Alan García tiene impedimento de salida del país por 18 meses

El ex presidente Alan García, cuyo pedido de asilo a Uruguay acaba de ser rechazado, tiene vigente una orden de impedimento de salida del país por 18 meses, dictada el 17 de noviembre por el juez Juan Sánchez Balbuena.

La medida se emitió con el fin de garantizar su participación en las diligencias de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.

En ese momento, el juez declaró fundado el pedido hecho por el fiscal José Domingo Pérez. En los días previos, el ex mandatario había expresado su voluntad de allanarse al requerimiento para –según su abogado– colaborar con la justicia. Sin embargo, tras conocer la decisión del magistrado pidió asilo a Uruguay.

Durante la audiencia, que duró 85 minutos, el representante del Ministerio Público sostuvo que “ahora sí se va a investigar como corresponde a Alan García por recibir dinero de Odebrecht”.

Pérez indicó en su sustentación que la constructora brasileña ha presentado nuevos documentos en los que reconoce el pago de US$100 mil a Alan García a través de su división de operaciones estructuradas por una conferencia que dictó en Brasil en el 2012.
Agregó que, para ocultar ese pago, Odebrecht hizo intervenir como intermediario al abogado José Américo Spinola.

—Argumentos—

Para fundamentar los presuntos actos colusorios que habría habido entre García y Odebrecht, el fiscal Pérez recordó las numerosas visitas de Jorge Barata, representante de esa constructora en el país, a Palacio de Gobierno y la celeridad del Ejecutivo en la emisión de normas para presuntamente beneficiar a la citada empresa.

El magistrado también mencionó que el 19 de febrero del 2009, en el período de García, hubo un sospechoso Consejo de Ministros en el que se aprobó un decreto de urgencia por el que se encargó al Ministerio de Transportes la ejecución de las obras de la línea 1 del metro de Lima.

Pérez señaló además que en aquella oportunidad se cometió una irregularidad: dijo que en ese momento el decreto aprobado no tenía expediente y que recién se confeccionó el 24 de febrero. El fiscal considera que todo se hizo para beneficiar a Odebrecht.

También reiteró su solicitud para que García no salga del país, debido a que en la investigación que ha sido ampliada por los delitos de colusión y lavado de activos se necesita una serie de diligencias para corroborar las nuevas pruebas.

En su resolución, el juez del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Anticorrupción indicó, dada la gravedad de los delitos imputados, que la medida coercitiva “resulta proporcional e indispensable para averiguar la verdad”.

Erasmo Reyna, abogado de García, señaló que su cliente siempre colaboró con la justicia y que no se opone a la solicitud del fiscal, a pesar de que –agregó– no estaba de acuerdo con los presupuestos. Aseguró que en el 2012 su patrocinado “no tenía por qué saber de dónde provenía el dinero con el que le pagaron por su conferencia”.

—Cuestionamiento—

Más tarde, desde su domicilio, García también sostuvo que recién se ha enterado de que Odebrecht pagó la conferencia que él dio para la Federación de Industrias de Sao Paulo.

“En ese momento nadie sabía que había una caja B. ¿Quién sabía que Odebrecht era un sindicato empresarial que estaba corrompiendo a medio mundo en el continente”, cuestionó.

El ex gobernante dio a entender que hay una persecución en su contra. “Hay quienes necesitan hacer una hoguera y quemar como una bruja a Alan García”, dijo.

Expresó que no tiene duda de que más adelante la fiscalía también pedirá la prisión preventiva en su contra. “Esto es una escalada [...] sé que para eso se está ofreciendo beneficios a cualquier delincuente para que pueda incriminar sin ninguna prueba a Alan García”, señaló.