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El Poder Judicial confirmó la orden de 18 meses de prisión preventiva dictada contra el empresario Jorge Peñaranda, investigado por presunto cohecho pasivo y lavado de activos por el Ministerio Público en el marco de los pagos ilícitos que habría realizado Odebrecht.
La Primera Sala Nacional de Apelaciones del Sistema Especializado, encabezada por el juez Ramiro Salinas Siccha, rechazó la apelación que presentó la defensa de Jorge Peñaranda y la solicitud para que se varíe la prisión preventiva por una detención domiciliaria.
La defensa apeló señalando dos argumentos principales. Primero, que se había vulnerado el derecho al debido proceso y a la defensa por considerar, en medio de las audiencias, una disposición fiscal para incluir más evidencias contra el imputado. Segundo, consideraron que el cohecho pasivo por el cual se investiga a Peñaranda Castañeda ya prescribió.
La sala de apelaciones rechazó ambas explicaciones al manifestar que, durante las audiencias que se realizaron antes de dictar en primera instancia la prisión preventiva, el magistrado Jorge Luis Chávez Tamariz brindó tiempo suficiente para que los abogados defensores pudieran apelar la incorporación de la disposición fiscal, por lo que no se podía cuestionar que se hayan vulnerado los derechos de Jorge Peñaranda.
Los magistrados manifestaron que no se puede alegar que el investigado no era funcionario público porque representaba legalmente a una empresa fiscalizadora, en este caso, Ositran, por lo que debe ser considerado como funcionario público según ley.
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Jorge Peñaranda había pedido que se varíe su prisión preventiva por detención domiciliaria, pero el Poder Judicial lo rechazó.
Los jueces de la sala de apelaciones manifestaron que “no obra aún documentación que permita corroborar con claridad que en el año 2014 la empresa Odebrecht haya efectuado transferencias al imputado o a su offshore”, por lo que consideran que no hay elementos de convicción evidentes sobre el presunto delito de cohecho pasivo propio (imputado contra funcionarios públicos).
Sin embargo, sí indicaron que hay suficientes pruebas de que se habría cometido lavado de activos, al evaluar todas las evidencias de transferencias bancarias entre Odebrecht (Klienfeld Services y Aeon Group) y Jorge Peñaranda a través de la Banca Privada de Andorra (Randalee Investments) desde la caja 2. “Para esta sala superior, todo ello da cuenta de la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado”.
También ratificaron los 18 meses de prisión preventiva por evaluar que una detención domiciliaria no sería suficiente porque hay riesgo de fuga del país por las facilidades del investigado para viajar, vivir en Estados Unidos e influenciar negativamente en las investigaciones.
Jorge Peñaranda Castañeda es investigado por presuntamente haber recibido dinero de la constructora Odebrecht cuando oepraba como representante del Consorcio Nororiental Vial Sur y Alpha Consult durante el periodo 2011-2014.
