El coronel PNP Harvey Colchado —líder del grupo de policías que apoya al equipo especial de fiscales a cargo de las investigaciones al entorno del presidente Pedro Castillo— acudio a la citación de la Inspectoría General de la Policía Nacional. (Foto: Hugo Curotto)
El coronel PNP Harvey Colchado —líder del grupo de policías que apoya al equipo especial de fiscales a cargo de las investigaciones al entorno del presidente Pedro Castillo— acudio a la citación de la Inspectoría General de la Policía Nacional. (Foto: Hugo Curotto)
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Karem Barboza Quiroz

La Inspectoría de la inició un proceso administrativo-disciplinario contra el coronel PNP —coordinador del equipo policial que apoya al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder— como parte de la denuncia que presentó en su contra el presidente por la intervención a Palacio de Gobierno en la que se buscó detener a su cuñada Yenifer Paredes.

Así lo informó el abogado Luis Naldos, quien el lunes pasado acompañó al coronel de la policía a fin de que ambos sean notificados sobre las acciones preliminares que podrían concluir en una sanción en contra de Colchado Huamaní.

“Hemos asistido para la notificación al coronel Colchado del inicio de un proceso administrativo-disciplinario que nosotros consideramos violatorio de la Constitución”, comentó el abogado.

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En declaraciones a El Comercio, Naldos Blanco indicó que tienen hasta cinco días hábiles para responder a las imputaciones. Agregó que esta etapa tiene un plazo de hasta 30 días hábiles a fin de que se realicen diligencias para verificar si la denuncia contra Colchado tiene asidero o no; y determinar si se formaliza el proceso.

“Es como en una investigación fiscal, haciendo la analogía; en esta es la [etapa] de diligencias preliminares para luego iniciar el procedimiento de formalización propiamente dicho”, explicó.

El pasado 25 de agosto, el por presunta falta grave por haber participado en el allanamiento a la residencia presidencial el 9 de agosto, diligencia que tenía como objetivo la búsqueda y captura de su cuñada Yenifer Paredes. Con dicho recurso busca que sea destituido de su institución.

Los cargos específicos por los que fue notificado Colchado son tres: un supuesto ejercicio de violencia contra otros miembros de la Policía Nacional, su presunta participación en actividades políticas y un supuesto abuso de autoridad.

Todo ello fue rechazado por el abogado del oficial, quien aseveró que la denuncia “no tiene ningún fundamento jurídico”.

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Naldos Blanco remarcó que existe una investigación en trámite a cargo de la fiscalía y que esta ha contado con la intervención judicial (la disposición del juez que ordenó el allanamiento a la residencial presidencial), por lo que otra autoridad —como la Inspectoría de la PNP— no puede intervenir para cuestionar o investigar el desarrollo de la diligencia.

“Pretender que una autoridad administrativa, subordinada al Poder Ejecutivo, abra un procedimiento paralelo para discutir este tema, cuando debería hacerse ante la autoridad competente, implica un avocamiento indebido que está prohibido expresamente en la Constitución”, indicó.

El abogado constitucionalista Luciano López anunció que desde el lunes pasado se sumó a la defensa de Colchado, en el proceso disciplinario que calificó de “un abuso de poder”.

De acuerdo a una nota de prensa de su estudio de abogados, el constitucionalista asumirá la defensa ad honórem del derecho que tiene el coronel “a la permanencia en el ejercicio de la función pública que desempeña”.

“[López] coadyuvará con el patrocinio del coronel Colchado —a cargo del abogado Luis Naldos— en el procedimiento administrativo-disciplinario que de manera indebida —y en claro abuso de poder— se ha iniciado a propósito de la denuncia formulada contra él por el presidente de la República Pedro Castillo”, dijo.

Avocamiento ilegal

El abogado penalista Carlos Caro consideró que la decisión de iniciar las acciones preliminares de un proceso administrativo-disciplinario contra Colchado es “un hecho absolutamente atípico” puesto que no existe la tipicidad administrativa que se daría por presuntamente haber infringido la regulación disciplinaria policial. No obstante, “no la hay porque él [Colchado] ha actuado bajo la orden de un juez”.

“El artículo 20, numeral 8, del Código Penal indica que no hay responsabilidades cuando se actúa en ejercicio de un deber, en cumplimiento de la ejecución de una resolución judicial. Entonces, cualquier presunta irregularidad tendría que ser reclamada ante el juez. La policía, la inspectoría, no se puede avocar al caso porque está judicializado. En todo caso es un avocamiento ilegal de la policía sobre algo que debe de controlar el juez”, remarcó.

En la víspera, este Diario informó que el coronel PNP (r) Juan Asmat Bucalo y el general PNP (r) Ricardo Trujillo Cornejo renunciaron a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) debido a presuntas presiones para obstaculizar la labor de Colchado.

Apoyo policial

El 18 de julio del 2022, vía una resolución ministerial, se formó el equipo especial de la policía “en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder”.

La creación del grupo policial fue a pedido de la fiscal superior coordinadora, Marita Barreto.

El coronel PNP Harvey Colchado fue designado coordinador del equipo policial.

Como parte de sus labores, el equipo policial apoyó a la fiscalía en diligencias y detenciones, sustentadas en órdenes judiciales.