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El Poder Judicial rechazó un recurso del congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) con el que pretendía acceder a la carpeta del caso Los Operadores de la Reconstrucción. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria desestimó la tutela de derechos porque no es considerado como investigado en el caso.
La resolución judicial detalla que Bermejo Rojas solicitó conocer “los cargos fundamentados en su contra” ya que conoció sobre esta investigación recién el 17 de agosto, cuando los medios de comunicación informaron sobre la detención de Robert López López, ex jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (AARC) y otros.
“El acceso a las carpetas fiscales está restringida para el público, por la naturaleza reservada de toda investigación fiscal. Y, como la propia defensa sostiene que agentes del Ministerio Público le han informado que Guillermo Bermejo Rojas no tiene la calidad de investigado, ni se ha dispuesto el inicio de ninguna investigación preliminar en su contra, con ello se evidencia que no hay ningún derecho vulnerado al recurrente ni derecho por tutelar a su favor”, señala la resolución fechada el 25 de agosto.
Guillermo Bermejo no tiene acceso a carpeta de Los Operadores de la Reconstrucción.
Guillermo Bermejo no tiene acceso a carpeta de Los Operadores de la Reconstrucción.
El congresista se puso a disposición de las investigaciones el 18 de agosto pero, a pesar de esto, el 21 de ese mismo mes el fiscal Jorge Mauro García Juárez le rechazó a su defensa legal revisar la carpeta al indicar que no era considerado como uno de los investigados, ni se había establecido diligencias preliminares en su contra.
El juez Leodan Cristóbal consideró esta decisión por parte del Ministerio Público como ajustada a ley porque se deben garantizar los derechos de los investigados, algo que Guillermo Bermejo no es en el caso Los Operadores de la Reconstrucción.
Asimismo, se tomó en cuenta que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción no tienen la prerrogativa para investigar a un parlamentario.
Por estos motivos, el magistrado declaró improcedente el pedido de tutela de derechos.
