Compartiendo el ‘baguazo’, una crónica de Fernando Vivas

El recuerdo trágico del ‘baguazo’ –el próximo 5 de junio, el mismo día de las elecciones, se cumple su séptimo aniversario– se ha trajinado en los últimos tiempos para atacar a Mercedes Aráoz, candidata a segunda vicepresidenta de PPK. 

Las responsabilidades políticas de la mayor masacre del milenio en el Perú (33 muertos y un desaparecido) alcanzaron a quien entonces era ministra de Comercio Exterior y Turismo. El informe en minoría de la Comisión Investigadora sobre los Hechos Acontecidos en la Ciudad de Bagua, Aledaños y Otros, presidida por Guido Lombardi, su actual compañero ppkausa, recomienda denunciar constitucionalmente al primer ministro Yehude Simon, a la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y también a Aráoz (pág. 243), con estos argumentos: “Más allá de que sus declaraciones inoportunas contribuyeron a la confusión de la opinión pública, su responsabilidad política se desprende del incumplimiento de la obligación constitucional de someter los decretos legislativos que afectaban directamente a los pueblos indígenas a la consulta previa que señala el Convenio 169 de la OIT” (pág. 262). 

Por ‘declaraciones inoportunas’ se alude a las veces que Mercedes Aráoz dijo que el TLC con EE.UU. se venía abajo si se derogaban los decretos que los pobladores atrincherados en las cercanías de Bagua exigían derogar. Citada por la misma comisión, ella negó haber declarado explícitamente tal cosa; pero sí es cierto –y lo ha admitido luego– que creía firmemente que los decretos sí eran condición para el TLC y así lo dio a entender en varias ocasiones extraoficiales. Y si luego de la tragedia, los decretos se derogaron y el TLC se mantuvo en pie, fue porque a los propios gringos –según su razonamiento– la tragedia también los hizo cambiar de opinión. 

Todo esto sucedía en un contexto en que el segundo gobierno aprista se había vuelto una maquinaria afanosa por promover inversiones extranjeras y tratados de libre comercio. Aquel con EE.UU. era el tratado estelar, y García pidió al Congreso facultades delegadas para tener a punto el marco normativo que exigían las negociaciones. El Mincetur de Mercedes Aráoz presidió ese trabajo interministerial. 

A los congresistas del partido les tocó conseguir los votos suficientes, entre las bancadas pro inversión, primero para que la delegación de facultades discurriera sin problemas ni interferencias parlamentarias, y luego, para posponer los pedidos nacionalistas de derogación de los decretos, que arreciaron desde el 2008. 

Y así llegó la madrugada del 5 de junio del 2009, con una operación policial que tuvo consecuencias trágicas. La masacre generó una conciencia culposa en el gobierno que, ahora sí, buscó consensuar con las bancadas amigables un retroceso en la aprobación de los decretos. Los nacionalistas estaban descartados del diálogo, pues incluso se los acusaba de haber azuzado a la fatalidad. 

A pocos días del aniversario del ‘baguazo’, queremos revelar los detalles de una reunión secreta que hubo entre el gobierno aprista, fujimoristas y miembros de Unidad Nacional en casa de Lourdes Flores en San Borja, para buscar el desenlace oficial de la masacre. El encuentro revela que las responsabilidades y las lecciones que hay que sacar de la masacre están más repartidas de lo que se cree. 

—Keiko escucha— 
Pocos días luego del ‘baguazo’, voceros humalistas y el propio Ollanta refirieron, sin dar mayores detalles pues muy probablemente no los conocían, que el gobierno había acordado suspender los decretos –una alternativa atenuada a la derogación– en una reunión en casa de Lourdes Flores. En los trascendidos de los medios y en las entrevistas de la época, apenas se menciona el cónclave.

Lourdes Flores, en entrevista en El Comercio (20/12/2015), me confirmó que prestó su casa para la reunión, y me contó que Mercedes Aráoz fue acompañada por Yehude Simon y que entre los congresistas que asistieron estuvo la propia Keiko Fujimori. Recientemente, apareció la hoy fujimorista y entonces pepecista Lourdes Alcorta a criticar el gesto de Aráoz de pedir perdón por el ‘baguazo’ a un líder indígena, y reveló que ella también participó en la reunión, que Aráoz insistía en ligar los decretos al TLC y que el fujimorista Rolando Sousa le hizo varias preguntas difíciles. 

Llamé a Sousa, hoy electo parlamentario andino. Me confirmó que acompañó a Keiko, que entonces era la jefa de su bancada de 13 congresistas. Él recuerda que el gobierno “no quería derogar bajo ningún punto de vista”, y que ellos sí pero no tenían los votos suficientes. Entonces, “se acordó la suspensión”, que, en efecto, fue la posición que los fujimoristas plantearon en el pleno del 10 de junio y que resultó ganadora. La idea de que sin los decretos el TLC se caía “era un libreto”, apunta Sousa. 

Luis Galarreta, hoy fujimorista como Alcorta, también me confirmó que estuvo en la cita, entonces como miembro de la bancada de Unidad Nacional, de la que era parte el PPC. 

Llamé, por supuesto, a Mercedes Aráoz y me dio su versión. No está segura de la fecha, pero sí que ella, junto con Rosario Fernández, entonces ministra de Justicia, fueron con la consigna de buscar qué decretos podían ser suspendidos. Curiosamente, no recuerda la participación de Keiko, quizá porque estuvo silenciosa, pero sí coincide con Alcorta en que Sousa estuvo muy activo. “Lideraba la reunión con preguntas”, dice. 

Aráoz no está segura de si la reunión fue antes o después del ‘baguazo’, pero conversando con Fernández, a quien también llamé, pudimos precisar que esta sucedió luego del ‘baguazo’ y poco antes del 10, quizá el 8 o el 9. El 10 se votó entre el dictamen de la Comisión de Constitución que pedía derogar los decretos y el proyecto N° 3329 de la bancada fujimorista que planteaba suspenderlos. El informe de la comisión Lombardi no analiza la reunión de la que hablamos, pues no fue oficial; pero menciona que hubo trascendidos de que se pactó la suspensión de los decretos en una reunión en casa de Lourdes Flores. 

Rosario Fernández no tenía que explicar el contenido y los alcances de los decretos, pues esa no era su función en la cartera de Justicia, pero, según su colega Aráoz, “se fajó para llegar a un consenso”. Yehude Simon, en cambio, solo “estuvo un ratito”, quizá solo para darles su respaldo de primer ministro. 

Una ironía detrás de la tragedia es que los decretos más delicados eran el 1064 y el 1065, pues involucraban liberalidades sobre la propiedad de las tierras de las comunidades indígenas; sin embargo, el más vapuleado en las protestas era el D.L. 1090, la llamada nueva Ley Forestal. Mercedes Aráoz recuerda que esta se nutría del ambientalismo de izquierda que llevaron los demócratas gringos a su Congreso; pero la animadversión genérica contra EE.UU. lo habría satanizado. La otra ironía es la que acabamos de revelar: que el fujimorismo que hoy restriega el ‘baguazo’ a sus rivales pactó la salida congresal con la propia Aráoz. 

A la base del conflicto, antes que los contenidos específicos de los decretos, está el hecho de que no fueron consultados. Aráoz admite su responsabilidad política, que cree que es compartida con su Gabinete y el gobierno de entonces, y dice: “Fue un aprendizaje doloroso. Luego, trabajando en el BID, he apoyado al Gobierno Mexicano en temas de consulta previa”. 

El 5 de junio estaremos concentrados en nuestro voto; pero bien vale dedicar un minuto de reflexión a esa tragedia con la que, en alguna medida, cargamos todos.

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