Es una narrativa cíclica, cuya última manifestación es el proyecto, promovido por Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, para que Perú abandone la Convención Americana de Derechos Humanos, el sistema del que depende tanto la Corte IDH como la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) .
Alguna vez, esto no solo fue narrativa airada, sino realidad palpable: el Perú, en 1999, durante el segundo gobierno de Fujimori, anunció el retiro de la Corte IDH, en repudio a una sentencia que anulaba la condena -por razones procesales- a un grupo de presuntos emerretistas. La Corte no reconoció oficialmente ese pretendido retiro y, apenas instalado el gobierno de transición de Valentín Paniagua, este anunció el ‘retorno’ a su competencia.
Mira: El impacto del decreto sobre el golpe.
Hasta hoy, solo Trinidad y Tobago en 1998 y Venezuela en el 2012, han denunciado (o sea, abandonado) la Convención Americana. Que Perú lo haga ahora, por iniciativa que ni siquiera es compartida por el Ejecutivo, sino por un sector del Congreso; confirma que la narrativa está muy vigente.
La polarización que vivimos desde la segunda vuelta del 2021 entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, revivió la narrativa sobre la presunta lenidad pro terrorista del sistema interamericano de DDHH y está bastante extendida entre congresistas y ciudadanos que no distinguen entre los sesgos garantistas de la Corte IDH que pudieran beneficiar a los acusados, de la importancia de esta como última instancia supranacional que defienda a cualquiera de las fallas de sus sistema judicial nacional.
Tal es el respeto que, en última instancia, inspira el sistema de DDHH en las autoridades, que ni Dina Boluarte ni Alberto Otárola se han dejado seducir por esta narrativa contra la corte y contra la comisión que los tiene entre ceja y ceja.