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Congresistas de diversas bancadas cuestionaron que se pretenda impulsar nuevamente lo que denominaron una “ley con nombre propio” a fin de beneficiar al ex mandatario Alberto Fujimori.
Para el vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez, la situación es clara: su bancada no apoyará una ley con esa figura. Igual posición se tiene en el Frente Amplio, dijo su portavoz alterno, Zacarías Lapa.
El martes —por mayoría, con votos de Fuerza Popular— la Comisión de Justicia aprobó un nuevo texto del proyecto de ley que establece la denominada ejecución humanitaria de la pena.
La autógrafa de esta última iniciativa había sido observada por el Ejecutivo y devuelta al Congreso.
La nueva propuesta aprobada dice que condenados de 70 años a más, con enfermedades crónicas acreditadas por una junta médica (o con severa discapacidad física o mental), podrían acceder a la vigilancia electrónica.
El beneficio no procede para condenados por terrorismo, feminicidio, tráfico de drogas, abuso sexual y lavado de activos, entre otros.
El congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú) criticó la forma cómo se puso el tema a votación y dijo haber presentado una observación. A su juicio, el nuevo texto debió tener un mejor debate.
Por su parte, Karina Beteta (Fuerza Popular) rechazó que con esto se pretenda beneficiar a Fujimori, quien se encuentra internado en una clínica tras revocarse su indulto. Sin embargo, no entró en más detalles.
—Análisis legal—
La abogada penalista Romy Chang advirtió serios problemas en la iniciativa. Mencionó, por ejemplo, la falta de proporcionalidad entre los delitos que se permiten y se restringen para el beneficio, así como la falta de reglamento para el accionar de la junta médica encargada de evaluar al solicitante.
—Más información—
Allanamiento
En la misma sesión del miércoles se rechazó el predictamen que proponía allanarse a todas las observaciones del Ejecutivo. Allí se detallaba, además, que la autógrafa, lejos de cumplir su fin, generaba efectos negativos.
Reformas
La Comisión de Justicia en su sesión del martes terminó de aprobar el paquete de reformas del sistema de administración de justicia propuestas por el presidente. El último proyecto aprobado fue el que crea el Sistema Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Lavado de Activos y Delitos Conexos.
