La pelea imposible de cancillería. Una crónica de Fernando Vivas

>El caso del ‘octavo consejero’.

“AMLO y Petro ya no son el problema, sino la Unión Europea, Estados Unidos, la comunidad internacional”, me dice un ex canciller. La actual canciller Ana Cecilia Gervasi estuvo muy firme acompañando a Dina Boluarte en su mensaje a la nación, anunciando el retiro de nuestro embajador de México. ¡Cómo no protestar ante la retorcida narrativa de López Obrador que pinta a Pedro Castillo como víctima de una barbarie peruana!

Algunos amigos diplomáticos están satisfechos y aplauden estas réplicas nacionalistas dirigidas por su cancillería. Pero, por lo menos dos ex cancilleres, con mucha serenidad, me recuerdan que el éxito de la diplomacia no está en saber dar la bronca sino en evitar que esta suceda y escale. “Si nos queremos aislar, entonces está bien lo que se está haciendo, ¿pero eso es lo que queremos?”, se pregunta uno de ellos. La respuesta oficial es no, pues desde el día cero de su débil gobierno, Boluarte ha buscado el respaldo de sus pares del mundo.

Alerta en Ginebra

La canciller Ana Cecilia Gervasi tenía, desde hace semanas, un viaje programado a Ginebra, del 25 al 28 de febrero, para asistir a la inauguración de un periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Es normal invitar a cancilleres en esas ocasiones. Lo que es excepcional es que esa misma canciller, un día antes de partir, el 24 de febrero, reciba un pedido de varios relatores y grupos de trabajo en distintas áreas de OACNUDH (ONU para los derechos humanos con sede en Ginebra) conminándola a responder en 60 días acusaciones de que el Perú está violando derechos humanos.

El pedido, trasmitido por la funcionaria de OACNUDH, Beatriz Balvin, a través de nuestro embajador en Ginebra, Luis Chuquihuara; no estaba asociado a la visita. Era una coincidencia. Una fuente de cancillería, experta en el tema, me insiste en que, aunque tramitado a través de ellos, no es un pedido de la mismísima OACNUDH ni de su jefe Volker Turk; sino de los relatores, que son personalidades independientes. Ninguno de ellos ha hecho una visita oficial al Perú, de modo que se basan en fuentes mediáticas y de organizaciones que sí han hecho informes in situ, como Amnesty International (AI).

Una nota aparte sobre AI: Aquí, tras sus advertencias enfáticas sobre violaciones de DDHH, no se le hizo mucho caso, y se la trató como una ONG alarmista. Pero es muy respetada en la comunidad internacional, de ahí que pidieron al gobierno de España que suspenda la venta de material antidisturbios a la PNP. ¡Y España les hizo caso!. Lo ha contado el canciller español José Manuel Albares y, con fastidio, nuestro ministro del Interior, Vicente Romero, ha admitido que se cortó ese suministro.

Volviendo al documento de los relatores, este menciona puntos cruciales: Uso excesivo de la fuerza, incluyendo disparos de balines y bombas lacrimógenas apuntando al cuerpo de manifestantes; muertes ilícitas; faltas al debido proceso, dificultando el trabajo de abogados de los detenidos; detenciones arbitrarias y al menos un caso de alegada desaparición forzada; uso indiscriminado de la legislación antiterrorista; debilidad y morosidad en el trabajo de la fiscalía. Todo esto está mencionado en condicional pues, como repito, los relatores se han basado en fuentes secundarias y piden que el gobierno les informe que hace para evitar y reparar las alegadas violaciones.

Negar y negar

Lo de Ginebra es apenas un susto comparado con lo que se ha preparado en Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita entre el 11 y 13 de enero. El grupo que nos visitó estuvo presidido por el relator para los DDHH, Stuardo Ralón. Entrevistaron a mucha gente. Según mis fuentes, el informe llegó a cancillería a comienzos de la semana. El gobierno tiene 15 días para aportar al documento de la CIDH con respuestas u observaciones, que la comisión podrá o no incluir en el texto definitivo que se difundiría unos días después de que Perú lo devuelva a Washington.

No me han dado detalles del contenido, que podría ser entre moderado y muy severo, pero en cualquier caso va a obligar a Palacio de Gobierno y a Torre Tagle a mencionar al elefante que oculta en sus comunicados: 48 muertos, con varios indicios documentados de que algunos de ellos fueron víctimas de uso desmedido e ilegal de la fuerza.

Hasta ahora el mensaje oficial hacia los organismos de derechos humanos ha sido ‘vengan e investiguen, los respetamos y cumpliremos lo que nos digan’. Recién, el gobierno se encararía con recomendaciones, exhortaciones y quizá imputaciones de una comisión que fue invitada a investigar in situ. Los tuits y comunicados sobre el viaje de Gervasi a Ginebra la muestran apretando manos y saludando la preocupación internacional por el Perú; pero no admiten ni una sola violación a los DDHH, ni informan de procesos y sanciones.

Mira: Canciller Gervasi estuvo en evento en Ginebra.

La canciller Gervasi, en sus comunicados y declaraciones, refiere que el Ministerio Público (MP) investiga con autonomía, pero no cuenta qué se ha hecho, desde el gobierno, para ayudar al MP a fortalecer las fiscalías provinciales que no cuentan con sólidas divisiones especializadas en derechos humanos. Algunos fiscales tienen que investigar, a la vez, a manifestantes por terrorismo y a policías por violar derechos. Recién el jueves apareció la fiscal de la nación, Patricia Benavides, acusando recibo del documento de Ginebra, describiendo los esfuerzos para fortalecer sus fiscalías especializadas en DDHH. No quedó claro si, en todos los casos, se refería a esfuerzo ya realizados o por realizar.

El pronóstico de mi amigo ex canciller tuvo un anticipo el miércoles 1: Se supo que Brian Nichols, ex embajador de EE.UU. en Lima y actual funcionario del departamento de estado (cancillería gringa), en una charla en The George Washington University, dijo: “Esperamos que la presidenta Boluarte y el Congreso puedan llegar a un acuerdo para adelantar las elecciones y que los peruanos puedan confiar en la democracia”. Ergo, EE.UU., en la voz de su funcionario ad hoc para la región, veía insostenible el sueño de quedarse al 2026 y, antes que lanzar críticas al gobierno, prefiere sumarse al coro del adelanto de elecciones. Sin embargo, a pesar de que ni gobierno ni cancillería lo acusaron de injerencista, Nichols lanzó luego este Twitter: “EE.UU apoya las elecciones libres, justas y un proceso pacífico en el Perú, con respeto por los DDHH y el Estado de Derecho. El gobierno y el pueblo del Perú decidirán el momento de sus elecciones”. Se desdijo, pero ya sabemos que en el fondo, es un adelantista.

La presión internacional, esa que no será tratada como una pachotada de AMLO o de Petro, va a demandar una actitud totalmente distinta de la cancillería. Sin embargo, los límites al equipo de Gervasi no se los pondrá la ONU o la OEA sino el gobierno, que tiene mucho temor en dar pasos que afecten a los mandos policiales y militares. El mismo 1 de marzo, se realizó la ceremonia de reconocimiento a Dina Boluarte como jefa suprema de las FFAA y de la PNP en presencia de los ministros de Defensa e Interior y los comandantes generales del Ejército, Marina, FAP y PNP. ¿Coincidencia? ¿Luego del momento paloma que pasamos con Gervasi en Ginebra, los uniformados impusieron un momento halcón?

Pregunté a una fuente del Ministerio de Defensa, ¿por qué ahora?. Me respondieron que la tradición es hacer esa ceremonia con cada nuevo presidente, en los primeros días de su mandato. En efecto, he verificado que así se hizo con Pedro Castillo y Francisco Sagasti. En el caso de Boluarte, el juramento y las protestas que siguieron fueron tan intempestivas que la ceremonia se fue postergando, hasta que por fin se hizo el miércoles, sin que el 1 de marzo sea una efemérides militar. Digamos, en todo caso, que los halcones tuvieron buen timing.

La jefa suprema de las FFAA, doña Dina Boluarte, va a enfrentar la presión internacional, con informes al canto y va tener que modificar su discurso negacionista de violaciones a los DDHH. Lo más probable, cómo ya ha trascendido en las declaraciones de Otárola a fiscalía, es que nieguen que hubo una voluntad política de reprimir con dureza, sino todo lo contrario, hubo un pedido de evitar muertes como demostrarán en declaraciones pasadas y mensajes de WhastApp. Si no les queda más remedio que admitir excesos, buscarán que sean lo más focalizados posible y restringidos a mandos medios y subalternos, para no pisar los callos de los ministros y comandantes generales que le hicieron recordar que ella era su jefa el 1 de marzo.

Últimamente, se cuida el discurso para no admitir de plano los excesos. Incluso, han dejado de hablar de ‘reparaciones’ a los deudos de las víctimas, cosa que, en efecto se ha hecho con rapidez en algunos casos y las autoridades lo han mencionado con ese nombre. Ahora, se prefiere hablar de ‘compensaciones’, pues el primer término implica una admisión de responsabilidad.

Mira: Gervasi se presentó ante Comisión de Relaciones Exteriores.

El Ministerio de Justicia ha sacado un comunicado –torpe si han seguido este relato- en el que continúan negando excesos y relativizan la autoridad de los relatores de la ONU. De paso, le ponen límite al papel de la cancillería. Esta simplemente correrá traslado a los organismos internacionales de las respuestas que le pase el Minjus que, a su vez, recibirá los insumos de la PNP y las FFAA. Veremos si la cadena de negacionismo se rompe en el camino o se estrella contra las evidencias que habrán recogido los visitantes.

¿Y la CAN?

Hay guerritas que sí le gusta pelear a Gervasi y a su equipo. Alguien que la conoce bien me la describe como “una canciller de armas tomar, pero con un buen ‘expertise’ en la diplomacia comercial, no en lo que se requiere ahora”. Con AMLO hemos pasado por varias fases dramáticas de las relaciones exteriores no comerciales: notas de protesta, llamado al embajador mexicano, expulsarlo del país, retiro de nuestro embajador y de nuestro cónsul. Pero AMLO sigue ganando la guerra, porque tiene en la mano, junto con Gustavo Petro de Colombia, un arma que se la dio el Congreso peruano: la presidencia pro témpore que le corresponde al Perú en la Alianza del Pacífico.

¿Qué culpa tiene el Congreso? Que por una gratuita pose anticastillista, le negó a Castillo el permiso de viaje a México para recibir esa posta en noviembre pasado. De haber ido, AMLO no tendría esa arma para esgrimirla contra el gobierno de Boluarte. En aquella oportunidad, AMLO se ofreció, incluso, a venir a entregar la posta a Castillo, pero nuestra coyuntura se calentó en demasía y escaló hasta el golpe y vacancia. El pronóstico es que no van a soltar la prenda hasta que haya una distensión. Sino hay un trabajo diplomático a contracorriente del actual, buscando las paces; sino hay intervención de mediadores; o sino ocurre un hecho de transición como la aprobación del adelanto de elecciones; difícilmente México la soltará.

Hay otra prenda, pero no la tiene México, sino Perú a pesar de Colombia y Bolivia. Se trata de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El Perú ya la tomó de manos de Ecuador en agosto pasado, en la XXII Cumbre Presidencial en Lima, en presencia de Gustavo Petro de Colombia, Luis Arce de Bolivia y Gustavo Lasso de Ecuador. Fuentes me contaron que, por el feo que le hacen Petro y Arce a Boluarte, Perú no puede ejercer a plenitud su presidencia. Consulté este tema puntual a cancillería, y la embajadora María Eugenia Echeverría, me respondió que sí hay grupos de trabajo con los 4 países que funcionan normalmente y me dio un amplio listado de sus iniciativas.

Resulta que, por coincidencia, este año le toca a un peruano asumir la secretaría general de la CAN. Cuando Ecuador dio la posta a Perú, Castillo propuso que el secretario fuese Manuel Rodríguez Cuadros, entonces embajador ante la ONU. Sin embargo, la embajadora Echeverría, me dijo que, en efecto, corresponde que para el periodo 2023/2028 “la secretaría general sea ejercida por una personalidad de nacionalidad peruana. Aún no se ha definido esa personalidad”. La CAN, ciertamente, influye poco y nos ha forzado a cargar con un estéril Parlamento Andino; es tan solo otro frente de fricción con los vecinos inamistosos.

La gran comunidad internacional representada en la ONU y la OEA, que no tiene animadversión ideológica contra el gobierno, necesita ser informada por cancillería con equilibrio y sin negacionismo. Por lo pronto, entre el viernes y el martes 7, la ONU patrocina en Ginebra, una reunión de los ‘treaty bodies’, para ver el caso peruano. Se trata del cuerpo de expertos que monitorean el cumplimiento de los tratados internacionales. El embajador Chuquihuara estará presente. Gervasi y su equipo tienen que convencer a Boluarte de que no es momento de ponerse halcones sino de cambiar de discurso y admitir algunas amargas verdades.