Congresistas investigados continúan visitando a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo

Congresistas de la República han visitado hasta en 36 ocasiones al expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo, desde el 17 de diciembre del 2022 hasta el 27 de mayo, de acuerdo con información a la que accedió El Comercio.

Sin embargo, de este grupo de visitantes cuatro son legisladores que están comprendidos en investigaciones que también están vinculadas al vacado expresidente y que acudieron al penal luego de fechas relevantes para las indagaciones.

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Congresistas del Bloque Magisterial figuran en la lista de visitas del expresidente Castillo. Se trata de Paul Gutiérrez, Pasión Dávila y Katy Ugarte (No agrupada).

Si bien los legisladores han sido visitantes asiduos del exjefe de Estado desde el momento en que fue recluido en Barbadillo, han seguido ingresando al penal incluso luego de haber sido comprendidos en investigaciones vinculadas también a Castillo y los allanamientos a sus oficinas y domicilio. Ellos acudieron a Barbadillo en siete oportunidades: el 8 de marzo; 11 y 14 de abril; y el 21, 24, 26 y 27 de mayo.

El pasado 6 de enero, la fiscalía incluyó a 20 congresistas más en el Caso ‘Los Niños’, donde las indagaciones también se siguen a Castillo como presunta cabeza de una organización criminal.

Entre los legisladores investigados desde esa fecha por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias se encuentran Gutiérrez, Ugarte y Dávila. Posteriormente, el 24 de marzo la fiscalía allanó las oficinas y domicilios de los tres legisladores en un megaoperativo denominado ‘Los Pequeños II’ debido a las investigaciones que se siguen desarrollando en el Caso ‘Los Niños’.

De acuerdo con las declaraciones del colaborador eficaz CE-12-2022, este grupo de legisladores respaldaba con sus votos la gestión de Castillo a cambio de colocar a sus allegados en oficinas del Estado.

En USBs entregados en enero del 2022 a Eder Vitón Burga, exasesor presidencial, Ugarte, Dávila y la congresista Francis Paredes consignaron los nombres de 59 personas recomendados por ellos para asumir cargos públicos. Ugarte incluso habría reclamado que este compromiso no se estaba cumpliendo.

Finalmente, cinco personas de una lista de 33 se hicieron de cargos públicos u órdenes de servicio tras las cuotas pedidas por Ugarte. En el caso de Pasión Dávila, uno de sus allegados fue nombrado prefecto regional de Pasco en abril del 2022.

El congresista Pasión Dávila respondió a El Comercio que sus visitas al penal de Barbadillo fueron por temas de “fiscalización”, para constatar el estado del expresidente. “Por fiscalización, ver cómo está, nada más. Qué inconveniente voy a tener, para nada. Absolutamente esto que me están imputando es totalmente falso, qué impedimento voy a tener yo”, dijo el legislador. Además, rechazó que sus visitas al exjefe de Estado se presten a suspicacias. “[La fiscalización] es mi rol. A ver cómo está él, tengo que constatar. Está normal [Castillo] felizmente”, finalizó.

Este Diario se comunicó con el congresista Paul Gutiérrez y con el despacho de Katy Ugarte para reunir sus descargos, pero no obtuvimos respuestas.

Quien también ha ingresado a Barbadillo para visitar al expresidente Castillo es el exministro Roberto Sánchez, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.

Sánchez acudió en tres ocasiones: el 4 y 19 de febrero; y el 5 de marzo, cuando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se abordaba la denuncia de la Fiscalía de la Nación que lo comprendía por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

El pasado 26 de abril, el juez supremo Juan Carlos Checkley resolvió ordenar la medida de comparecencia con restricciones a los exministros Chávez, Huerta y Sánchez, con la prohibición de comunicarse con los demás investigados y personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos de la investigación que se les sigue como co-autores de los delitos de rebelión y alternativamente conspiración.

Sin embargo, un mes después, el 29 de mayo, el juez Checkley ordenó que tanto ellos tres como Castillo y el exprimer ministro Aníbal Torres sean procesados juntos por el golpe de Estado. Los casos se están llevando por separado y, con esta decisión, serán procesados en un solo expediente.

El Comercio intentó comunicarse con el congresista Roberto Sánchez y su abogado, pero no recibimos respuestas.

Los penalistas Andy Carrión y Romy Chang coincidieron en que la fiscalía tendría que evaluar solicitar restricciones para evitar conversaciones o coordinaciones entre investigados por presunta organización criminal, en el caso de los congresistas Ugarte, Dávila y Gutiérrez.

Carrión explicó que la fiscalía tendría que actuar conforme van evolucionando las investigaciones e información. “El caso vinculado a ‘Los Niños’ pertenece al gran caso que la fiscalía ha presentado como de organización criminal, cuyo líder sería el propio expresidente Castillo”, resaltó Carrión.

Por ello, agregó, “si durante el transcurso de la investigación la fiscalía observa esta información que, en efecto, sigue habiendo conversaciones, visitas entre dos investigados, entonces tendría en este caso que solicitar una restricción. No es estático, depende también de las circunstancias”.

Para el penalista si se advierte una coordinación o visitas constantes con el expresidente, y si esto puede implicar poner en riesgo la propia investigación que tiene que ver con una posible organización criminal, considerando que los congresistas siguen ejerciendo su cargo, “hay un peligro inminente de que esta investigación se pueda perturbar a raíz de esas comunicaciones. Esas sospechas tendrían que llevar a la fiscalía a solicitar este tipo de medidas”.

Romy Chang, directora de la maestría de derecho penal PUCP, añadió que “para garantizar, cautelar que la investigación vaya por buen camino, se entiende que el Ministerio Público debería solicitar las medidas correspondientes al Poder Judicial para garantizar eso. Evitar que exista una comunicación entre los investigados por los mismos cargos”.

Finalmente, señaló que seguir permitiendo coordinaciones es también permitir que la presunta organización criminal siga sobreviviendo. “Definitivamente la imputación central contra Castillo es una organización criminal, donde se daban reglas, se imponían medidas. Permitirles encontrarse, coordinar, es permitirles que siga sobreviviendo esa organización criminal para tapar sus crímenes. Entonces hay una plena justificación en ese caso”, comentó.