Alejandro Toledo reaparece en audiencia: lo que se sabe del control de acusación por el Caso Interoceánica

Seis años después de haberse iniciado las investigaciones contra el expresidente Alejandro Toledo por la presunta recepción de $35 millones de la empresa Odebrecht, a cambio de adjudicarle el proyecto para la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, el Poder Judicial (PJ) inició la etapa del control de acusación, previa a su juicio oral.

Toledo Manrique es acusado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, por lo que el Ministerio Público solicitó 20 años y seis meses de cárcel en su contra.

Durante la sesión de este lunes, el exmandatario reapareció de manera virtual desde Estados Unidos —país al que fugó en enero del 2017- donde se encuentra pendiente la ejecución de su extradición autorizada por el gobierno y la justicia de dicho país.

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“Alejandro Toledo Manrique, la dirección es 2225 Menlo Park (…) Universidad de Stanford, soy un investigador en la universidad, investigador en Ciencias Sociales”, dijo el extraditable al momento de acreditarse en la audiencia.

Hace 18 años y cinco meses, Toledo Manrique se habría reunido con el exdirector de Odebrecht, Jorge Barata, en el Hotel Marriot de Brasil, aprovechando su viaje a la cumbre de Río de Janeiro entre el 3 y 5 de noviembre del 2004, donde concertaron la entrega de dinero a cambio de la licitación de una de las más importantes obras públicas de la época.

Allí, según confesión del mismo Barata, el expresidente le indicó que quería que Odebrecht ganase la licitación. Para ello, le ofreció a Barata y a la empresa brasileña mantener los plazos de la licitación, pues ello reduciría las posibilidades de competencia de otras empresas; y además, la modificación de las bases para restringir la participación de otras empresas.

Dentro del pacto colusorio, señaló la fiscalía, Barata y Toledo acordaron que la empresa Odebrecht le haría el depósito de la presunta coima a través de las cuentas de las empresas del empresario israelí Josef Maiman, quien también participó de la reunión en Brasil.

Ello, incluso, ha sido reconocido por el mismo Maiman en su proceso de colaboración al que se sometió.

“Entonces, tenemos a nuestro autor Alejandro Toledo, al partícipe Jorge Barata y Josef Maiman el partícipe que está contribuyendo obviamente con Alejandro Toledo.”

Fiscal José Domingo Pérez.

Fue así que, el 4 de agosto del 2005, se terminó firmando el contrato de concesión de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, proyecto a cargo de Odebrecht.

Luego de ello, la empresa brasileña empezó a desembolsar los pagos hacia las cuentas de Maiman que tenían como beneficiario final al extraditable. Estos se dieron entre el 2006 y el 2010.

Según confesión de Barata, en el 2010, cuando se atrasaron con el pago del soborno, Toledo lo citó a su casa de Camacho donde le reclamó: “Oiga Barata, ¡paga carajo!”.

Una frase que dibuja al expresidente, quien habría desviado parte del dinero obtenido por los sobornos para una millonaria compra inmobiliaria y pago de hipotecas en el Perú, a través de la empresa Ecoteva Consulting Group con sede en Costa Rica, razón por la que acaba de iniciar el juicio oral en su contra por el Caso Ecoteva.

Delitos explicados

El extraditable es acusado de, en su condición de expresidente de la República, ser autor del delito de colusión al haber concertado conjuntamente con sus coimputados efectuando una serie de irregularidades en el Proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú - Brasil URSA - SUR ocasionando perjuicio patrimonial al Estado, motivo por el cual deberá de ser investigado adicionalmente a las acciones antes imputadas por lo siguientes hechos:

Según la acusación, la evidencia de la materialización del acuerdo pactado entre Alejandro Toledo y Jorge Barata son los diversos actos que permitieron cumplir las condiciones indebidas, en estricto, respecto a mantener los plazos del concurso, el mismo que habiendo sido convocado en enero de 2005 fue entregado en buena pro en junio del mismo año, esto es, con una aceleración inusitada.

“Se le atribuye a Alejandro Toledo Manrique que, en el año 2004, cuando ejercía el cargo de Presidente de la República del Perú, ofreció a Jorge Henrique Simoes Barata, Superintendente de la Empresa Odebrecht en Perú, la posibilidad de ganar la licitación del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, a cambio de la suma de $35 000 000.00 (treinta y cinco millones de dólares americanos)”, se indica en la acusación.

Además, se le atribuye al exjefe de Estado la comisión del delito de lavado de activos, por haber utilizado, en el período comprendido entre junio de 2006 a julio de 2010, varias cuentas bancadas de las empresas offshore de Josef Maíman (Trailbridge Ltd., Warbury and Co., Merhav Overeas Umited y Confiado International Corp.), así como las estructuras societarias, con el fin de realizar operaciones financieras complejas de aproximadamente un monto de US$ 28′699,639 millones de dólares y € 1725 584 millón de euros, recibidos por parte de la empresa Odebrecht.

Confiado International Corp, luego que recibió el dinero, lo transfirió a petición de Toledo Manrique a la cuenta de las empresas Ecostate Consulting S.A. y Milan Ecotech Consulting S.A. con sede en Costa Rica, el Presidente de la Junta Directiva de estas empresas era Avraham Dan On, quien trabajó como jefe de seguridad del expresidente de la República Alejandro Toledo Manrique.

“Para ello es necesario considerar que el imputado Toledo Manrique tenía el dominio del hecho, al haber ordenado que se hicieran los depósitos en cuentas de su amigo Josef Maiman Rapaport, según ha sido señalado por Jorge Henrique Barata Simoes y por el señor Josef Maiman Rapaport. Además, se trataría del beneficiario final y real de los depósitos ingresados”, se indica en la acusación fiscal.

Los otros coacusados

Junto a Toledo también han sido acusados su exjefe de seguridad Abraham Dan On y los empresarios Fernando Gonzalo Camet, Gonzalo Ferraro y José Castillo Dibós; y los exfuncionarios de Proinversión Sergio Bravo y Alberto Pasco-Font. También estuvieron acusados los empresarios José Graña Miró Quesada (colusión y lavado de activos), y Hernando Graña Acuña (lavado de activos) quienes luego se sometieron a un proceso de colaboración eficaz y obtuvieron sus beneficios premiales.

En la acusación inicial también se comprendió a John Barclay, pero este falleció años atrás. Mientras que para Gideon Westein y Saby Saylan, procesados inicialmente por este caso, la fiscalía solicitó este lunes el sobreseimiento de sendas acusaciones.

Tanto la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Odebrecht, así como la defensa de Toledo se opusieron al archivo de la acusación contra Saylan y Westein. Debido a ello, el juez Richard Concepción Carhuancho anunció que resolvería el pedido en la siguiente audiencia.

Cabe precisar que esta etapa de control de acusación se podría extender por varios meses, tal como sucedió en el caso del expresidente Ollanta Humala cuya etapa de control de acusación duró año y medio.

Según el relato de Barata, luego de la conversación con Toledo en Brasil, comunicó su acuerdo a José Alejandro Graña Miró Quesada, Presidente del Directorio de Graña y Montero SA, a José Fernando Castillo Dibós, Director de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., y a Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, Presidente del Directorio de JJC Contratistas Generales S.A., para hacerse de la licitación del Proyecto Vial Interoceánica Sur, Perú Brasil, a cambio de un pago ilícito de dinero.

Tanto Barata como Graña Miró Quesada, Castillo Dibós y Camet Piccone acordaron entonces pagar las comisiones ilícitas al ahora extraditable, a cambio de ser favorecidos en el Proyecto Vial, de tal manera que las empresas socias de Odebrecht asumieron lo que les correspondía en el pago de las coimas, situación que se materializaría en la distribución de las utilidades.

Una extradición pendiente

En la audiencia de este lunes, el fiscal José Domingo Pérez, cuestionó la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho que permitió la participación en la audiencia -de manera virtual- de Alejandro Toledo, cuando este viene accionando legalmente en Estados Unidos para evitar su extradición.

El fiscal explicó que permitirle participar al expresidente afectaría el trámite de extradición que se sigue actualmente en Estados Unidos. Alegó que la virtualidad se hizo necesaria en su momento (debido al Covid-19) solo para personas que estaban dentro del país; sin embargo, precisó, Toledo rehuyó de la jurisdicción nacional para irse a Estados Unidos.

“Acá hay una fraude a la ley porque se está permitiendo la comparecencia de un extraditado Alejandro Toledo que tiene que ser entregado por la justicia americana a la justicia peruana para comparecer ante usted señor magistrado”, señaló el fiscal.

Similar argumento empleó para oponerse a la participación de Avraham dan On, quien se encuentra en Israel (país con el que no existe Tratado de Extradición).

“Es igual que en el caso del procesado Alejandro Toledo (…) lo que se está permitiendo señor magistrado es un fraude a la ley, porque estas personas, sobre las cuales pesan órdenes de captura, pesan pedidos de extradición, van ha argumentar en dichas jurisdicciones que están compareciendo ante las justicia peruana, ante mecanismos alternativos que la propia justicia peruana les está otorgando, y por lo tanto no hay necesidad de que sean puestos a disposición de la justicia peruana hasta que no haya una sentencia firme”, cuestionó.

La procuradora adjunta Marilyn Vega de la Procuraduría Ad Hoc también cuestionó y se opuso a la decisión judicial.

“Es contradictorio atendiendo a que existe una extradición que los Estados Unidos nos ha concedido para que se procese y el juicio se haga de manera presencial y ahora él está de manera virtual”, señaló

El juez Concepción Carhuancho resolvió aceptar la participación de Toledo Manrique en la audiencia del lunes, pero no la de Dan On y precisó que ambos no se han puesto a derecho de la justicia peruana.

“La situación es que pende una prisión preventiva (sobre Alejandro Toledo), tiene la condición de acusado y hay un pedido de extradición porque no se encuentra en el país. No participará y solo es su presencia en el proceso. Eso no quiere decir, de ninguna manera, que se esté avalando el comportamiento procesal de Alejandro Toledo Manrique”, concluyó.

Mientras esto ocurre en Perú, en los Estados Unidos aún está por resolverse un recurso de “reconsideración” que interpuso Toledo Manrique ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Justicia de EE.UU donde ha solicitado se suspenda su extradición autorizada por el gobierno de dicho país el pasado 23 de febrero de este año.

Dicho tribunal le había otorgado 14 días de suspensión provisional para presentar el recurso, pero en un nuevo escrito el extraditable ha solicitado 21 días más.