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El Ministerio Público recurrió al Poder Judicial (PJ) con la finalidad de que se ordene al Ministerio de Defensa (Mindef) entregar la documentación vinculada al planeamiento estratégico para contener las protestas registradas en la toma del Aeropuerto de Ayacucho, durante los días 15 y 16 de diciembre del 2022, cuando se registraban protestas sociales.
A través del escrito N° 15338-2023, la Fiscalía Provincial Penal del Equipo de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales realizó el requerimiento señalando que el pedido directo a la Comandancia General de la Segunda Brigada de Infantería Wari – Sede Ayacucho había sido denegado alegando su carácter de “reserva”.
“Presentado por fiscal provincial penal del Equipo de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, solicita que este Despacho ordene la entrega a la fiscalía copia certificada o autenticada del informe sobre el uso de armas de fuego, presentados al término de la ejecución de la orden de acciones militares en otras situaciones de violencia – OSV en Apoyo a la PNP No 10-2 Brig Inf. documentación que detalla en su requerimiento”, señala la resolución judicial obtenida por El Comercio.
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El pedido será analizado en una audiencia el próximo 22 de junio, por el juez Leodán Cristóbal Ayala del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que fijó la diligencia para las 03:00 de la tarde.
Fueron emplazados el Ministerio de Defensa a través de su Procuraduría, así como la Comandancia General de la Segunda Brigada de Infantería Wari – Sede Ayacucho y el Ministerio Público.
Para la fiscalía, la información solicitada es trascendente en las investigaciones seguidas por la muerte de diez personas en el contexto de las protestas sociales registradas en dicha región.
Por ello, sustentó su pedido en el artículo 165° del Código Procesal Penal, que establece que “cuando la información ha sido clasificada como secreta o reservada, el juez, de oficio o a solicitud de parte, en tanto considere imprescindible la información, requerirá la información por escrito”.
Este Diario solicitó la versión del Mindef, pero al cierre de esta nota, no respondieron.
A fines de mayo, el ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que las Fuerzas Armadas (FF.AA) y la Policía Nacional manejan documentos de carácter “secreto y reservado” y cuando eso pasa, los mismos “van de persona a persona”.
“Si en algún momento, la autoridad judicial lo tenga que solicitar, obviamente será así, pero tenemos que respetar lo que dice la Constitución del Perú. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se rigen por sus leyes y reglamentos. Se tiene que respetar los espacio de cada institución”, anotó Romero entonces.
Mientras que, la presidenta Dina Boluarte, solicitó dejar al Ministerio Público que haga su trabajo de investigación, dentro de “su autonomía y sus funciones”.
“Nosotros, como Ejecutivo, les daremos todas las facilidades. Ya le hemos transferido un incremento de presupuesto para que puedan agilizar y puedan trabajar en ese término de investigación”, dijo.
