(Foto: Composición)
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Redacción EC
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El empinado camino del Congreso

Martin Cabrera

Director de 50+1 Grupo de Análisis Político

El 2021 nos deja un Parlamento bastante alejado de la empinada aspiración de ser el ejecutor de las grandes reformas, el reactivador de la economía, el destrabador de las obras paralizadas... el Congreso del bicentenario. Haciendo un brevísimo repaso por sus elementales funciones, podremos advertir que son más los pendientes que los logros.

Con 972 proyectos de ley presentados (49 aprobados), 19 se han convertido en leyes orientadas a sectores como Educación, Agricultura y Economía. Sin embargo, se han producido apenas 129 dictámenes. Es una cifra bastante menor a la del Congreso pasado (2016-2021), que logró 432 de un universo de 844 proyectos de ley en el mismo período.

La efectiva labor del Parlamento debería ser medida no por el número de leyes aprobadas, sino más bien por el número de dictámenes elaborados sobre las iniciativas legislativas. Estos constituyen en la práctica el documento escrito que reúne las conclusiones a las que se ha arribado, luego de las opiniones técnicas de los sectores involucrados y la propia ciudadanía, y del debate en comisión. Es lo que legitima el trabajo realizado.

La legislatura que viene debería exigir a las comisiones mayor proactividad y a los grupos parlamentarios, una mejor evaluación y desarrollo de la agenda legislativa al interior, con el propósito de lograr posiciones mayoritarias o en bloque, para así reducir el alto costo político y económico que produce la incertidumbre, además de evitar la presentación y aprobación de leyes declarativas y buscar poner temas en la agenda. A la fecha, son más de 160 los proyectos de ley declarativos o que apuntan a priorizar la creación de distritos o la ejecución de obras, por ejemplo.

Con relación al control político, se registraron nueve mociones de interpelación a ministros; tres llegaron al pleno y una terminó en censura. Eso, sin dejar de contar las más de 150 ocasiones en las que el Congreso recibió a distintas autoridades y funcionarios. Sin embargo, se encuentran pendientes varias acusaciones constitucionales heredadas del Congreso anterior, que deberían ser atendidas antes de que, por el transcurso del tiempo, caduque la prerrogativa de acusar.

En el mismo sentido, a partir de la nueva obligación de los parlamentarios de presentar ante la contraloría su declaración jurada de conflictos de intereses, el Consejo Directivo y la Comisión de Ética, en el ámbito de sus propias funciones, tienen el reto de idear algún mecanismo para la oportuna identificación y evaluación de riesgos por conflictos de intereses, promoviendo la mayor transparencia posible desde el propio portal.

Finalmente, los principales pendientes tienen que ver con las reformas estructurales que todavía no se revisan. La reactivación económica, el retorno a clases, la paralización de obras y los problemas de gestión institucional en los gobiernos regionales y locales han sido temas mencionados en casi todos los debates parlamentarios por ser urgentes, pero también hay otros de más largo aliento como la reforma política (voto preferencial, financiamiento, reelección congresal, etc.) y la propia reforma en salud que aún esperan.

La camisa de fuerza y la pusilanimidad

Rubén Vargas

Exministro del Interior, expresidente ejecutivo de Devida

La acción estatal más eficiente que nos permitía evitar que la hoja de coca se convirtiera en cocaína es, de lejos, la erradicación. En total, 25 mil hectáreas de coca erradicada equivalían a 245 toneladas de cocaína menos.

Desde la actual gestión de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) se está actuando con una candidez sospechosa. Anunciaron que, para evitar el ‘círculo vicioso de la resiembra’ propondrán solemnes “pactos sociales ciudadanos”. Se supone que este pacto provocará una especie de exorcismo liberador que inmunizará al campesino de la narcococa. Tengo la impresión de que estamos ante una copia mal entendida del llamado ‘control social’ que se aplicó en Bolivia.

La evidencia empírica nos dice que solo la erradicación sostenida, acompañada de desarrollo alternativo y la inversión en infraestructura vial, pudo romper la matriz económica de la coca ilegal. Así se hizo en el Alto Huallaga. Resultado: se recuperó el Estado de derecho, se derrotó al terrorismo y se redujo significativamente el narcotráfico.

En el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) nunca se erradicó. Parte importante de su economía está narcotizada con las 500 toneladas de cocaína que procesan anualmente. ¿Cuál es la propuesta del Gobierno? Defender y legalizar esa coca. Hay tres proyectos de ley con este propósito.

Lamentablemente, en Devida le pusieron una camisa de fuerza a la lucha contra las drogas reduciendo la erradicación solo a algunas zonas sin mayor importancia para el narcotráfico. No necesitamos hacer mucho análisis para prever que en los próximos dos años superaremos las cien mil hectáreas de coca, que producirán a su vez más de mil toneladas de cocaína. La pusilanimidad generará uno de los mayores daños a la democracia y a nuestra seguridad.

En general, igual que el narcotráfico, el crimen organizado predatorio seguirá desbordándose, especialmente en la franja costera del país. El grito desesperado será pedir la declaratoria de emergencia y la intervención de las Fuerzas Armadas. Obviamente esto no resolverá nada; al contrario, complejizará aún más el problema. El negocio de las extorsiones seguirá lotizando las ciudades, no se escaparán las bodegas ni los puestos ambulantes de esta fuerza fáctica. Seis meses de gobierno y no hay nada parecido a una estrategia para enfrentar este problema. Esta guerra avisada sí matará gente, especialmente a los que no puedan recurrir al servicio privado de seguridad.

El terrorismo en el Vraem seguirá gozando de buena salud. Sus principales mandos, siguiendo su adicción mediática, seguirán recurriendo a la demagogia de la defensa de la hoja de coca. Claro, ellos le agregan el plus de la protección armada y el asesinato a quienes los combatimos.

Entonces, como se habrá notado, podríamos decir que en el Perú del bicentenario si hay algo realmente protegido esa es la coca, y no por el consumo tradicional ni para el pago a la pachamama.

Proyecciones de la industria minera al 2022

Víctor Gobitz

Presidente y gerente general de minera Antamina

Solo por un instante vuelvo a ser niño y con la ilusión intacta escribo una lista con cuatro deseos para nuestra industria minera, una lista que en la Nochebuena dejé debajo de un árbol y espero se cumpla el próximo año:

Deseo 1: el diálogo nacional liderado por nuestras principales autoridades elegidas nos permite concordar que la promoción de la actividad minera formal es una ventana de oportunidad para acelerar el cierre de brechas sociales en todo nuestro territorio. Ventana de oportunidad para nuestro país, dado el portafolio de cobre y oro que hemos desarrollado y la creciente demanda mundial por estos dos metales.

Deseo 2: este mismo diálogo nos permite a todos los peruanos confirmar que nuestro progreso sí es posible, en la medida en que nos enfoquemos en optimizar el modelo de gestión de los fondos públicos que tenemos disponibles y que podríamos seguir generando por varias décadas adicionales. Modelo de gestión pública basado en altos estándares de planificación, organización, ejecución, control y transparencia.

Deseo 3: las empresas mineras se incorporan a la reflexión colectiva acerca de los planes de desarrollo territorial que debemos delinear con criterios de sostenibilidad y atendiendo el desafío adicional del cambio climático.

Deseo 4: las empresas mineras en sus áreas de influencia operativa despliegan todo el conocimiento adquirido del territorio para abocarse, junto con las autoridades públicas, a las siguientes tareas prioritarias pospandemia y todas ellas enfocadas en la persona: restablecer la educación pública y recuperar los 2 años perdidos, con el uso de tecnología de la información; actualizar la empleabilidad de los jóvenes mediante programas de formación ad hoc; e incrementar la productividad y acceso a los mercados de la oferta productiva existente.

Sin embargo, a mi edad soy consciente de que no existe Papá Noel, esa figura casi mesiánica a quien le atribuíamos la capacidad de atender, cuando niños, nuestra lista de deseos.

Si todos los involucrados –autoridades de gobierno, oposición política, comunidades campesinas, empresas mineras y sociedad civil en general– lográramos dialogar y concordar los cursos de acción; si depusiéramos posiciones parciales y abrazáramos una misma visión de desarrollo de nuestro país, sin un ápice de nostalgia y con una actitud madura y responsable (exenta de manipulación o violencia); entonces, la lista de deseos para el año 2022 debería ser alcanzable.

En caso contrario, tendremos que esperar la llegada de los Reyes Magos.

La economía en un incierto 2022

Alonso Segura

Exministro de Economía. Miembro del comité editorial de Hacer Perú

El 2022 se presenta como un año incierto. Los dos principales factores que se prevé incidan en el desempeño económico son las condiciones externas y las decisiones de gobierno.

Es bien sabido que la economía peruana es fuertemente dependiente del contexto externo. En primer lugar, a través de los precios de nuestros productos de exportación. En segundo lugar, de las condiciones de los mercados de capitales internacionales (dirección de flujos de capitales y acceso y costo de financiamiento externo). Si bien este entorno tan favorable puede cambiar súbitamente, el escenario considerado más probable es que este se mantenga. Nuestros términos de intercambio están en máximos de 50 años, los precios de varias de nuestras principales exportaciones, como el cobre y el zinc, cerca de máximos históricos, y las condiciones financieras internacionales aún permanecen fuertemente expansivas, con tasas muy bajas.

A lo largo de nuestra historia, cuando se han dado estos episodios de bonanza externa, ello se ha traducido en un ‘boom’ doméstico por las mayores rentas de fuente externa que incentivan la inversión privada, la generación de empleo, el consumo privado y mejoran la posición fiscal a través del incremento en los ingresos públicos, lo que a su vez permite mayor gasto público.

Es acá donde se manifiesta la relevancia del segundo factor, pues para aprovechar el impulso externo se requiere predictibilidad sobre políticas públicas y reglas de juego, lo cual, a su vez, genera confianza para invertir. Lamentablemente, varias de las principales banderas del Gobierno, empezando por la propuesta de asamblea constituyente, con la cual no hay un deslinde categórico, socavan esa predictibilidad generando incertidumbre. Las expectativas empresariales, sean las medidas por el BCR o por consultoras privadas, que son un indicador adelantado del comportamiento futuro de la inversión privada, se encuentran en terreno de pesimismo, lo cual sugiere una posible contracción en los próximos meses.

Esta debería ser una señal de alerta para el Gobierno. Si con un entorno externo tan benigno enfrentamos un escenario económico tan poco favorable, qué pasaría si este se deteriora, algo a considerar dados los riesgos. Ya no es tan claro que las presiones inflacionarias globales sean transitorias, lo cual está llevando a los bancos centrales a considerar retiros de los estímulos monetarios antes de lo que se preveía, y de manera más agresiva, lo cual podría comprometer la recuperación global, que ya de por sí está dejando de ser sincronizada. De otro lado, no se puede descartar que nuevas variantes del virus tengan consecuencias sanitarias y económicas.

Se requiere un cambio sustancial tanto en las políticas de gobierno como en altos funcionarios que carecen de competencias para los puestos para los cuales han sido designados. Una suerte de reseteo. Si ello no ocurre, no solo estaría el Gobierno poniendo en riesgo el desempeño económico (y social) del 2022, sino, en ausencia de políticas que fortalezcan nuestros fundamentos de mediano plazo, estaríamos hipotecando nuestro futuro. Un viraje hacia la razonabilidad, con un poco de suerte también traería mayor estabilidad política, otro elemento esencial.

Conflictos sociales: el juego de las expectativas

Ricardo León

Periodista

Es un fenómeno curioso, pero previsible: quienes con mayor entusiasmo apoyaron la llegada de Pedro Castillo a la presidencia han sido los primeros que han salido a las calles a exigir a su gobierno que atienda las demandas.

En Chumbivilcas, provincia cusqueña donde más del 96% de habitantes marcó el lápiz en la segunda vuelta de las elecciones, y tierra originaria de quien fue primer ministro, Guido Bellido (él llegando a la zona a caballo es una de las postales que nos dejó su breve e improductiva gestión), los comuneros no esperaron ni siquiera hasta 28 de julio para elevar sus protestas. El bloqueo del corredor minero y la suspensión temporal de actividades de la mina Las Bambas forzaron al Ejecutivo a lograr esta semana un acuerdo que, aunque suena auspicioso, podría ser apenas un placebo.

Desde el Vraem, lugar que el candidato Castillo visitó en campaña, y donde anunció una defensa cerrada de la hoja de coca secundado por operadores cercanos a él, como Guillermo Bermejo, también las presiones empezaron pronto. Mientras dirigentes de la zona anunciaban medidas de fuerza si no se aprobaban leyes a favor de ellos, cocaleros de la selva de Puno cerraron la carretera, atacaron a erradicadores del proyecto Corah y encendieron todas las alarmas. La designación de Ricardo Soberón a la cabeza de Devida y su intento por poner paños fríos al tema mantiene este asunto como un problema irresuelto.

Hace pocas semanas, el mismo fenómeno se trasladó a la sierra de La Libertad. Los dirigentes de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (Cunarc), quienes inmediatamente después de la segunda vuelta viajaron a Lima y se instalaron frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones para exigir que se nombre presidente a Castillo, ahora piden ser escuchados y atendidos por él mismo y sus ministros. Ellos demandan al Gobierno “acciones de remediación ambiental por la contaminación del río Moche [...], equipamiento para la seguridad ciudadana, infraestructura hospitalaria y proyectos de inversión como carreteras e instituciones educativas”, según se lee en un reciente reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Los ronderos de la zona ya han bloqueado carreteras, ya han alzado la voz, han olido la debilidad y la impericia del Ejecutivo para afrontar las protestas.

Lo vimos en el 2021 y lo veremos en el 2022: es el círculo vicioso que aleja las expectativas de la realidad.

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