Alan García: Parlamentarios oficialistas de Uruguay no ven elementos para otorgar asilo

Diversos parlamentarios del Frente Amplio de Uruguay, la coalición oficialista, estimaron que no existen los elementos suficientes para que el presidente de dicho país, Tabaré Vázquez, otorgue el asilo al ex mandatario peruano Alan García, hoy instalado en la residencia del embajador uruguayo en Lima.

El senador Juan Castillo (Partido Comunista) y el diputado Roberto Chiazzaro (Partido Socialista) indicaron a El Comercio que han solicitado información al gobierno uruguayo respecto a la situación judicial de Alan García. Aunque, en base a la información recopilada por medios propios, no ven elementos que sustenten una persecución política.

"Se habla de que Uruguay tiene una larga tradición, de ser generosos y solidarios con la figura del asilo cuando se requiera, estamos hablando casos de persecución política, ideológica donde muchas veces hay riesgo de vida o al menos esta en peligro la vigencia de los derechos humanos de las personas que lo requiera [el asilo]. Pero todo esto que describo no parecen ser los elementos alrededor del caso García", sostuvo el senador Juan Castillo en comunicación telefónica con este Diario.

El secretario general del Partido Comunista de Uruguay, integrante de la coalición del Frente Amplio a la cual pertenece el presidente Tabaré Vázquez, describió que estamos ante un caso de denuncias de corrupción en donde se requiere que Alan García permanezca en tierra peruana a efectos de que la justicia pueda actuar. "Si esto fuera así, no parece ser encajar con la figura tipificación del asilo", añadió.

Para el diputado oficialista Roberto Chiazzaro, Perú vive en un régimen de derecho con normas democráticas, y en ese contexto el gobierno no podría brindar un asilo bajo el argumento de una persecución política.

"Si [Alan García] estuviese siendo sujeto a un proceso en el marco de la justicia, sobre actuaciones vinculadas a ilícitos que nada tienen que ver con cuestiones políticas obviamente no sería merecedor del asilo", indicó a El Comercio.

El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes uruguaya agregó que si la información enviada por el gobierno peruano confirma que García no está siendo sujeto a violaciones de sus derechos, el gobierno de Tabaré Vásquez deberá invitarlo a que se retire de la residencia del embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros.

"Te diría que en la bancada [oficialista del Frente Amplio] hay casi por unanimidad, la certeza en el sentido de que si hay delito económico en el caso de García", refirió Chiazzaro.

En medios uruguayos, sus colegas oficialistas han opinado en el mismo sentido. El senador Rubén Martínez (Movimiento de Participación Popular, el partido del ex presidente José Mujica) indicó que en esta decisión no debería tomarse en cuenta cuestiones políticas o ideológicas. "Ningún instituto de asilo se otorga desde una posición política. Es un instrumento objetivo, no funciona al gusto ideológico del consumidor [...]", dijo a "La Diaria", periódico uruguayo.

Asimismo, refirió que la cancillería tiene que ser muy cauta "para que esto no se transforme en una artimaña de quien pide asilo para evadir su responsabilidad judicial”.

Mientras que la senadora Constanza Moreira (Casa Grande), también para "La Diaria", estimó que “el proceso legal contra Alan García y la tipificación de sus delitos no ameritan el uso de la figura de asilo político, ya que no se configura persecución política”.

En el Parlamento de Uruguay, el Frente Amplio cuenta con la mayoría en ambas cámaras: 50 de 99 diputados y 16 de 23 senadores. El politólogo uruguayo Daniel Chasquetti explicó que el presidente Vázquez no podrá tomar una decisión sin la postura colegiada del Frente Amplio. “Es importante lo que ocurra en el partido, ya ha limitado al presidente en algunas de sus decisiones porque no estaban en la misma línea. Es un actor de veto”, afirmó a El Comercio.

El fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación contra Alan García, negó que exista una persecución política contra el líder aprista. Mientras que el gobierno peruano entregó al embajador de Uruguay en Perú, Carlos Barros, donde a través de una nota diplomática puntualiza que en el Perú no existe persecución política.