Piden que narcotráfico sea considerado delito de lesa humanidad

El magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Calle Hayen propuso hoy en Bogotá  que los casos de narcotráfico y minería ilegal sean considerados delitos de lesa humanidad por el enorme daño que causan a la sociedad y su consecuente corrupción de funcionarios que debilita a las instituciones democráticas.

“La droga y la minería ilegal causan el mayor daño a nuestra sociedad, porque intervienen en nuestro sistema democrático, corrompe a nuestra instituciones y a sus integrantes, además del drama de muchas familias angustiadas”, manifestó el jurista peruano durante su intervención en el pleno del Parlamento Andino.

La presencia de Calle Hayen en la sede del Parlamento Andino se debe a que fue condecorado por esa institución por su trabajo realizado en la docencia y carrera profesional.

El magistrado explicó que tener valores democráticos es saber entender que las personas tienen límites en sus funciones. “Debemos cuidarnos de atacar la institución, porque al fin y al cabo ahí están los hombres que deben responder por lo que hacen bien o el mal”, manifestó.

En ese sentido, Calle sostuvo que es el momento del Parlamento Andino para que sus iniciativas sean debatidas en los poderes legislativos de cada país miembro y tener el carácter vinculante de sus decisiones.

“Lo más importante, es que puedan ser tomadas en cuenta, rechazadas o mejoradas, pero luego de un debate en el congreso nacional de cada país y propuesto por uno de sus voceros andinos”, detalló.

Calle Hayen, recibió la Medalla de la Integración en el Grado da Gran Cruz por el presidente del Parlamento, Pedro de la Cruz, en una ceremonia que contó con la presencia de las representaciones diplomáticas de los países miembros de subregión andina.

En el acto protocolar estuvo la delegación peruana ante el foro subregional andino: el vicepresidente Javier Reátegui y los parlamentarios Rafael Rey, Hildebrando Tapia, Alberto Adrianzén e Hilaria Supa.

Calle permanecerá como miembro titular del Tribunal Constitucional hasta el 3 de junio, fecha en que se juramentará a los seis nuevos miembros que fueron elegidos por el Congreso de la República de Perú.