JJ Camet Contratistas Generales S.A., una de las socias de la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica sur, consideró este lunes que la prisión preventiva por 18 meses dictada contra el gerente general corporativo de la empresa, Fernando Camet Piccone, es “arbitraria” e “ilegal”.
A través de un comunicado, JJ Camet Contratistas Generales S.A. indicó que la medida dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho no cumple con los supuestos exigidos por la ley, ya que Fernando Camet Piccone “no ha obstruido a la acción de la justicia”.
“[Camet Piccone] siempre ha demostrado su voluntad de colaborar con el proceso de investigación a través de su apersonamiento ante el Ministerio Público hasta en cuatro oportunidades, según consta en escritos; incluso antes de tener la condición de investigado”, estima la empresa.
Del mismo modo, JJ Camet Contratistas Generales S.A. indicó que sustentaron suficientemente la inexistencia de peligro procesal, acreditando el supuesto arraigo en el Perú de Fernando Camet Piccone, “dónde trabaja y que vive con su familia en domicilio permanente; así como se fundamentó la plena sujeción a la investigación”.
“Pese a esta arbitrariedad, el señor Camet y la empresa continuarán prestando toda la colaboración necesaria a la justicia para el total esclarecimiento de los hechos. JJ Camet Contratistas Generales S.A. continuará desarrollando su actividad empresarial con el profesionalismo y seriedad que la caracteriza y cumpliendo con todos los compromisos asumidos ante sus distintos grupos de interés”, concluyó la empresa.
José Alejandro Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio de Graña y Montero), Hernando Alejandro Graña Acuña (ex director de Graña y Montero), Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.) y José Fernando Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA) se entregaron esta madrugada luego de que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra.
A cuatro de los cinco empresarios se les imputa los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. A Graña Miro Quesada se le acusa solo por el delito de colusión.
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