Dina Boluarte: Fiscalía de la Nación seguirá investigando a la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración

Tras presentar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de cohecho pasivo impropio por el uso de los relojes Rolex y otras joyas, la Fiscalía de la Nación continúa investigando a la mandataria por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y contra la fe pública, en la modalidad de omisión de consignar información en documento oficial.

Según la Disposición Nro 6 de la Fiscalía de la Nación, a la que accedió El Comercio, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, consideró que aún se hacen necesarias diversas diligencias a fin de determinar la comisión o no de ambos delitos por parte de la mandataria.

Así también, la FN dispuso remitir la investigación contra Wilfredo Oscorima, por la entrega de los Rolex, hacia las fiscalías anticorrupción para que dicha instancia continúe con las diligencias en contra del gobernador regional de Ayacucho.

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En específico, lo que continuará investigándose ante la Fiscalía de la Nación es el presunto incremento de dinero en sus cuentas bancarias por la suma de S/ 432.932,25; y haber registrado depósitos de origen desconocido, realizados también a sus cuentas bancarias – entre el 29 de julio del 2021 hasta agosto del 2022- por hechos vinculados a la investigación que se le sigue como parte de un presunto lavado de activos en el partido Perú Libre (PL).

Es precisamente en este extremo de la investigación que se habría dispuesto ampliar por ocho meses más las pesquisas.

La continuación de la investigación por estos dos delitos se decidió luego de desacumular la carpeta principal, el pasado 17 de mayo, donde Boluarte Zegarra era investigada por tres presuntos delitos: cohecho pasivo impropio (por los Rolex y joyas), enriquecimiento ilícito y omisión de consignar información (por los abonos a sus cuentas bancarias).

Con ello, el caso quedó dividido en dos carpetas fiscales. Una, conteniendo únicamente los hechos atribuidos a Boluarte Zegarra por el delito el presunto delito de cohecho pasivo impropio, producto de la “donación” de tres relojes de la marca Rolex, una pulsera con diamantes y un par de aretes de argolla con diamantes, que le realizó el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Este único hecho es el que se incluye en la reciente denuncia constitucional que ya se encuentra en manos del Congreso de la República, para su respectiva calificación y procesamiento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Mientras que los otros dos hechos, contenidos en una nueva carpeta fiscal, continúan su curso en la FN.

Según el documento, la Fiscalía de la Nación explica que, excepcionalmente y para simplificar el procedimiento, siempre que existan elementos suficientes para conocer un caso de manera independiente, es viable la separación de las imputaciones o delitos conexos que requieran “diligencias especiales o plazos más dilatados”.

Además, se precisa que “es potestad” del Ministerio Público proceder o no con una acumulación o desacumulación de una investigación, y como ya lo ha señalado la Corte Suprema, eso dependerá de la estrategia de investigación de la fiscalía.

Como se explicó líneas arriba, inicialmente, la investigación contra la mandataria se procesó bajo el concurso real de tres delitos: enriquecimiento ilícito, omisión de consignar declaraciones en documento y cohecho pasivo impropio.

Sin embargo, según el documento fiscal, en los hechos vinculados al presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos -sobre todo en el primer hecho- aún es necesario realizar pericias contables-financieras y pericias de homologación, levantamiento del secreto bancario, tributario, y bursátil de la investigada.

“Circunstancias que demandan la implementación de plazos de investigación más dilatados a fin de contextualizar el extremo de dichos hechos imputados contra Dina Ercila Boluarte Zegarra ya que, de cierto modo, perjudican que pueda resolverse con prontitud su situación jurídica”.

Juan Carlos Villena Campana, fiscal de la Nación.

Por todo ello, concluyó el fiscal de la Nación, era procedente la separación excepcional de las imputaciones, tanto más cuando había la necesidad de resolver prontamente al menos uno de los cuatro hechos investigados.

Ello, en referencia al uso de los Rolex y joyas, que implican un presunto delito de cohecho pasivo impropio, y que la Fiscalía de la Nación consideró ya habían recabado las información suficiente para pasar a la siguiente etapa.

Y, sobre el extremo referido a la imputación contra Wilfredo Oscorima, por el presunto delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado, se dispuso también su desacumulación.

La Fiscalía de la Nación precisó que el presunto delito cometido por el gobernador regional de Ayacucho, los habría realizado a título individual; y aunque su inclusión dentro de la carpeta seguida contra Boluarte Zegarra, se sustentó en la “unidad de investigación” por estar vinculado a la donación de los relojes suizos y joyas; su continuidad en el despacho de la FN, en este momento, “resulta innecesaria”.

Esto, luego de que la presidenta fuera denunciada constitucionalmente por el caso Rolex.

Por ello, indicaron que no existía ninguna transgresión a la norma, ya que en el caso del presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración atribuido a Boluarte, aún faltan completar diversas diligencias, mientras que en el caso de Oscorima Núñez y su imputación por la entrega de los Rolex y joyas, la Fiscalía de la Nación, ya no es competente.

“Por lo mismo, no existe un riesgo de ruptura en la unidad (de la investigación), porque en el presente caso se aprecia: (i) que los cargos por enriquecimiento (ilícito) y omisión atribuidos a Boluarte Zegarra, (ii) como el cohecho imputado a Oscorima Núñez, exigen pronunciamientos diferentes, sea porque falta completar los actos de investigación (lo primero) o porque este despacho no es competente para emitir pronunciamiento definitivo (lo segundo)”.

Juan Carlos Villena, Fiscal de la Nación

Además, se precisó que Wilfredo Oscorima no tiene la calidad de alto funcionario contenida en el artículo 99 de la Constitución, por lo que correspondía desacumular el extremo vinculado a los actos irregulares que habría cometido el gobernador regional de Ayacucho, y remitir su caso a la Fiscalía Superior -Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, para que proceda a su distribución al despacho fiscal llamado por ley.

El documento fiscal también da cuenta que son cinco los hechos atribuidos al gobernador regional de Ayacucho y haberse beneficiado, a cambio, con ocho actos desplegados por parte de Dina Boluarte, en su calidad de presidenta de la República.

En esa línea, explicó la Fiscalía de la Nación, como actos concretos para la investigación del funcionario regional se deberá tener en cuenta que, “se incrimina a Dina Ercila Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la República, haber recibido en donación, continuamente, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez (su presunto amigo”: un Rolex Date Just 36 mm de color oro rosa, un par de argollas de oro amarillo con brillantes, una pulsera Bangle con 94 brillantes, un Rolex Date Just Oyster Perpetual y un Rolex Day Date President.

Por estos mismos artículos de alto valor económico, “se incrimina a Wilfredo Oscorima, haber dado en donación, continuamente, a la presidenta de la República, Dina Ercila Boluarte Zegarra”.

Dichos bienes habrían sido recibidos por Boluarte, “con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República y también como consecuencia de los actos que ya había realizado”. Esto es, la firma del Decreto Supremo Nro. 033-2023-EF que autorizaba transferencias de partidas presupuestales para gobiernos locales y regionales en el 2023, el Decreto Supremo Nro. 053-2023-EF, la Ley Nro 31728 que aprueba la reactivación de pliegos económicos para el gobierno nacional, regional y local en 2023, el Decreto de Urgencia 020-2023 que dispone medidas extraordinarias para la reactivación en inversión pública, el Decreto Supremo Nro 161-2023-EF que dispone transferencias de presupuesto para los gobiernos regionales y locales, el Decreto de Urgencia Nro. 029-2023 que dispone la reactivación económica familiar y en el sector turismo, la Ley Nro. 31912 que dispone el crédito suplementario ante la emergencia y peligro por el fenómeno de El Niño para el 2023 y el Decreto de Urgencia Nro 06-2024 que establece créditos suplementarios para el presupuesto del año fiscal 2024.

El Comercio solicitó la versión de Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte Zegarra, quien señaló que hasta la fecha no han sido notificados con la desacumulación de la carpeta y la decisión de la FN para proseguir con la investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión para consignar información contra su patrocinada.

El abogado precisó que, cuando la Fiscalía de la Nación emitió la Disposición Nro.1, que contenía los tres hechos inicialmente investigados en una sola carpeta fiscal, se estableció un plazo de 60 días. Sin embargo, a su consideración, la ley en que se fundamentó dicho plazo no establecía una prórroga excepcional a los 60 días.

Por ello, cuando asumió la defensa de la presidenta de la República, al detectar que ya se había cumplido el plazo de investigación preliminar, solicitaron el pronunciamiento fiscal de conclusión de la investigación.

Ante ello, la Fiscalía de la Nación presentó la denuncia constitucional contra la mandataria por el presunto delito de cohecho pasivo impropio.

“En consecuencia, el fiscal tenía dos alternativas, sacar la disposición de conclusión de la investigación preliminar (decidiendo), o archivar o presentar la denuncia constitucional. No podía prorrogar nada más, tanto así que el fiscal no ha luchado por esa prórroga ante el juez de investigación que eventualmente íbamos a acudir; sino que ha hecho caso a lo que solicitábamos”, dijo.

No obstante, agregó, el Ministerio Público habría incurrido en una contradicción puesto que, antes de presentar la denuncia constitucional, amplía el plazo de la investigación por ocho meses más, pese a que -bajo su concepto- la ley aplicada en esta investigación solo permitía una investigación por 60 días para un presidente.

“Por eso es que sostenemos que esta denuncia (constitucional) ha sido absolutamente apresurada, tiene muchas páginas, pero de contenido poco y neutro. Bajo esa perspectiva, cuando nosotros, y es una posición responsable de tener la información previa a cualquier acción legal; si consideramos que esa desacumulación en el caso particular de mi cliente, que es aforada, escapa a los márgenes permitidos por la ley, continuaremos con nuestra solicitud de control de plazo para que vuelva a acumularse”, anunció el abogado.

Aseveró que, pese a que el Ministerio Público les ha estado realizando notificaciones sobre todos los casos donde han asumido la defensa legal de Boluarte, hasta el momento no se les alcanzó la disposición de desacumulación del Caso Rolex.

Por ello, indicó que una vez tengan la información sobre la desacumulación del caso evaluarán qué alternativas plantear. En esa línea, consideró que si la desacumulación, que permite la continuación de la investigación contra la mandataria por los dos delitos aludidos, no ha cumplido con la exigencia legal, podrían solicitar la nulidad de la decisión de la Fiscalía de la Nación.

“Puede ser, continuar con la audiencia de control de plazo, irnos al juez de control de la investigación preparatoria porque el caso era bajo una sola unidad; o eventualmente, si considerásemos que la desacumulación se encuentra fuera del marco de la ley, porque no hay disposición o requerimiento exento de un control constitucional o judicial; si consideramos que no se han satisfecho las exigencias de una desacumulación pediremos la nulidad de esta desacumulación para que el caso vuelva a uno solo, de tal manera que estos dos delitos pasen a uno solo (caso)”.

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte.

Recordó que la conclusión del plazo de la investigación que solicitaron, y un eventual control del plazo, es respecto de los tres hechos y tres presuntos delitos por los que Boluarte Zegarra estaba siendo investigada y no solo de uno de ellos.

“Distinto es que el Ministerio Público ha formulado denuncia (constitucional) respecto de uno. Si logramos que, en efecto, vayamos a un juez de investigación preparatoria, se debata y se judicialice el control de plazo; y el juez acepte nuestro pedido, tendrá que, o archivar estos dos (delitos) o formular una denuncia constitucional que debería ser integrada a la que ya se ha presentado”, indicó a este Diario.

De otro lado, el abogado Humberto Abanto, señaló que han solicitado la nulidad de la decisión adoptada por el fiscal de la Nación.

“Quieren crear dos investigaciones donde la ley dice que debe haber una sola.”

Huberto Abanto, Abogado de Wilfredo Oscorima