Martha Huatay: Estado Peruano registra muerte de la terrorista de Sendero Luminoso

Huatay Ruiz venía siendo buscada en Argentina -país al que huyó en el 2022- luego de dictarse una orden de prisión preventiva en su contra el pasado 3 de abril. Era acusada de haber ordenado el atentado terrorista de la Calle Tarata de Miraflores, en 1992.

Debido a ello, se dispuso su ubicación y captura internacional y se ofició a las autoridades argentinas para su búsqueda. Sin embargo, días después la policía de dicho país se acercó a la Embajada Peruana en Argentina dando cuenta de los documentos de defunción inscritos en la Municipalidad Provincial de Buenos Aires, entre ellos el certificado médico de defunción y la autorización de cremación.

MIRA: Martín Vizcarra y el ‘Vacunagate’: ¿Cuáles son los argumentos de la fiscal de la Nación para denunciarlo?

Los documentos daban cuenta que la cabecilla terrorista había fallecido en setiembre del 2022, poco después de llegar a Argentina, debido a un “paro cardíaco-insuficiencia cardíaca”.

Luego de una verificación de la autenticidad de los documentos, indicaron a El Comercio fuentes vinculadas a este caso, se procedió a registrar la muerte de la terrorista en el Consulado de Perú en La Plata.

Se trata del acta de defunción inscrita en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) Nro. 02229319 del 14 de abril del 2023. Dicho documento, al que accedió este Diario, está firmado por el cónsul general de Perú en La Plata, Miguel Córdova Cuba.

En esta se ratifica que Huatay falleció el 10 de setiembre del 2022 y que la persona que inscribió la defunción fue Edgar Enrique Mattos Huatay, su sobrino.

Al respecto, el Procurador Antiterrorismo Milko Ruiz, señaló que “independientemente de toda la información” sobre el supuesto fallecimiento de Huatay, “su proceso y orden de captura siguen vigentes”.

“La ley y jurisprudencia de la Corte Suprema establece que solo se puede extinguir la acción penal por muerte contra un imputado, cuando la muerte esté debidamente inscrita en la ficha Reniec o con una sentencia judicial firme de muerte presunta y eso lo tendrá que acreditar en el proceso la parte imputada”, indicó.

El Poder Judicial condenó a Huatay Ruiz a 25 años de cárcel años después de ser capturada en 1992. La sentencia confirmaba su pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso y haber dirigido el Comité Socorro Popular del Perú, brazo legal que dependía de la red terrorista.

Salió en libertad en el 2017 y desde entonces venía siendo investigada bajo la tesis fiscal de que, en su condición de secretaria (primer miembro) del Comité de Socorro Popular de SL, recibió la orden del Comité Central de dicha organización para realizar el atentado con coche-bomba, perpetrado en el calle Tarata en el distrito de Miraflores-Lima el 16 de julio de 1992.

La fiscalía había formalizado la investigación en su contra a mediados del 2022 y junto a ella también incluyó a Flumencio Jayo Díaz, su co-imputado.

La continuidad del proceso judicial contra Huatay Ruiz deberá definirse en instancia judicial, mientras tanto el proceso por el atentado de la Calle Tarata continúa contra Jayo Díaz por el presunto delito de terrorismo agravado.

La Procuraduría Antiterrorismo solicitó en enero pasado que Huatay Ruiz y Jayo Díaz paguen S/2 millones de reparación civil a favor del Estado en el proceso del atentado de Tarata.

Alias camarada ‘Jorge’, en su condición de tercer miembro del Comité de Socorro Popular de la SL, y responsable del Departamento de Familiares, habría recibido la orden para realizar el atentado con un coche bomba el 16 de julio de 1992, según la imputación fiscal.

El pasado 25 de marzo fue capturado por la Policía en cumplimiento de una orden de prisión preventiva por nueve meses dictada en su contra por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Al igual que Huatay fue condenado a 25 años de cárcel por su pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Recientemente, el juez Jorge Chávez Tamaríz ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de un equipo celular y un dispositivo USB incautados a Flumencio Jayo Díaz el día de su captura.

Esto, en el marco de una nueva investigación contra Jayo Díaz por el presunto delito de ‘afiliación a organizaciones terroristas’ en agravio del Estado, que la fiscal Ketty Garibay Mascco abrió en su contra el 28 de marzo.

Y es que, según las pesquisas de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), alias ‘Jorge’ habría estado vinculado en las protestas en Ayacucho a fines del 2022 y que estuvieron encabezadas por dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho-FREDEPA y la Nueva Fracción Roja de la organización terrorista Sendero Luminoso.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo pidió dicha medida a fin de que se autorice a la PNP la visualización y extracción de información e imágenes sobre las llamadas, mensajes de voz, texto y WhatsApp, así como números de contactos, fotografías, redes sociales y aplicaciones descargadas en el equipo celular y dispositivo USB.

Según el Informe N° 012-2023-DIRCOTE-PNP/DIVOES-DEPOTC del 27 de marzo de 2023, remitido por la División de Operaciones Especiales de la Dirección contra el Terrorismo, el teléfono celular y el USB fueron incautados al contener presuntamente información de carácter terrorista y de interés para la fiscalía por lo que se lacraron y se colocaron en cadena de custodia.

Luego, a través del Informe N° 014-2023-DIRCOTE- PNP/DIVOES-DEPOTC del 2 de abril de 2023, se da cuenta de la comunicación brindada por un informante que vinculó a Jayo Díaz con los dirigentes del Fredepa de Ayacucho y la Fracción Roja de SL.

El fin, se destaca en el informe, sería controlar el Comité Principal de la organización terrorista en dicha región, debido a su condición de antiguo dirigente del organismo “Socorro popular” a fin al “Pensamiento Gonzalo”.

“Mediante ‘acta de recepción de información’ proporcionada del informante ‘BETO’ de fecha 27 de julio del 2022, se detalla el trabajo orgánico que habría pretendido impulsar el Investigado Flumencio Jayo Díaz, en coordinación con otros integrantes de la Nueva Fracción Roja de la OT-SL como es la investigada Rocío Leandro Melgar, dirigente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho-FREDEPA en la provincia de Huamanga, con la finalidad de controlar el Comité Principal de la citada OT en la región de Ayacucho.”

FISCALÍA

Por ello, agregaron desde la fiscalía, “existe alta probabilidad de la existencia de comunicaciones” entre los investigados Rocío Leandro Melgar, Alex Miguel Gómez Falcon, Estefany Jhazmin Alanya Chumbes, Alejandro José Manay Pillaca, Piero Giles Gamboa, Fernando Quinto Cuba, Yulisa Gómez Ayala y Clido Arturo Canales Tentalean con el número telefónico incautado al investigado Flumencio Jayo Diaz.

“Dichas coordinaciones tendrían por finalidad la organización de los eventos de interés para la Nueva Fracción Roja de la OT- “SL”, en la provincia de Huamanga - Ayacucho, con los cuales se demostrarían el presunto desarrollo del “trabajo partidario” a favor de la OT-“SL”, utilizando como “fachada” a la organización del FREDEPA”, señaló la fiscalía.