La presidenta Dina Boluarte ha asegurado que “tiene grandes amigos en las bancadas” y sus ministros parecen estar más enfocados en estrechar dichos lazos de amistad que en atender los problemas de sus respectivos sectores. No solo vemos a un Ejecutivo sin la capacidad de observar leyes antitécnicas –como el retiro de 4 UIT de las AFP o la liberación de la CTS–, sino que ahora atienden de manera inmediata los reclamos públicos de los legisladores.
Apenas pasaron unas horas desde que se anunció la moción para una comisión que investigue las películas financiadas con recursos del Estado, para que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, salga a anunciar la reestructuración de los estímulos económicos para el fomento de la actividad cinematográfica.
Los lazos amicales del Gobierno en el Congreso han ido más allá de Alianza para el Progreso, la bancada de César Acuña que actúa como oficialista en cada acción de control político contra los ministros. No en vano la presidenta Dina Boluarte ha propuesto a Pedro Cartolín como candidato a la Contraloría General de la República, un nombre que ya había sido propuesto por Somos Perú y Podemos Perú para la Defensoría del Pueblo.
Este Congreso ha ido construyendo lazos de amistad a cambio de favores y negociaciones, lo que le ha permitido no tener oposición ante sus excesos. Por un lado, tenemos al Ejecutivo, al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo: tres entidades que tienen las herramientas técnicas para realizar un contrapeso a los excesos de la agenda del Parlamento, pero que hasta el momento prefieren ponerse de costado. La semana pasada vimos cómo el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, jugó en pared con la Comisión de Constitución para dictaminar la iniciativa para habilitar a suplentes de la Junta Nacional de Justicia.
En el paquete podemos incluir al Ministerio Público, con todo lo revelado en la investigación seguida contra Patricia Benavides. Una relación de favores que buscan recuperar y, para ello, vienen amedrentando al actual fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena a punta de denuncias constitucionales. De igual manera, con respecto a la contraloría, se ha aprobado un proyecto para que Nelson Shack se mantenga en funciones si no eligen a su reemplazo. El portal El Foco reveló cómo la entidad a cargo de Shack pidió revisar un informe que encontraba responsabilidades penales en congresistas de Fuerza Popular y Avanza País.
Los ‘waykis’ legislativos se sienten empoderados y sin nadie capaz de controlarlos. Su accionar puede ser peor ahora que entramos a terreno electoral. Si es que las bancadas que dicen ser opositoras no marcan un real distanciamiento, podrían repetir las derrotas electorales de los últimos años. En julio, cuando se elija a la nueva Mesa Directiva, no se puede repetir el error de otorgar el control del Congreso a una bancada ‘wayki’.
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