Digna Calle investigada: el sustento de la subcomisión del Congreso para admitir las denuncias por abandono del cargo

Por 19 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso admitió a trámite, en parte, las denuncias contra la congresista Digna Calle (Podemos Perú) por haber faltado a la sesiones plenarias por más de siente meses durante todo el año.

Durante la sesión de este viernes, aprobó el informe de calificación que declaró procedente las denuncias por presunta infracción a los artículos 92 y 93 la Constitución y el presunto delito de abandono de cargo.

Sin embargo, se declaró improcedente el extremo vinculado al delito de abuso de autoridad.

Las denuncias fueron presentadas por las congresistas Rosselli Amuruz (Avanza País) y Kelly Portalatino (Perú Libre).

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Votaron a favor Jorge Montoya (Renovación), Arturo Alegría García, Hernando Guerra García, Patricia Juarez, Juan Lizarzaburu y Martha Moyano (Fuerza Popular), así como Lady Camones y Edith Julon Irigoin (Alianza para el Progreso), Segundo Montalvo (Perú Libre), Elizabeth Medina y Alex Paredes (Bloque Magisterial) y José Cueto (Renovación Popular).

Votaron en contra Susel Paredes Piqué (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y Francis Paredes Castro (Podemos Perú); mientras que los votos en abstención fueron de Edgardo Reymundo Mercado (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y Kira Alcarraz Agüero (Podemos Perú).

“El comportamiento de la congresista ser debe analizar, pero éste no es el espacio y menos abrir una investigación (....) La señora congresista (Digna Calle) ha cumplido escrupulosamente el Reglamento y se le ha otorgado la licencia sin goce de haberes. Es el Congreso quien ha dado la licencia”, exclamó Francis Paredes, la única en intervenir en la sesión para defender a su colega de bancada.

Como se recuerda, Calle Lobatón regresó al Perú procedente de Estados Unidos, el pasado 5 de setiembre; sin embargo aseguró que no acudirá a las sesiones plenarias.

El expediente será elevado a la Comisión Permanente a fin de que pueda autorizar el plazo de 15 días para realizar las investigaciones.

Tras la decisión, Digna Calle se pronunció a través de sus redes.

El sustento

Según el informe de calificación, a la fecha de la presentación de las denuncias (2 y 3 de agosto) Digna Calle estaba por más de siete meses fuera del país, sin indicar cuándo regresaría.

Por tanto, en dicha situación era imposible que la denunciada hubiera estado realizando las labores de congresistas y fiscalización, que demandaban su cargo.

Además, según las denunciantes y de acuerdo de recortes periodísticos, durante el tiempo que llevaba fuera del país, la denunciada habría realizado operaciones de carácter comercial y particular, ajenos a sus funciones como congresista. Esto es, respecto a la adquisición y administración de inmuebles y compañías en EE.UU.

“Respecto a los requisitos formales señalados en el literal ‘a’ del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la denuncia cumple con los citados requisitos. Asimismo, cumple con los criterios a que se refiere que los hechos denunciados constituirían infracción de la Constitución y/o delitos de función previstos en la función penal”, se indicó el informe de calificación.

Respecto a la supuesta infracción del artículo 92 de la Carta Magna, se sustenta que de acuerdo a la sentencia Nro 01-2018-AI/TC del Tribunal Constitucional, el congresista representa a la Nación y no puede desarrollar otros cargos u realizar otras ocupaciones.

Por tanto, según las denuncias, existirían elementos indiciarios de que Calle Lobatón habría usado parte de su tiempo, cuando se encontraba fuera del país para consolidar actividades económicas y comerciales particulares, lo cual infringiría el mandato constitucional.

Sobre la presunta transgresión al artículo 93 de la Constitución, se explicó que al ser electo un congresista, este representa a la Nación. Y, de acuerdo a la sentencia del TC Nro 026-2006-PI/TC se trata no solo de cumplir con las funciones congresales dispuestas en el reglamento, sino de reforzar la actividad controladora.

“¿Cómo desarrollar dicha labor de representación sin estar presente en nuestro país?” cuestionaron las denunciantes.

Sobre el presunto delito de abandono de cargo, las denunciantes han señalado que la parlamentaria no ha prestado labores y ha generado un perjuicio económico al Legislativo, puesto que se pagó los haberes al personal del despacho de Calle Lobatón, cuando solicitó licencia sin goce de haber.

María Cordero no acudió a la citación

Durante la sesión también se dispuso reprogramar la sesión para recoger los descargos de la congresista María Cordero Jon-Tay, quien es investigada por el presunto delito de concusión, debido al recorte de sueldos de sus trabajadores.

La postergación se realizó luego que la denunciada envió un escrito a la SAC alegando que no podría asistir por problemas de salud.

El grupo de trabajado decidió citarla por última vez para el próximo martes 3 octubre a las 5 de la tarde. Será la cuarta oportunidad que se cita a la parlamentaria, luego que la SAC declaró procedente su proceso el pasado mes de abril.