Gutiérrez: “Libertad de expresión no puede afectarse así nomás”

Cuando uno ingresa al despacho del defensor del Pueblo, resalta una pizarra con apuntes sobre la libertad de expresión. Y cuando Walter Gutiérrez habla de dicha libertad, alude a la Constitución. También menciona la Carta Magna para revelar su preocupación por el proyecto de ley del Ejecutivo con el que espera reconstruir el país. 

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— El proyecto de ley del Ejecutivo busca crear una entidad especializada para acelerar la reconstrucción. ¿Este será suficiente? 
Preocupa la falta de un enfoque humano en la iniciativa. Esta solo hace referencia a ministerios involucrados en una reconstrucción física, como el de Transportes o Vivienda, y no a los de vocación social. Deben reconstruirse vías, pero también los derechos de las personas. La iniciativa incluso vulnera la Constitución. 

— ¿Cuáles son los visos de inconstitucionalidad?
Cualquier creación del Estado [como la que contempla la norma con la autoridad para la reconstrucción con cambios] tiene como fin satisfacer derechos. El proyecto omite esto y, además, es centralista. El Ejecutivo debe actuar solo si los gobiernos subnacionales no lo hacen. También se busca limitar a la contraloría a una función de acompañamiento cuando su rol de control es de naturaleza constitucional. 

— ¿No se necesita una entidad que lidere la reconstrucción?
La que detalla la norma carece de cuerpo. Está dentro de la PCM y no tiene competencias propias de un ministerio. El fracaso de Forsur [encargado de la reconstrucción por el terremoto de Pisco] se debió a los mismos factores. Si cada vez que se registran desastres se crea una autoridad nueva, los ministerios no ganan experiencia institucional. Los involucrados en la reconstrucción deberían ganar experiencia en prevención y gestión de desastres, pero la norma no contribuye a ello. Parece que se hizo de forma apresurada. 

— El Gobierno redujo el presupuesto inicial de prevención de desastres porque “no se esperaba un fenómeno de El Niño”. 
Reducir el presupuesto de prevención y gestión de desastres demuestra que no estaba entre sus prioridades. No es una excusa decir: “No lo esperábamos”. Por el contrario, revela desconocimiento de la vulnerabilidad del Perú ante diversos desastres y una visión deshumanizada. 

— Hace poco se hizo pública la violación de una mujer en una discoteca. ¿Cómo ponerle fin a la recurrente violencia contra la mujer? 
En el 2016 recibimos 5.500 denuncias y, de las 1.100 registradas entre enero y febrero de este año, el 94% de los casos las víctimas eran mujeres. Son cifras agraviantes. Enviaremos un oficio para participar de forma activa en el caso y volverlo emblemático. No solo se violó a una mujer, sino también su privacidad al difundir el video y, además, existe una potencial omisión de denuncia. El dueño del local debió ser el primero en denunciar el hecho. 

— ¿El discurso contra la violencia incluye a la comunidad LGTBI? Pregunto por la derogación de decretos legislativos vinculados a la violencia de género. 
Defendemos los derechos de todos los peruanos. La Comisión de Constitución del Congreso señaló que la derogación se debió a un tema de forma y no me manifestaré sobre eso. Sin embargo, no es una excusa para excluir a personas que también merecen ser respetadas. Veremos qué hace el Congreso ahora. En función de ello, daremos el siguiente paso. 

— ¿Existe una ideología de género en el Perú? 
No existe una ideología de género, sino una visión de igualdad. Al igual que la libertad, este es un derecho fundamental. 

— Una de las libertades es la de expresión. Según la defensoría, el proyecto de control de medios presentado por Úrsula Letona y Alejandra Aramayo vulneraba ese derecho. 
La libertad de expresión es una de las bases del sistema democrático. La libre circulación de ideas y la libertad de opinión son esenciales.

— La nueva versión del proyecto no le prohíbe a investigados por corrupción ocupar cargos en medios de prensa, pero sí a sentenciados. ¿Esto modifica su postura? 
La versión anterior era un contrasentido. Pretendía, supuestamente, defender la libertad de expresión y, a la vez, la hería de muerte. Pronto publicaremos un informe sobre la nueva versión, pero tendrá la misma base que el anterior. El debate público es fundamental para la libertad de expresión. 

— Para algunos, el debate debe darse en el Congreso. 
Esa es una visión limitada. El debate sobre este tema debe darse en todos lados y de una vez, porque sino será recurrente. Quien niegue el debate no cree en la libertad de expresión. Por más deleznables que sean algunos argumentos, debatamos y ganemos. 

— ¿La nueva versión del proyecto es constitucional? 
Esto no es un adelanto de opinión, pero la libertad de expresión es un derecho preferente. No se le puede afectar así nomás. La Constitución habla de “libertad de expresión sin ningún impedimento” y así debe ser. 

— Usted sugirió incautar los bienes de Odebrecht. ¿Cómo evalúa la estrategia utilizada por la fiscalía y el Gobierno en ese caso? 
Hemos avanzado al ritmo de información extranjera. Antes de que el Perú se ponga las pilas, Odebrecht liquidó activos en el país. Varias concesiones se vendieron y el dinero ingresó a la empresa. Esa falta de velocidad nos lleva, a veces muy ideologizados, a tomar decisiones que son buenas para la primera plana, pero no para la investigación. 

— ¿Odebrecht debe irse del país?
Muchas empresas del mundo fueron sancionadas por corrupción y siguen operando. Una empresa es más que sus dueños. No se trata de promover la corrupción, sino de sancionar a los responsables y resarcir el daño.