Defensor del Pueblo: “Se necesita un sinceramiento transversal (de los efectos de la pandemia)”

PARA SUSCRIPTORES: Moisés Naím: “En el Congreso del Perú hemos visto iniciativas que son realmente vergonzosas”

— El Ejecutivo sinceró esta semana la cifra de fallecidos por COVID-19, admitiendo un subregistro de 3.688 víctimas hasta junio. ¿Demoró en tomar esta medida? ¿Cree que esa sea la cifra?

En realidad, la posición de la Defensoría del Pueblo es mucho más amplia que un mero número de contagiados y personas fallecidas por la pandemia. Es importante que el presidente Vizcarra haya anunciado que han ajustado las cifras, pero ese es un aspecto. Nosotros consideramos que la brecha es aún mayor y se tienen que hacer los esfuerzos suficientes para acercarnos a la cifra real. Pero el sinceramiento no se reduce al número de fallecidos, se necesita, lo que nosotros desde la Defensoría del Pueblo, llamamos un sinceramiento transversal. Es decir, de todas las afectaciones como consecuencia de la pandemia.

Por ejemplo, cuál es el número de personas con enfermedades graves que no han sido atendidas y han muerto; cuál es el número de deserción escolar; también, durante la cuarentena han desaparecido 900 mujeres, cuál es el nivel de investigación. Tampoco se tienen cifras actuales sobre el número de internos y trabajadores del INPE que han fallecido, la lista es larga. Urge no solo un compromiso inexcusable con la información total y transversal de la realidad, sino también urge una explicación.

— ¿Es necesario formar una comisión de la verdad, como lo propone un sector del Parlamento?

Es importante que se dé una explicación de las razones por las cuales hay esta brecha informativa [que mencioné], que se forme o no una comisión, ese es un aspecto en el que yo, en este momento, no me voy a pronunciar. Hoy tenemos que hacer esfuerzos por lidiar con la pandemia y no entrar en cuestiones que pudieran tener, desde algunos sectores, intereses políticos.

— ¿Cuáles han sido las falencias del Ejecutivo en la lucha contra la pandemia?

El gobierno tiene que reconducir su gestión, en la línea que estamos planteando. Por difícil y dura que sea la realidad, nosotros necesitamos conocerla […] La Defensoría del Pueblo informó desde fines de marzo, principios de abril sobre el problema en los penales, dimos alternativas y, sin embargo, los penales hicieron crisis. Necesitamos una explicación de por qué. También dimos la alerta sobre el problema de oxígeno, en abril, hablamos de la necesidad de prevenir, de tener plantas, de importar, por qué hemos tenido la crisis del oxígeno, entonces. El 22 de abril, en el segundo Consejo de Estado, presenté un proyecto de ley para que el gobierno centralizará y tomará el control de la gestión sanitaria [en regiones y municipios]. Por qué, recién luego de las crisis en Loreto, Piura y Arequipa se están dando pasos para que se adopten estas medidas.

— ¿Cuáles son sus expectativas sobre el último mensaje a la Nación del presidente Vizcarra por Fiestas Patrias?

El mensaje a la Nación es una rendición de cuentas, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución, no es un acto protocolar que tiene como propósito festejar el aniversario de la independencia. Entonces, lo que decía antes calza con esta pregunta, el presidente tiene que explicar la realidad y decirnos lo que hará frente a ella, tiene que ser detallado, crudo, por difícil y duro que sea. Nosotros planteamos que se cree en todos los ministerios distintas salas situacionales. La expectativa de la Defensoría del Pueblo es que el presidente dé información muy detallada y cruda de lo que pasó, por qué y qué es lo que va a hacer. Y por supuesto, que también nos hable de cómo el gobierno cumplirá su tarea de garantizar un proceso electoral participativo, transparente y democrático.

— Usted afirmó, en una entrevista que le brindó a El Comercio en mayo, que el Congreso no debía “confundir populismo con eficiencia”. Esta semana, una comisión aprobó el retiro del 100% de los fondos de la ONP para aquellos que no están activos por 12 meses. ¿El Parlamento continúa en la senda del populismo?

Respecto a esa norma, nosotros consideramos que esto es un grave error, porque, primero, aquí [en la ONP] no estamos hablando de cuentas individuales, aquí estamos hablando de un fondo colectivo. Además, puede afectar severamente el destino pensionario de centenares de miles de personas. El acto legislativo no tiene que verse como un acto cortoplacista, en los últimos 120 días, entre el Congreso y el Ejecutivo, han sacado más de 3.000 normas. No puede ser que en el Perú se saque tan fácilmente las normas y no haya un proceso participativo más aún cuando no hay Senado, que es una cámara revisora. A mí me preocupa profundamente la facilidad con la que la producción normativa se da en el Perú.

— Estamos a ocho meses de las elecciones general, ¿cree que la relación entre el Ejecutivo y Congreso se pueda complicar en el contexto de la campaña?

Desde una mirada institucional, no debería [darse un nuevo enfrentamiento], tal vez en un escenario ordinaria podría ser que haya una pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo, pero hoy ambos poderes tienen como primerísima función lidiar y combatir los efectos, estragos y afectaciones de la pandemia. Espero que el Congreso y el Ejecutivo no se estacionen en una disputa política, sería fatal para los ciudadanos.

— ¿El Congreso cometió un exceso al aprobar, en primera votación, una reforma de cinco artículos a la Constitución que retira la inmunidad de casi todos los altos funcionarios del Estado?

La Defensoría del Pueblo le pidió al presidente Vizcarra que realice un Consejo de Estado y en efecto se hizo, esto se ha reconducido de alguna manera, porque hemos entrado a un proceso amplio y participativo de debate en lo referente a la inmunidad de las otras autoridades. En lo que se refiere a la inmunidad de los parlamentarios, siempre he creído que es una figura que hay que rediseñar, se debe regular mejor, pero no necesariamente eliminarla.

Y en relación a la limitación de participación de personas que hayan cometido un delito doloso siempre he creído que los derechos no son ilimitados y que bien puede eso formar parte de una limitación y estar recogida en la Constitución sin que afecte ningún tipo de derecho.

— ¿Este Parlamento tiene la madurez para concluir lo que resta de la reforma política?

Esa sí es una pregunta muy política, me voy a exonerar de responder.

— El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado al Poder Judicial suspender por dos años y medio a Fuerza Popular. Si la medida se concreta, el fujimorismo no podría participar en las próximas elecciones. ¿Cuál es su posición sobre este tema?

No voy a responder directamente la pregunta, pero sí voy a responder en un marco general. La Constitución establece que el Jurado Nacional de Elecciones tiene jurisdicción electoral y que todos los temas vinculados a los participantes, las organizaciones políticas tienen que ver directamente con el JNE. Y solo la Corte Suprema puede, eventualmente, desactivar un partido político, jurídicamente hablando. Entonces, si en este momento la máxima autoridad [del país], que es el presidente de la República interviniese en el proceso electoral podría ser enjuiciado, es una de las pocas causas por las cuales el presidente puede ser enjuiciado penalmente. ¿Por qué dice eso la Constitución? Porque ningún organismo del Estado debe perturbar el proceso electoral y la participación política tiene que ver con el proceso electoral. Me parece que los otros órganos del Estado no deben utilizar mecanismos para evitar que instituciones participen, no importa cuál sea, en el proceso electoral. Quiero decirle directamente que no estoy de acuerdo con que se límite de esa manera oblicua, descaminada, la participación política.

— El primer ministro Cateriano ha indicado que una de las metas del gobierno es que las elecciones sean democráticas y limpias. ¿Tiene alguna sugerencia para que esto sea así?

Este va a ser un proceso complemente inédito por el contexto de pandemia en el que vamos a transitar, la campaña no va a ser como las campañas que conocemos, va a ser más a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. La Defensoría del Pueblo ha participado, históricamente, como un supervisor. Vamos a participar más activamente para poder garantizar todos los derechos electorales y políticos.

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