Como una especie de causa-efecto, esta semana se cambió una vez más a la cabeza del Ministerio de Educación (Minedu), luego de que la ministra saliente se mostrara abiertamente en contra de una norma aprobada por el Congreso para incorporar a profesores interinos a la Carrera Pública Magisterial (CPM). Marilú Martens, quien ocupó ese cargo entre diciembre del 2016 y setiembre del 2017 y actualmente dirige la organización CARE Perú, explica por qué es importante defender esta reforma, y reflexiona sobre el diálogo que necesitamos como país para asegurar la educación de calidad para los estudiantes.
—Con el último recambio en el Gabinete ya suman cuatro ministros de Educación en esta gestión. ¿Cómo tener políticas públicas educativas que permanezcan en el tiempo, en medio de tanta inestabilidad?
Es una de las grandes dificultades. Si tú te remontas al año 2000, al 2023 tenemos cerca de 25 ministros, y entre el período del 2018 a hoy, hay más o menos un ministro cada seis meses, es peor aún. Realmente es imposible que una empresa camine bien cambiando a su gerente general cada seis meses. Eso es lo que estamos viviendo hoy, una discontinuidad de la política y la reforma que ha demostrado resultados positivos. Este cambio constante de gobierno, este cambio constante de líder del sector Educación, a quien perjudica directamente es a los más de 8 millones de estudiantes que tenemos en el Perú, en la educación básica, y alrededor de 2 millones en la educación superior.
—El Gobierno dice que se va a continuar con la política promeritocracia. Pero bajo esa lógica no se encuentran motivos que ameriten un cambio en un sector clave. ¿Cómo no leer esto con un canje político?
No quisiera especular al respecto. Me tranquiliza que quien hoy es la cabeza del Minedu [Miriam Ponce] es la viceministra de la gestión anterior, y eso nos asegura, de alguna manera, que la línea de trabajo de priorización en el estudiante se va a seguir.
—¿La norma aprobada por el Congreso afecta la meritocracia en la CPM?
Mira, si no ponemos toda nuestra atención sobre lo que realmente tiene el centro de nuestra política educativa, que son los 8 millones de estudiantes, no vamos a poder superar problemas grandes y graves, que inclusive han crecido con los últimos resultados de la evaluación muestral que alerta sobre el impacto negativo que ha ocasionado la pandemia. Acciones como las que está promoviendo el Congreso lo que hacen es afectar el derecho fundamental a la educación de cada uno de nuestros estudiantes. La priorización en el diálogo constructivo en nuestro país debe girar en torno a nuestros estudiantes. Hay muchas más cosas para mejorar, pero se ha tenido avances importantes y, uno de ellos, es la CPM.
—¿Con la CPM se debe tener como eje central al alumno o al docente? Hay un congresista que indicó que “por encima de la meritocracia” están los derechos de los maestros.
Eso es un gran error. El derecho a una educación de calidad es un derecho fundamental, y está en nuestra Carta Magna. La CPM garantiza que en nuestras instituciones educativas públicas estén al frente de nuestros estudiantes profesores o directores con idoneidad, y que su buen desempeño atienda el derecho fundamental de cada uno de nuestros alumnos.
—La norma aprobada lo que busca es incorporar a la CPM a aquellos docentes que están como ‘contratados’ y, a la vez, crea una prueba excepcional. ¿Cómo impactaría la incorporación de estos docentes?
En el 2022, de estos 14.317 docentes que fueron retirados porque no presentaron título o porque no pasaron la evaluación excepcional que se hizo, 1.813 obtuvieron su nombramiento en igualdad de condiciones que los miles y miles que se presentaron. ¿Por qué si ellos ingresaron de una manera regular, hacer una ley para aquellos que no ingresaron o que no presentaron título o no pasaron la evaluación? Se está haciendo una ley para docentes que no cumplieron con la ley.
“Acciones como las que promueve el Congreso afectan el derecho a la educación”. (Foto: Julio Reaño para El Comercio)
—¿Pero cómo hemos llegado hasta este punto?
En 1984 se crea la Ley del Profesorado, en un momento en donde no teníamos los suficientes docentes para que puedan ir a las zonas más alejadas, rurales o fronterizas. Y se crea esta opción transitoria; lo que se dice es: los docentes que no cuenten con su título o su licencia en educación, pueden ejercer en estas zonas, como una manera de cumplir con el derecho fundamental de los estudiantes. Después, en los primeros años del 2000, se amplía varias veces el plazo para que esos profesores presenten su título, se les ayuda. En el 2007 inclusive conviven dos leyes, la Ley del Profesorado y la Ley de la CPM; y se les llama otra vez para que se titulen.
—¿Y qué ocurrió?
Llega el 2012 y se les dice que va a haber una sola ley de CPM y, además, profesores que están en la modalidad de interinos, que son profesores que no se titularon a pesar de que desde el 1984 le estamos pidiendo, tienen dos años de plazo adicional para mostrar su título y, además, les garantizamos que va a haber una evaluación excepcional. Llega el 2014 y muchos de ellos no se habían titulado. De los 14.863 profesores que estaban en esta modalidad de interinos, se presentaron a la evaluación 5.315, y de ellos ingresaron a la carrera 546. La diferencia, los 14.317, fueron los profesores interinos retirados. Ahora, de estos, hay un gran porcentaje que ya son mayores de 65 años y no podrían haber retornado.
—Justamente, en lo que se insiste desde el Bloque Magisterial es que no van a ser más de 14.000 los docentes que ingresen, sino apenas unos 3.000…
Eso es absurdo. Así sean 1.000 o uno solo, lo que están haciendo es ir contra los derechos de los niños y las niñas en las aulas e ir también contra aquellos profesores –que son miles, de miles– que sí creen en la meritocracia y que han ingresado a la CPM a través del cumplimiento de la ley. Lo que están pidiendo es que haya una excepción, a pesar de todas las facilidades y apoyo que se le dio a este grupo de profesores. Otra cosa importante: se hizo una evaluación de dónde estaban estos profesores, porque tampoco cumplían con la condición de que estén en zonas fronterizas o en zonas rurales. El 50% de estos docentes estaban en instituciones educativas en zona urbana. Esos profesores –cuya condición se había creado para que pudieran atender aquellos espacios que inclusive hoy es difícil poder llevar profesores– estaban en zona urbana. Teníamos profesores en escuelas cercanas al Minedu, en Lima, totalmente desvirtuando [su naturaleza], sin título, teniendo todas las condiciones para haberlo hecho.
—Para tenerlo claro, entonces, ¿esos docentes bien podrían participar y ganar una plaza en evaluación docente e iniciarse en la CPM, sin necesidad de pasar por una ley excepcional?
Sí. Como cualquier docente ellos, cumpliendo con todos los requisitos del proceso de evaluación, pueden ingresar a la carrera. Y una cosa más, porque están tratando de decir medias verdades diciendo que a los profesores se les retiró y después de eso se les contrató inmediatamente, y sí puede pasar porque justamente la evaluación lo que hace es: los profesores que pasaron la evaluación ingresan a la carrera, pero no siempre son suficientes para cubrir todas las plazas de nuestro país. Entonces lo que nos permite la evaluación es que, por orden de mérito, se les pueda contratar.
—Eso se hace a través de la prueba única nacional…
Exacto. Entonces de repente esos 5.000 profesores que dieron la prueba y no la pasaron, hay un orden de mérito y eso cuenta al momento de que el Minedu tiene que contratar para cubrir el resto de plazas.
—Pero eso no los habilita per se para ser nombrados e ingresar directamente a la CPM…
A ningún docente el hecho de haber sido contratados por orden de mérito le da la opción de ingresar automáticamente. Para ingresar a la CPM se deben cumplir los requisitos y uno de esos es tener título, tiempo de desempeño, tienen que pasar por la prueba que es a escala nacional.
—De insistirse con la medida y llegar esto ante el Tribunal Constitucional, ¿puede ordenarse la inmediata incorporación de los cesados? Se dice que ya hay jurisprudencia en el PJ.
[Hablar sobre] Lo que vaya a dictaminar el TC sería especular, y no lo voy a hacer. Lo que sí puedo decir es que hoy nuestro país tiene una CPM que los docentes valoran, y que hoy podemos mostrar muchísimas mejoras en este espacio de desarrollo docente. Hacer una ley para un número de docentes que continuaron el proceso, se titularon, pero no pasaron la prueba excepcional, es atentar contra el derecho de profesores que se evaluaron. La meritocracia, además de revalorizar la carrera docente, los motiva porque pueden ver que al mejorar su desempeño y obtener mejores resultados, el esfuerzo se premia. No podemos dar estos golpes a lo avanzado en una reforma educativa que prioriza al estudiante y se viene implementando hace muchísimos años. Y que hoy, con estas medidas, porque además no es la única, estoy segura se abre la puerta también para todos aquellos docentes que no quieren seguir con lo que la ley dice, porque no quieren competir en igualdad de condiciones.
—Es un poco entrar por la puerta falsa...
Es sacarle la vuelta a un sistema a través de medidas facilistas, populistas.
—Las pruebas de rendimiento realizadas prepandemia y pospandemia lo que demuestran en realidad es una caída en el aprendizaje. ¿En qué áreas enfocarse partiendo de esa premisa?
Hay algo bien importante que son los objetivos que tenemos como país para mejorar la calidad educativa y garantizar educación de calidad y para toda la vida para nuestros estudiantes. En el 2021, la Unesco presentó un informe en el que mostraba que el Perú era uno de los tres países que no presentaban metas o planes de implementación. Somos uno de los países de la región con menor presupuesto en educación. Todo eso se ve reflejado en el logro de aprendizaje, y aún la deuda es mayor en las zonas rurales o de frontera. Fuimos uno de los países que implementó una medida rápida como la plataforma Aprendo en Casa; sin embargo, no hubo una mejora, una evaluación del proceso de implementación, y nos quedamos como uno de los países que se demoró más en abrir sus instituciones. Hay niños –a consecuencia de ese cierre de escuelas– que a los 10 años no sabían leer. En las zonas rurales, más del 80% de estudiantes no logra los aprendizajes en lectura o matemáticas. Si en el 84 se pensó enviar a estos profesores interinos para cubrir esas plazas, creo que hubo un error, porque a quienes debimos enviar fue a los mejores. Es donde más los necesitamos.
—Pero si uno revisa la data del presupuesto destinado a Educación, para el 2024 se habla de más de S/46.000 millones, el más alto en los últimos 10 años. ¿Cómo asegurar que eso, finalmente, llegue al estudiante?
Como país tenemos que plantearnos objetivos ambiciosos y planes implementables que nos garanticen que, definitivamente, vamos a llegar a esa educación de calidad. Y de acuerdo con estos objetivos se debe enmarcar el presupuesto, no se trata de decir más de S/46 mil millones y no presentar metas; además debe haber una rendición de cuentas, porque finalmente el dinero invertido es de la población. Ahora, sí quiero hacer un llamado al sector privado. Existen mecanismos por los cuales la empresa privada puede aportar al cierre de brechas que tenemos hoy. Necesitamos sentarnos como país, no como partidos políticos, no como intereses de profesores que no pasaron la prueba, a pensar en lo que necesitamos para que nuestros niños y niñas de todas las zonas del Perú, puedan tener una educación de calidad y no posterguemos más su desarrollo.
—La nueva ministra de Educación aseguró que se va a observar la norma aprobada por el Congreso que permite el ingreso de profesores interinos a la CPM, pero también dijo que buscaría el diálogo. ¿No es prolongar más la crisis en lugar de zanjarla?
De lo que he escuchado a la nueva ministra entendí que la meritocracia no se va a negociar, que se podrá conversar. Si lo que busca esta ley es el reconocimiento de estos profesores que vienen trabajando desde 1984, si eso es lo que busca, que se busque un beneficio. Pero que no perjudique a nuestros estudiantes. No sé, algún puesto administrativo, pero ponerlo en el aula... Son profesores que no han cumplido con los requisitos de sus competencias para estar frente a nuestros estudiantes. Y yo he vivido esto desde el 2017 que tuve esta famosa huelga, y siempre dejé claro que la calidad educativa, que es derecho de nuestros estudiantes, no se negocia. Podemos hablar de mejorar las condiciones, de los beneficios para los docentes, que hay que reconocer que hacen un trabajo importante, pero no ponerlos por encima de los derechos fundamentales de nuestros estudiantes.
—Pero en el Congreso confluyen sectores que, de alguna u otra forma, han apuntado no solo hacia el magisterio sino también a la reforma universitaria. ¿Cómo gobernar y, al mismo tiempo, tender puentes con estos sectores?
Te puedo hablar en el marco de mi experiencia, porque yo también tenía una mayoría en el Congreso cuyas prioridades no eran la de los estudiantes, que no es fácil. Pero no porque no es fácil vas a dejar de hacerlo. Y hay dos agentes importantes que también tienen que visibilizarse aquí: los mismos estudiantes y padres y madres de familia. Esa es la voz que debe exigir, y exigir lo que es un derecho tanto en educación superior como en la educación básica: educación de calidad. Esto va a impactar positivamente en el desarrollo de nuestro país. Y no seguir hipotecando el bienestar integral de nuestros estudiantes con leyes que no están priorizando su derecho.
