La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó S/10 millones como monto de reparación civil, de manera provisional, en contra de Vladimir Cerrón y otros investigados por el presunto financiamiento ilícito del partido político Perú Libre (PL).
El requerimiento se sustentó en una audiencia judicial realizada este martes, ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del juez Leodán Cristóbal, quien evaluó el pedido de la procuraduría para constituirse como actor civil dentro del proceso de investigación.
Según la investigación del Ministerio Público, en este caso se imputa a los investigados los presuntos delitos de lavado de activos y crimen organizado.
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Junto al expresidente regional de Junín se encuentran comprendidos su hermano Waldemar José Cerrón Rojas, Richard Fredy Rojas García, el actual congresista Guido Bellido Ugarte, Arturo William Cárdenas Tovar, Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique, José Eduardo Bendezú Gutarra, el Partido Político Nacional Perú Libre (antes Movimiento Político Regional Perú Libre y Partido Político Perú Libertario). Además, Eduardo Daniel Reyes Salguerán, Marina Asunción Vásquez López, Francisco Muedas Santana y Bertha Rojas López.
Se sustenta en desbalance
El procurador anticorrupción adjunto Milton Vílchez Grández indicó que el pedido de S/10 millones como monto resarcitorio provisional se elaboró de manera justa y proporcional. Precisó que este es por el daño “extrapatrimonial” que se habría irrogado al Estado y que no había un daño patrimonial.
“En síntesis, es nuestra pretensión civil, para todos es 10 millones de soles. Nueve millones por el delito de lavado de activos y un millón de soles es por concepto de organización criminal por daño extrapatrimonial, todo eso por daño extrapatrimonial.”
Milton Vílchez Grández, procurador anticorrupción adjunto
Sustentó su requerimiento señalando que la solicitud para constituirse como actor civil es pasar de la condición de “agraviado” hacia la calidad de “sujeto procesal” y sus facultades.
Y, para sustentar el monto provisional, señaló, tuvieron como base el Informe Pericial Contable Nro. 401-2022 MP-FN-CG-PERIT de 27 de octubre del 2022, en el que se dio cuenta sobre hallazgos, a modo de sospecha reveladora, de un desbalance patrimonial por parte de los investigados en el caso.
Vílchez Grández remarcó que en esta instancia de la investigación no es necesario probar los hechos imputados, ya que basta la sospecha reveladora imputada por el Ministerio Público.
Milton Vílchez Grández
Procurador Anticorrupción adjunto:
“Los montos que ya señalamos, nueve millones por lavado de activos y un millón en organización criminal. Si esto es justo o injusto, es materia de acusación, pero no es de libre albedrío de esta parte, porque lo hemos hecho sobre el informe pericial que se les corrió traslado, y ahí se encuentran los elementos reveladores de estos desbalances patrimoniales que a la fecha se encuentran acreditados en este estadío.”
Así entonces, señaló, sobre el presunto delito de organización criminal, esta habría utilizado la estructura política de PL y sus denominaciones previas, desde la etapa de su constitución en 2008; su constitución final ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 2010, el inicio de sus actividades políticas entre 2011-2014 con el primer período de Vladimir Cerrón como presidente regional de Junín; y su segundo período en el 2019 hasta agosto de ese año cuando fue separado del Gobierno Regional de Junín.
Y, sobre el delito de lavado de activos, acotó, el mencionado informe pericial indica que Cerrón Rojas tendría un desbalance patrimonial de más de S/6 millones de soles, su madre -en calidad de testaferro- también habría realizado operaciones para ensombrecer dinero maculado.
En el caso del congresista Guido Bellido, como integrante de PL, habría tenido comunicaciones telefónicas interceptadas con otros integrantes de la presunta red criminal como Arturo Cárdenas Tovar “Pinturita” a quien le habría pedido generar cuentas para recepcionar dinero destinado a pagar la reparación civil que debía el líder la organización a razón de S/35 mil por región. Además, Bellido le indicó que se quedó “sin balas” y le pidió movilizar a su gente para tal fin.
El representante del Ministerio Público, Angel Bladimir Astocóndor se adhirió al pedido de la Procuraduría Anticorrupción, señalando que como actor civil y durante el proceso, deberá sustentar cómo es que fue perjudicado y el daño sufrido por el Estado.
“La pretensión que tiene la procuraduría en este caso, de carácter civil, dentro de un proceso penal, específicamente en la etapa de investigación preparatoria en la que nos encontramos debe estimarse como postulatoria, inicial y de carácter provisional”, indicó durante la audiencia.
Ministerio Público investiga presunto lavado de activos y organización criminal del Partido Perú Libre, su líder Vladimir Cerrón y otros.
Según los hechos imputado por el Ministerio Público, el financiamiento ilegal habría provenido de actos ilegales cometidos por personas vinculadas a Perú Libre y Vladimir Cerrón que actuaron como funcionarios del Gobierno Regional de Junín a fin de recopilar dinero y ser utilizado para los objetivos propios de la organización criminal.
Por tanto, el dinero provendría de actividades criminales ligadas a la Corrupción de Funcionarios, como es el caso de la sub red criminal “Los Dinámicos del Centro” enquistada dentro de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, la sub red criminal “Los Tiranos del Centro” enquistada dentro de la Municipalidad Provincial de Huancayo, así como el accionar ilícito ejecutado individualmente por funcionarios y servidores bajo el dominio del Partido Político Nacional Perú Libre.
Se opusieron
El actual congresista de PL Guido Bellido presentó su oposición al pedido de la Procuraduría Anticorrupción. A través de su abogado Edinson Bernales Baca, pidió que se declare improcedente el pedido para que se constituyan como actor civil y la pretensión provisional de S/10 millones.
“Nos ratificamos en la pretensión de que se declare improcedente. La procuraduría debe precisar cuál es el daño que se ha causado por el ilícito penal”, requirió el abogado en la audiencia.
Según argumentó, no se había acreditado sobre el derecho de la procuraduría para constituirse en el proceso de investigación y no se habían precisado las imputaciones fácticas en contra de su patrocinado.
En ese sentido, agregó, se indicaba que su defendido tendría el rol promotor del plan criminal de la mencionada red criminal, pero nada de lo alegado por la procuraduría establecía cuáles serían los actos cometidos que habrían servido para transferir u ocultar activos ilícitos provenientes del Gobierno Regional de Junín.
“Del pedido de la procuraduría sobre Guido Bellido, se tiene que no logra establecer lógica y concretamente cuál sería la vinculación o los actos mediante mi defendido habría cometido los delitos formulados en contra del Estado”, alegó.
Arturo Cárdenas, secretario de Organización de Perú Libre, fue uno de los dirigentes que coordinó el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón.
Por tanto, calificó que la solicitud de la procuraduría tiene alegatos vagos, sin montos exactos, lo que reflejaba una transgresión a los derechos de su patrocinado.
“Es injusto, desproporcional pedir S/10 millones, sin justificar cada ítem sobre el daño moral, emergente, lucro cesante. Resulta para nosotros un hecho que no satisface las garantías de imputación”, remarcó.
Al pedido para rechazar la pretensión de la procuraduría se adhirió la defensa legal de José Eduardo Bendezú Gutarra.
“La defensa de Bendezú Gutarra está de acuerdo con la posición del señor abogado, defensa del señor Bellido, en tanto y en cuanto no se ha hecho la cuantificación adecuada, solo se ha hecho una especulación”, afirmó.
Ante la inasistencia de la defensa de los otros coinvestigados, el juez Cristóbal Ayala indicó que al no haberse opuesto los otros investigados, daba el debate por cerrado.
Indicó que, pese a ello, se tomaría el tiempo para examinar la solicitud de la Procuraduría para la verificación de los elementos de convicción e información presentada, por lo que su resolución se notificaría dentro del plazo procesal establecido por la norma.
