrita la acción y ha declarado fundado el sobreseimiento de Alejandro Soto”, indicó el presidente del Congreso, blandiendo la resolución en sus manos.
Sin embargo, tal como lo ha demostrado El Comercio, a través de documentos, el proceso judicial contra Soto Reyes nunca se archivó; sino hasta el pasado 14 de agosto gracias a la aplicación de la Ley 31751 que solicitó el exvocero de APP.
Y es que, cuando el presidente del Congreso aseguró que el proceso judicial ya había sido archivado hace cuatro años atrás y que el juicio continuaba para otras personas, omitió informar que esa decisión había quedado nula.
La Primera Sala Superior de Apelaciones de Cusco, en enero del 2020, ordenó que Soto Reyes continúe siendo juzgado y sometido a control de acusación por los presuntos delitos de estafa y fraude.
El Ministerio Público había solicitado entonces ocho años y ocho meses de cárcel para el hoy congresista. El caso, incluso, estuvo por empezar el juicio oral en contra de este y otros co-acusados, hasta que se aprobó la Ley 31751.
Presidente del Congreso, Alejandro Soto, responde sobre la ley que lo habría beneficiado en un proceso judicial ► https://t.co/huVjn4L0qV
— Canal N (@canalN_) August 7, 2023
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El archivo de su caso corresponde a una “prescripción” no a una declaración de inocencia o culpabilidad.
Sí pidió aplicar ley de prescripción
En la misma entrevista del 7 de agosto, Soto Reyes afirmó insistentemente que no se benefició y ni acogió a la Ley 31751, aprobada en mayo de este año y por la que votó a favor.
“El caso ya lo tenía cerrado desde el año 2019, un juez ya lo declaró, ya lo dijo y yo no tengo por qué acogerme a una norma, que reitero, en lo personal, no me beneficia”, afirmó entonces.
No obstante, la documentación judicial lo volvió a desmentir. No solo fueron documentos presentados por su abogado que pedían el archivo amparándose en la norma, sino también el video de la audiencia -donde participó el presidente del Congreso- en la que su defensa plantea la prescripción acogiéndose al mencionado dispositivo legal.
Además, la resolución del juzgado que archiva este caso se basa en la Ley 31751 a pedido del entonces acusado Soto Reyes.
Nueva denuncia por reparación civil
Si bien el presidente del Congreso ha podido evitar una sentencia, apelando a la prescripción, la empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A. presentó una denuncia penal contra Alejandro Soto Reyes, solicitando el pago de una reparación civil.
El monto total solicitado por los representantes de la empresa asciende a S/1′371.981,58 por cinco hechos imputados por el perjuicio económico en que habrían incurrido Soto y sus co-imputados. Del total de hechos, el legislador de APP fue incluido en dos.
“Contra Alejandro Soto Reyes, Mario Justo Sequeiros Fajardo, Juan José Durand Gonzales, José Carlos Quenta Escalante, Datne Flores Medina Y Marco Antonio Quenta Escalante, quienes deberán pagar a favor de la empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A. la suma de s/. 287,271.54 (doscientos ochenta y siete mil doscientos setenta y uno con 54/100) por concepto de reparación civil por indemnización de daños y perjuicios ocasionados en calidad de responsables solidarios”, se indica por uno de los hechos.
Será el Juzgado Unipersonal de Cusco que determinará si procede o no la instalación de juicio oral contra Soto Reyes y sus co-denunciados a fin de que responda en la vía civil por la reparación civil.
Sentenciado por cobro indebido de dietas
Desde 1999 hasta el 2023, Soto Reyes acumula 63 procesos como imputado o denunciado. Pese a ello, el presidente del Parlamento se ha defendido mostrando certificados de antecedentes penales, indicando que no tiene condena vigente.
No obstante, sí fue condenado en dos procesos que el parlamentario consignó escuetamente en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones.
En la vía civil, Soto Reyes fue sentenciado al pago de una indemnización de S/20,642.00 en perjuicio de la Municipalidad de Santiago (Cusco) por haber cobrado dinero del erario nacional de manera irregular, según la resolución obtenida por El Comercio.
“Declarar fundada en parte la demanda interpuesta por la Procuraduría Publica a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, contra Alejandro Soto Reyes sobre indemnización de daños y perjuicios por inejecución de obligaciones, y ordenando que el demandado pague la suma de veinte mil seiscientos cuarenta y dos nuevos soles (S/20,642.00) en favor del Estado, más intereses legales”, se indica en el documento judicial.
La conducta ilícita atribuida al actual presidente del Congreso fue haber causado daño patrimonial, entre 1996 al 2002, al haber cobrado de manera irregular S/.21,092.00 a través de dietas por sesiones de Consejo a las que no asistió. Y, por sesiones no realizadas, sesiones solemnes que en realidad son reuniones de carácter social (conmemorativo, religioso, etc.); y al haberse incrementado las dietas sin autorización o Acuerdo Municipal.
“En este caso la conducta ilícita del demandado se halla establecida al haber efectuado cobros indebidos de dietas, obteniendo beneficios económicos por sesiones no realizadas, sesiones solemnes, sesiones no asistidas e incrementos sin acuerdo del Consejo, lo que produjo un daño a la Municipalidad y por ende al Estado”, se indica en la resolución judicial emitida el 15 de octubre del 2015 por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Santiago.
La denuncia la interpuso la oficina a cargo de los Asuntos Judiciales de la Procuraduría de la Contraloría General de la República, indicando que el monto cobrado por diversos funcionarios en perjuicio del Estado fue de S/.205,345.00.
“De cuyo monto se atribuye al demandado el cobro indebido del monto de S/21,092.00 por dichos conceptos, lo que quedo plasmado en el Informe Especial N° 008-2004-CG/ORCU”, se indica en la resolución.
Específicamente, fueron ocho dietas cobradas con incremento sin acuerdo de Concejo, cuyo monto ascendió a S/1,200.00, inobservándose lo dispuesto por la Ley 23853 Ley Orgánica de Municipalidades.
Soto Reyes también cobró ilegalmente por ocho sesiones de Consejo que nunca se realizaron, un monto ascendente a S/6,100.00. Además de otros S/450.00 que el sentenciado cobró como dieta por una Sesión de Consejo a la cual no acudió.
Pero no solo eso, Soto Reyes también cobró dietas por asistir a 19 sesiones solemnes que según la ley son consideradas ceremonias sociales y no ameritan pago de dieta a los regidores. Con ello, Soto Reyes se llevó S/13,342.00 de manera irregular, pese a que no le correspondía dicho pago.
“Evidenciándose que se ha generado un perjuicio económico al Estado, en la persona jurídica de la Municipalidad Distrital de Santiago ascendente a S/21,092.00 por la falta de diligencia en el cumplimiento de sus funciones como Regidor de la Municipalidad”, se indicó otra sentencia del 17 de julio del 2015 tras una apelación de la Contraloría.
En octubre del 2016, cuando Soto Reyes no era parte del Poder Legislativo, el juzgado lo conminó a cancelar la indeminación a la Contraloría.
“A lo precisado requiérase al demandado Alejandro Soto Reyes a fin de que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumpla con pagar la cantidad dispuesta en autos en calidad de Indemnización bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada en caso de incumplimiento”, ordenó el juzgado.
Deuda en duda
En la segunda sentencia, que fue a dada a conocer por Panorama, el congresista fue sentenciado a reglas de conducta con reserva del fallo final, por el delito de difamación.
Sin embargo, no habría cumplido con el pago de la reparación civil de S/10,000.00, luego de haber sido hallado culpable de difamar al Comisario de Cusco, comandante PNP Nilo Chávez, por la muerte de un menor en el 2011.
En el 2013, cuando la Sala Superior de Cusco, confirmó el fallo condenatorio contra Soto Reyes, este interpuso una medida cautelar para no cumplir con el pago de la reparación civil. Esto, hasta el 2016, que el Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar.
Pese a ello, cuando se presentó como candidato al Congreso en octubre del 2020, suscribió una Declaración Jurada, afirmando que no tenía ninguna deuda económica pendiente o reparación civil impaga.
Luego de ser electo, en mayo del 2021, el Jurado Especial de Cusco dio cuenta de la reparación civil. Ante ello, el 7 de junio de ese año, Soto Reyes pagó la reparación civil según confirmación del propio congresista.
La tía de su hijo en su despacho
Otro tema del que Alejandro Soto Reyes ha tratado de restar importancia, fue la contratación de Yeshira Peralta Salas, hermana de la madre de su hijo, quien hasta hace pocos días trabajaba en su despacho.
Claro (que sigue trabajando), dos años. Es una cusqueña. Tuve una relación fugaz y un niño de 11 meses al que se viene exponiendo en algunos medios de comunicación innecesariamente”
Alejandro Salas. Punto Final 30 julio 2023
El congresista ha querido desvincular la relación que tuvo con la hermana de su auxiliar de despacho, Lizbeth Peralta, asegurando que seis meses después tuvo una relación fugaz con esta y que de ello nació su menor hijo.
Por tanto, afirmó, Yeshira Peralta no es su “cuñada” puesto que no está casado ni tampoco conviviente.
Pese a ello, Cuarto Poder difundió un video del 26 de julio último, cuando Soto Reyes tomó juramento como presidente del Congreso. Allí, se aprecia a la madre de su hijo en uno de los palcos principales.
A ello, se suma una publicación realizada Lizbeth Peralta en su cuenta de Facebook el 18 de junio de este año, donde llama “mi amor” al congresista de APP, en un saludo por el Día del Padre.
“Feliz día del Padre, mi amor Alejandro Soto Reyes. Gracias por ser un excelente amigo, hijo, compañero y sobre todo por ser un excelente padre. La vida y Dios te dan hermosos regalos, ver junto a mis dos grandes amores”, escribió la madre de su hijo. Sin embargo, luego de conocerse los hechos, la publicación fue eliminada.
En su reciente conferencia de prensa, Soto ya no afirma que Yeshira Peralta sigue trabajando para su despacho; sino que al asumir el cargo de presidente del Congreso, su auxiliar de despacho renunció.
“A la señorita Lizeth Peralta la conozco desde hace muchos años atrás porque ella es abogada de profesión”, reconoció Soto en la conferencia de prensa. Aseguró que luego de que su hijo naciera, no la sacó del cargo porque eso era “abusivo”.