Caso Chinchero: Las incongruencias y los extraños cambios de opinión sobre la adenda

En un mes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) —que entonces estaba a cargo del actual presidente, Martín Vizcarra— pasó de decir que no tenía nada que discutir con Kuntur Wasi sobre el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero a firmar la cuestionada adenda que le había propuesto este consorcio. Así lo revela un oficio enviado por Yaco Rosas, exdirector general de concesiones en transporte del MTC, al que El Comercio tuvo acceso.

Si bien esto no constituye una ilegalidad, sí evidencia una importante incongruencia en la posición del MTC. Tanto Rosas como Camilo Carrillo, exdirector de promoción de la inversión privada en el Ministerio de Economía (MEF), han confirmado a este Diario que existía una decisión política por parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de sacar adelante Chinchero lo antes posible. Y el camino de la adenda calzaba con esa decisión.

Un cambio incluso más repentino se evidencia en los exdirectores de Ositran Alfredo Dammert y Antonio Balbuena, quienes con sus votos consiguieron que el ente regulador diera opinión favorable a la adenda en contra de la posición de su expresidenta, Patricia Benavente. Según las actas publicadas por Ositran, ambos cambiaron su posición inicial en contra de la adenda por una a favor en sólo dos días.

-La sobrevaloración de la tasa-
Para comprender mejor los documentos, es necesario precisar antes un concepto. Como explicó este Diario, el principal problema del contrato de Chinchero era que no fijaba un tope para calcular el interés del financiamiento del aeropuerto. Lo que coloquialmente se ha llamado 'interés', sin embargo, en realidad comprende una serie de costos de financiamiento que Kuntur Wasi sumó a la tasa del banco. Este ‘mix de tasas’ fue lo que derivó en un costo de financiamiento —'interés'— de 22,06%, que el consorcio presentó al MTC.

Kuntur Wasi agregó, por ejemplo, conceptos como los 'intereses intercalares'. Estos son los intereses que se acumulan en los primeros cinco años del contrato, dado que el Estado recién iba a empezar a pagar a partir del año 5. El consorcio también agregó costos de estructuración del préstamo, como el pago a un asesor legal internacional o a una agencia calificadora de riesgos, que según un informe encargado por el MTC a la Corporación Andina de Fomento (CAF) estaban largamente sobrevalorados.

La CAF especificó que el costo de asesor legal internacional consignado por Kuntur Wasi era cinco veces superior al máximo estándar del mercado, que el de la agencia calificadora era más del doble y que los ‘otros costos de estructuración’ estaban 19 veces por encima. Además, afirmó que ese 'mix de tasas' no era un método utilizado en los mercados financieros para calcular el costo de un financiamiento. Estos argumentos —casi de forma literal— fueron tomados por el MTC para responder al consorcio el 25 de noviembre.

-Las incongruencias del MTC-
El 25 de noviembre, utilizando estos argumentos de la CAF, el MTC rechazó la propuesta de Kuntur Wasi en un oficio firmado por Yaco Rosas. En su última línea, el documento especifica que lo presentado por el consorcio “generaría un perjuicio económico al concedente [el Estado]”. Cinco días después, el 1 de diciembre, se registra la primera reunión para discutir la adenda de Chinchero, en la que participaron representantes de Ositran, el MTC y el MEF, según un correo al que este Diario también accedió.

Pero el cambio de posición se evidencia con claridad al mes siguiente. Pese a que ya tenía más de un mes de coordinación, recién el 2 de enero el MTC respondió formalmente a la solicitud de adenda de Kuntur Wasi. La respuesta, sin embargo, no es coherente con la negociación que ya se llevaba a cabo. El oficio del 2 de enero, que también firma Yaco Rosas, dedica 9 de sus 10 párrafos a dejarle claro al consorcio que no había nada que discutir sobre el contrato, pues Ositran ya había publicado cómo calcular la tasa del financiamiento.

Efectivamente, en la edición del martes 7 de enero del 2014 —año en que se había firmado el contrato original de Chinchero—, el diario El Peruano publicó un informe de Ositran en el que se detallaba el método para calcular la tasa de financiamiento que Kuntur Wasi había calculado mediante un 'mix'. La directriz de Ositran era clara: la tasa incluiría sólo el interés para el préstamo, de 7,02%, más un 'spread' de 2,5%. Este 'spread' debía cubrir los 'intereses intercalares' antes mencionados. Nada más. Ello daba una tasa de 9,52%.

En otras palabras, pese a que llevaban un mes negociando una adenda al contrato a raíz de vacíos sobre el tope de la tasa de financiamiento, el MTC le respondió a Kuntur Wasi que no existía ningún vacío pues Ositran ya había especificado cómo llenarlo. Aunque los informes de Ositran no son vinculantes, en este caso el MTC hace suyo el informe y lo utiliza para argumentar.

“No obstante esto, dado que su representada ha presentado una solicitud de adenda al contrato de concesión, corresponde al concedente conjuntamente con el Ositran y el MEF evaluar la viabilidad de su solicitud de modificación contractual”, dice recién el último párrafo del documento.

Aunque se trata de la respuesta formal a una solicitud de adenda, Rosas alega que los nueve primeros párrafos del documento tienen esa redacción porque hacían referencia a la propuesta de financiamiento previa de Kuntur Wasi, que había sido rechazada el 25 de noviembre. “Le estaba respondiendo casi toda la carta sobre su propuesta de Endeudamiento Garantizado Permitido [la de 22,06%]. Para eso necesitaba todos los argumentos, los de la CAF y también los de Ositran. Kuntur Wasi, cuando mandó su adenda, también cuestionó nuestro rechazo [previo] de su EGP”, explica Rosas.

Aún así, esto no explica por qué el MTC ya negociaba —y firmó un mes después, en febrero— una adenda sobre la base de que había un vacío en el contrato, mientras argumentaba que este vacío realmente no existía.

-Ositran y un cambio veloz-
Otra historia es la de Ositran —el ente regulador en materia de transportes—, que acompañó el proceso de negociación de la adenda desde el principio. Así lo evidencia un correo sobre la reunión realizada el 1 de diciembre en el que Ositran se muestra de acuerdo con algunos aspectos de la adenda y en desacuerdo con otros.

El 22 de diciembre, sin embargo, Ositran envió otro correo a Yaco Rosas en el que explicaba —en una ayuda memoria adjunta— su rechazo a la adenda en 11 puntos. El correo fue reenviado por la expresidenta de Ositran Patricia Benavente a Martín Vizcarra ese mismo día. El ahora presidente estaba al tanto de los problemas que el equipo técnico del regulador había identificado. 

Casi un mes después, el 18 de enero, inició una sesión del Consejo Directivo de Ositran para debatir si se daría opinión desfavorable a la adenda de Chinchero. La sesión duró hasta el 20 de enero, según las actas que todavía están disponibles en la web del regulador. Participaron de ella Benavente y los dos otros miembros de su directorio, Alfredo Dammert y Antonio Balbuena, hoy investigados por la fiscalía como presuntos autores del delito de colusión agravada.

Según el acta del 18 de enero, al final de aquella sesión el acuerdo detallado por Benavente fue “dar por unanimidad opinión desfavorable al proyecto de adenda”, frente a lo que ambos directores “indicaron que estaban de acuerdo”. Dos días después, el panorama cambió radicalmente.

Ambos, Dammert y Balbuena, anunciaron en la sesión del 20 de enero que darían opinión favorable a la adenda, en contra de la posición de la presidenta. Aunque los informes de Ositran no son vinculantes, sí dan legitimidad a las decisiones adoptadas por las entidades públicas sobre proyectos de transporte. 

El 20 de enero también se elaboró un acta que Dammert y Balbuena optaron por no firmar, pero que es pública en la página web de Ositran. El 1 de marzo, cuando la adenda ya había sido firmada, Dammert envió un correo a Jean Paul Calle, exgerente de asesoría jurídica de Ositran, solicitando cambios en las actas.

Entre otros, Dammert solicita cambiar que “los directores confirmaron el sentido del voto desfavorable que emitirían el día viernes 20 de enero del 2017” por que los directores “escucharían la nueva propuesta” de informe que plantearía el equipo técnico de Ositran. Además, solicita eliminar del acta que Benavente haya puesto al equipo técnico de Ositran como testigo de lo afirmado por sus directores.

Calle, sin embargo, respondió reiteradamente que los cambios solicitados por Dammert no se realizarían por no coincidir con lo registrado en la grabación de las sesiones. Benavente también respondió a este pedido diciendo: “No podemos incluir en el acta cambios que impliquen eliminar cosas que efectivamente fueron dichas por ninguno de los tres directores, o incorporar frases que nunca se dijeron”. Como respuesta final, Dammert y Balbuena dijeron que no firmarían las actas por “no estar de acuerdo con su contenido”.

“Lo que dijo Benavente el 18 es que su equipo iba a dar una nueva propuesta para que pudiéramos consensuar, pero el 20 trajeron prácticamente la misma propuesta. Es falso que hayamos acordado dar opinión desfavorable el 18, por eso no firmamos el acta”, respondió Dammert como descargo a El Comercio. Tres personas presentes en la reunión, no obstante, confirmaron que lo consignado en el acta es real.

-Una decisión política-
“[Chinchero] Era un proyecto priorizado que estaba dentro del plan de destrabe. Había reuniones de destrabe de varios proyectos y este problema se evidenciaba. Al menos a mi nivel, sí se evidenciaba”, dice Yaco Rosas. Aunque ninguno identifica exactamente quién pugnaba para sacar adelante Chinchero cuanto antes, Rosas y Camilo Carrillo, —exfuncionario del MEF— coinciden en que había una decisión política del gobierno de PPK detrás.

“Claro, eso fue una decisión política de continuar con el proyecto. Esa era una política de Estado, no dependía de mí. [...] A mí lo que me dicen es ‘este proyecto hay que destrabarlo’”, cuenta Rosas. Una opinión parecida tiene Carrillo. “¿Había una voluntad [política]? Claro, la misma de cualquier gobierno de sacar adelante los proyectos. Eso nos obligó a ser creativos dentro de la norma para tratar de solucionar el problema”, dice.

Ninguno de los dos, sin embargo, identifica quién llevaba la voz cantante. “Yo no hablaba con PPK, yo tenía contacto con mi viceministra [Molinelli] y mi ministro [Vizcarra]”, es lo único que se anima a decir Rosas. Y agrega: “Vizcarra recibía información de la viceministra”. Hoy, más de dos años después de firmada la adenda, la razón detrás de las inconsistencias del MTC y de los directores de Ositran vuelve a cobrar relevancia. No solo la investiga la fiscalía, sino también el Congreso de la República.