Expresidentes y políticos acumulan hasta 24 investigaciones fiscales por presuntos delitos

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La presidenta en funciones, Dina Boluarte, con dos meses al mando de la República, ya es investigada preliminarmente por la Fiscalía de la Nación en torno a las muertes durante las manifestaciones en rechazo a su gobierno. Antes del caso de Boluarte, ya se encontraban activas otras 24 investigaciones contra exocupantes de Palacio de Gobierno, una exalcaldesa de Lima y una excandidata presidencial.

Pedro Castillo –quien gobernara el país hasta su arresto tras intentar un golpe de Estado en diciembre– suma siete carpetas fiscales; es decir, encabeza la lista de expresidentes recientemente investigados, con el 30% de ese total. De las indagaciones que se le iniciaron, una se encuentra en fase preparatoria, tres tienen denuncia constitucional a la espera de aprobación en el Congreso y otras tres permanecen en etapa preliminar [ver cuadro].

Otros antecesores en la presidencia, como Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alejandro Toledo suman al menos 12 indagaciones. Vizcarra Cornejo tiene procesos en marcha a nivel de Fiscalía por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, el caso ‘Richard Swing’ y el del ‘Vacunagate’. Sobre Kuczynski Godard se mantienen los relacionados a los casos Westfield Capital, los aportes presuntamente irregulares a su campaña y la presunta compra de votos de congresistas para su no vacancia en el 2017.

Entre los casos más avanzados está el de Ollanta Humala. Sobre el expresidente ya se aprobó el inicio de juicio oral por los presuntos aportes de empresas brasileñas (Odebrecht y OAS) y del gobierno de Venezuela a sus campañas del 2006 y del 2011. En fase preparatoria continúan contra Humala Tasso los casos Gasoducto Sur Peruano y Club de la Construcción.

En tanto, contra el exmandatario Alejandro Toledo la fiscalía ya presentó acusaciones por los casos Interoceánica Sur (Tramo 4, y Tramos 2 y 3) y el caso Ecoteva. Estos siguen a la espera del inicio de un juicio oral, mientras Toledo Manrique se mantiene sujeto a un proceso de extradición al Perú desde Estados Unidos.

Cabe recordar que el Ministerio Público también investigaba al expresidente Alan García por casos como el del Tren Eléctrico y Lava Jato. Sin embargo, la acción penal se extinguió tras el fallecimiento de García Pérez en el 2019. El fugaz mandatario Manuel Merino, quien asumió interinamente el cargo en noviembre del 2020 y renunció a los cinco días de protestas ciudadanas en su contra, fue investigado por la Fiscalía de la Nación y posteriormente denunciado constitucionalmente ante el Congreso. Sin embargo, este último desestimó la denuncia y archivó la posibilidad de una acusación.

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, es aún procesada por el presunto financiamiento ilícito de su campaña por el ‘No a la Revocatoria’ y de su campaña de reelección del 2014. Sobre estos casos ya la fiscalía ya presentó acusación contra Villarán de la Puente. Adicionalmente, la exburgomaestre está incluida en una investigación preparatoria por el proyecto Línea Amarilla.

De todos los procesados, quien tiene más días en esa calidad es la excandidata presidencial Keiko Fujimori. El Ministerio Público la investiga principalmente por los presuntos aportes ilícitos a sus campañas del 2011 y del 2016 y supuesto lavado de activos también su campaña electoral del 2021.

Un sistema defectuoso

En diálogo con El Comercio, el exprocurador Anticorrupción , Iván Meini, refirió que la constante vinculación entre políticos de alto rango y presuntos actos contra la Administración Pública y otros ilícitos “es, en gran parte, reflejo de las fallas del sistema”. Meini advierte que “no hay suficientes filtros a nivel de los partidos ni tampoco del propio Estado, bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, para, por ejemplo, prevenir la corrupción”.

“Los mecanismos de control son, lamentablemente, ineficientes. Las exigencias de transparencia y rendición de cuentas, que son los criterios elementales en el derecho internacional para prevenir y combatir la corrupción, son bastante endebles en el Perú. Adicionalmente, diría que un cargo público siempre debería demandar un entorno profesional muy honesto, pero esto se ve en riesgo de corrupción más aun cuando es ocupado por una persona que no tiene la preparación ni el compromiso”, expresó el especialista.

Con respecto a la demora en la evolución de las investigaciones (solo el proceso de Ollanta Humala tiene acusación aprobada para juicio oral), Meini señala que hay dos elementos principales: la complejidad de los casos y la organización del propio Ministerio Público.

“Ciertamente, son casos complejos, en los que se investiga a varias personas en presuntas organizaciones criminales. Además, algunas de estas personas están protegidas con ciertas prerrogativas o antejuicios [como expresidentes], y la investigación en sí es compleja porque se trata de flujos de dinero que han entrado y salido del país y no siempre es fácil rastrear ese tipo de información. Pero, al mismo tiempo, diría que también la propia organización del Ministerio Público no es la mejor. En mi concepto, el Ministerio Público, al menos para estos casos, no tiene un enfoque estratégico que permita priorizar ciertos casos de corrupción que son estratégicamente relevantes”, explicó.

Meini advierte, en ese sentido, que la Fiscalía no suele contar con la misma capacidad de herramientas que las defensas técnicas de los investigados más poderosos.

“Si uno compara la cantidad de fiscales y el apoyo especializado que puedan tener de peritos contables, financieros, económicos y de traductores con el equipo profesional que suelen tener las defensas de los investigados, es evidente que no hay una igualdad de armas. El Estado debería no solamente crear equipos especiales, sino descargar a estos fiscales de casos que no son estratégicamente esenciales e integrarlos no solamente con fiscales o abogados penalistas, sino con un equipo interdisciplinario”, dijo.

El también exprocurador Antonio Maldonado coincidió en que la degradación del sistema político contribuye al problema y señaló que la excesiva demora para resolver los procesos “se convierte eventualmente en un factor para la sensación de impunidad”.

“Yo, por ejemplo, pensaba que luego de la experiencia Fujimori-Montesinos, iba a ser difícil que en el Perú se repitiese un caso de corrupción en gran escala como el que vimos en ese momento. Sin embargo, el estallido del caso Lava Jato, que salpicó a casi toda la región latinoamericana, y los casos de aparente corrupción que se fueron sucediendo en el país prueban que no hubo un quiebre. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, solo en el caso Lava Jato y la gran repercusión que tuvo sobre varios expresidentes peruanos, resulta lógico concluir que el sistema de nuestro país facilitó las condiciones para que las personas involucradas actuaran de manera tan confiada y tan profunda”, subrayó.

Maldonado añadió que la independencia judicial es también clave en la calidad de las indagaciones y el avance de los procesos.

“Es elemental que los jueces y los fiscales se guíen y estén sujetos a criterios de independencia en sus decisiones y en su trabajo en general. Lamentablemente, en los últimos años, también hemos sido testigos de cómo el sistema judicial tiene malos elementos y malas prácticas, y un ejemplo claro es el caso Cuellos Blancos, con magistrados movidos por intereses particulares, corrupción y acercamientos políticos. Del Poder Judicial y de las fiscalías depende el combate a la corrupción y la persecución el delito y, por lo tanto, su independencia es clave”, señaló.