Congreso: Desde la pena de muerte hasta el Día de la Oración: los 26 proyectos más polémicos

A partir de la revisión de los 433 proyectos de ley presentados hasta la fecha por el Parlamento desde que iniciaron funciones, el pasado 16 de marzo, al menos 26 han concentrado la atención debido a su naturaleza o por proponer cambios sustanciales. La bancada de Unión por el Perú (UPP) destaca entre las iniciativas parlamentarias por su corte radical, entre ellas la pena de muerte.

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Alejandro Rospigliosi: “Los veo desesperados por querer llamar la atención”

Para el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, este tipo de iniciativas sugieren un “afán de querer llamar la atención” por parte de los congresistas más allá de la factibilidad de los proyectos.

“Es un año parlamentario muy breve, ya acabamos mayo. El presidente convoca en setiembre-octubre a más tardar las elecciones. Luego todo es eso y en abril hay nuevo presidente y nuevo Congreso. Los veo desesperados por querer llamar la atención”, dijo.

Subrayó que lo que evidencian estos proyectos de ley es que el Poder Legislativo no está actuando bajo un sistema legal integral.

“Los congresistas deben saber que el Poder Legislativo no es autárquico, vivimos en un mundo globalizado", dijo.

Un ejemplo de ello es lo que pasaría con las propuestas de UPP para plantear la pena de muerte en ciertos delitos. “Por más que se aprobase en Comisión y luego en el pleno, el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, podrían presentar una demanda de inconstitucionalidad y dejarla sin efecto”, advirtió.

Además, mencionó que e Congreso no puede aprobar leyes a la deriva debido a que existe un marco legal que, justamente, regula si esto es permitido o no. Uno de ellos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica) suscrita por el Perú y por el cual no procederían leyes como la mencionada.

“Las comisiones son un filtro para proyecto de ley populista, demagógico. Por eso es importante que pasen por los filtros”. En sentido, mencionó que el proyecto que propone el “Día nacional de la oración” recae más es un tema personal que necesario para el país.

“Hay que guardar los temas personales de uno para uno mismo y no proponerlos como proyectos de ley. No se puede distraer las horas de trabajo de parlamentarios en otros asuntos absolutamente personales. El Congreso no debería distraerse”, puntualizó.

Asimismo, mencionó que del bolsón de proyectos de ley presentado, hay varios que son gestos políticos a “sabiendas que no va a llegar a buen puerto”.

“Lo de la de Constitución es inviable. El servicio militar obligatorio hace muchos años fue obligatorio hasta que años atrás, en Tacna, un joven por tratar de escapar del servicio saltó del vehículo, cayó de cabeza y murió. Hubo una invocación para que no sea obligatorio, sino voluntario. ¿Queremos volver a experiencias fallidas?”, cuestionó Rospigliosi.

Servicio militar obligatorio

El proyecto de ley para modificar la Ley N°29248, presentado el 18 de mayo, plantea volver al servicio militar obligatorio. La iniciativa, de la bancada de UPP, propone restaurar este sistema a partir de los 18 años. Indica que quien no haya prestado este servicio no podrá postular a ningún cargo público.

La iniciativa legislativa fue presentada por el congresista Rubén Ramos, y busca modificar los artículos 1, 2, 77 y 78 de la actual Ley del Servicio Militar Obligatorio.

Especifican que el servicio sea para hombres y mujeres mayores de edad. “El servicio militar es obligación patriótica de todos los peruanos. Se cumple en la forma y condiciones y con las excepciones que fija la ley”, señala la bancada de UPP en este proyecto.

“Día de la oración”

El congresista Orestes Pompeyo, de la bancada de Podemos Perú, presentó un proyecto de ley para declarar cada tercer domingo de abril como el “Día nacional de la oración”, “el cual deberá ser celebrado como un día de clamor a Dios, para bendecir a nuestra nación, nuestras autoridades civiles, militares y la familia”, indica la propuesta legislativa.

Según el argumento de Pompeyo, “el Perú es un país con una población mayoritariamente religiosa, con tradiciones y con una cultura que guarda conexión directa con la religión, constituyéndose en uno de los elementos esenciales de aquella […]”.

Agrega que “la propuesta no altera ni vulnera en sentido alguno el derecho de libertad religiosa consagrado en nuestra carta magna”.

Este proyecto de ley 4879/2020 fue presentado el 24 de marzo y firmado por los congresistas José Luna Morales, Johan Flores, Carlos Almerí, María Teresa Cabrera, Luis Castillo y Aron Espinoza.

Según la Constitución Política de 1993, el artículo 2 inciso 3 establece la libertad de conciencia y de religión, de manera individual o asociada.

El 12 de enero, durante uno de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el entonces candidato Sánchez se arrodilló, sostuvo una Biblia en sus manos y le pidió a “los hombres y mujeres temerosos de Dios” que voten por Podemos Perú.

Pena de muerte

La congresista María Isabel Bartolo, de la bancada de UPP, propuso una reforma constitucional para que se incorpore la pena de muerte a violadores de menores de edad en el país. La legisladora plantea la modificación el artículo 140 de la Constitución para que se especifique:

Artículo 140: Pena de muerte

La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, el de terrorismo y el de violación sexual a menores de edad, conforme a las leyes y a los tratados que el Perú es obligado.

Según esta propuesta, debido a que en Perú la pena de muerte para los casos de violación de la libertad sexual estaba legislada en 1969 –antes de la ratificación del Pacto de San José– “para la aplicación de esta medida no resulta necesario realizar la denuncia al citado tratado internacional”.

El proyecto 4961/2020 fue presentado el 30 de marzo, y lo firmaron los congresistas Alexander Lozano, Hipólito Chaiña, Roberto Chavarría, Posemoscrowte Chagua, Edgar Alarcón y Jim Mamani.

Artículo 140: Pena de muerte

La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, el de terrorismo y el de feminicidio, conforme a las leyes y a los tratados que el Perú es obligado.

También, propone que en un plazo de 30 días el Poder Ejecutivo denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).

Por otro lado, el congresista Jim Mamani, también de la bancada de UPP, presentó a fines de marzo una iniciativa legislativa que plantea la pena de muerte para delitos de corrupción cometidos por presidentes de la República y otros altos funcionarios en situaciones de emergencia.

De acuerdo con uno de los argumentos de esta iniciativa legislativa, la corrupción y los casos que se presentan “hace necesario que se adopten medidas preventivas y reactivas gravosas para salvaguardar los recursos del Estado que, en la práctica, son los recursos para la atención de las necesidades básicas de todos los peruanos”.

Traición a la Patria

El proyecto que modifica el artículo 137 de la Constitución, presentado por el congresista Rubén Ramos (UPP), propone que durante el estado de excepción decretado por el presidente de la República se añada que “cualquier delito cometido en agravio del Estado durante estos periodos, además del tipo general, constituyen el delito de traición a la Patria”.

La iniciativa argumenta que los actos de corrupción en el Perú “han afectado de manera doble al ciudadano, puesto que además de sufrir las consecuencias de los hechos que provocan la declaratoria de Emergencia o Estado de Sitio, son afectados por quien debería solucionar dicha situación aprovechándose ilícitamente de esta situación, lo que debe ser doblemente penado".

Además, el congresista Betto Barrionuevo, de la bancada de Somos Perú presentó una iniciativa legislativa que propone establecer también modalidades especiales del delito de traición a la Patria en periodos de emergencia sanitaria.

La propuesta plantea incluir en el Código Penal el artículo 325-A al capítulo I sobre atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria.

Artículo 325-A:

El que como consecuencia de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en las Secciones II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo: Parte Especial, del Código Penal, perjudique o afecte directamente la capacidad operativa destinada a la seguridad nacional en períodos de emergencia sanitaria será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años.

La iniciativa indica que el objetivo de esta incorporación es promover una “sanción drástica al perjuicio ocasionado en la capacidad operativa destinada a la seguridad nacional en periodos de emergencia sanitaria”.

¿Qué constituye traición a la Patria? El Código Penal precisa en el rango de los artículos 325 al 333 qué acciones implican traición a la Patria. Entre ellas: atentado contra la integridad nacional, participación en grupos armados, destrucción de hitos fronterizos, revelación de secretos nacionales, espionaje, favorecimiento bélico y hasta provocación pública a la desobediencia militar.

Renuncia y revocatoria de congresistas

La bancada del Frepap presentó en abril un proyecto de ley con el que busca establecer que el mandato congresal sea renunciable y revocable. La iniciativa apunta a modificar el artículo 95 de la Constitución para permitir estos dos mecanismos. El Frepap sostiene que la renuncia sería un mecanismo alternativo para evitar el transfuguismo en el Parlamento.

Debido a que hay un tema pendiente en su regulación, sugieren la renuncia como un camino para aquel congresista que considera que el partido político por el que fue elegido “no está cumpliendo con su agenda legislativa o plan de gobierno”, así como variaciones ideológicas que pueda haber, o que “aspira a postular a otro cargo público representativo, por lo que debe optimizarse el principio de neutralidad”.

Respecto a la revocatoria, argumentan que debido a que está prohibida la reelección inmediata para el cargo de congresista, los electores no tienen un “mecanismo de evaluación, control” y una suerte de “sanción política” para los parlamentarios que no hayan cumplido con sus propuestas o se “alejaron” de la ideología de la bancada.

El Frepap propone la revocatoria como un mecanismo para medir la legitimidad democrática en lugar de, por ejemplo, la renovación parcial o por tercios del Congreso. “Ello solo incide en la legitimidad democrática de origen, mas no de ejercicio, de los congresistas (salvo que se permita a los congresistas postular en el proceso electoral que se genere como consecuencia de dicha renovación parcial)”.

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Impuesto a las grandes fortunas

Las congresistas Rocío Silva Santisteban y Mirtha Vásquez, de la bancada del Frente Amplio, presentaron el 12 de mayo una iniciativa para aplicar un impuesto a las grandes fortunas en el país.

De esta forma, indican que la creación de un impuesto gravará el patrimonio neto personal de las personas naturales. Los afectos a este sería los patrimonios cuyo valor supere las 400 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Entre los activos gravables para la determinación del impuesto están los inmuebles, vehículos automotores, acciones y bonos; depósitos bancarios, objetos de colección y otros títulos financieros.

Por otro lado, la congresista Luz Cayguaray Gambini, de la bancada del Frepap, propuso el 24 de marzo que se cree un “impuesto directo solidario a las grandes fortunas con tasas del 0,22% al 3% a las personas naturales, jurídicas y grupos económicos, estos últimos de hecho o de derecho”.

La iniciativa apunta a que estén obligados a pagar el impuesto las personas naturales que hayan obtenido durante el año fiscal ingresos a partir de 1 millón de soles, o que los montos de sus inmuebles asciendan a tal.

Fuerzas Armadas en las calles

Los congresistas Jim Mamani, María Bartolo y Rubén Ramos, de UPP, presentaron una propuesta para modificar el artículo 166 de la Constitución con el fin de que las Fuerzas Armadas ejerzan también funciones de seguridad ciudadana en apoyo a la Policía Nacional.

Para ello, proponen la incorporación del artículo 166-A que indique:

“El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, y dando cuenta al Congreso de la República o a la Comisión Permanente, podrá disponer el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Para tales fines, las Fuerzas Armadas se rigen bajo las disposiciones establecidas en Ley”.

Asimismo, aunque fue presentado posteriormente y de manera individual en el proyecto 5261/2020, también proponen la obligatoriedad del servicio militar en el país a partir de los 18 años de edad.

El proyecto de ley 4959/2020 fue presentado el 30 de marzo y fue firmado por los congresistas de UPP.

Sueldos de expresidentes

El 8 de mayo, la congresista María Céspedes, de la bancada del Frepap, presentó el proyecto para eliminar el sueldo vitalicio que perciben los expresidentes constitucionales que ha tenido el Perú.

Para ello, la propuesta se basa en modificar el artículo 1 de la Ley 26519 –referente a la pensión de expresidentes constitucionales– y que quede redactado de la siguiente forma:

Artículo 1:

Los expresidentes constitucionales de la República gozarán de una remuneración bajo el régimen pensionario vigente, similar a cualquier ciudadano.

De esta forma, los expresidentes dejarían de percibir una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad. El proyecto dispone además que aquello que provenga del ahorro sea “destinado a incrementar las pensiones más bajas conforme a ley”.

Uno de los argumentos expuestos por la congresista Céspedes se basa en la situación de emergencia por la que atraviesa el país debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

“Consideramos que en esta situación de emergencia que atraviesa nuestro país a consecuencia del COVID-19 se debe racionalizar el gasto público y se debe regular un adecuado sistema integral de pensiones con equidad y justicia para todos los pensionistas de nuestro país”.

Somos Perú es otro de los grupos parlamentarios que presentó una propuesta similar respecto a la eliminación de la pensión de expresidentes. El congresista Rennan Espinoza ingresó el proyecto 5140/2020 para derogar la Ley 26519.

Al igual que Somos Perú y el Frepap, otras dos bancadas proponen dejar sin efecto las pensiones vitalicias de expresidentes: Alianza Para el Progreso (APP) y el Frente Amplio. Adicionalmente, el Frepap presentó el 13 de mayo una segunda iniciativa para declarar de interés nacional y necesidad pública la derogatoria de la Ley 26519.

El proyecto, presentado por la congresista Nelly Huamaní, se diferencia del propuesto por Céspedes debido a que este plantea la extinción total de la norma. Como disposición complementaria, establece que el Ejecutivo reglamentará la ley “retirando todos los beneficios económicos indirectos, derivados o relacionados con la condición de haber ejercido el cargo de presidente de la República”.

Por su parte, la bancada APP plantea también dejar sin efecto la pensión vitalicia que reciben los expresidentes.

El proyecto indica que la medida, de aprobarse, tendría un impacto en la economía del país de S/561.600 como ahorro anual. “En esa tasa de crecimiento, se tendría que dentro de 15 años el gasto anual por esta pensión vitalicia superaría el millón de soles”, argumentan.

Por su parte, los congresistas José Luis Ancalle y Lenin Checco, del Frente Amplio, plantean también –al igual que el Frepap– la derogación de la Ley 26519.

Además, proponen que quede prohibido el otorgamiento de seguridad integral policial a los expresidentes y sus familiares “bajo responsabilidad funcional del titular del Ministerio del Interior”. Asimismo, que se deje sin efecto cualquier otro beneficio en favor de los exmandatarios.

Con esto, por ejemplo, se eliminarían beneficios como: la asignación de un automóvil, el pago de seguro, otorgamiento de vales de gasolina y la contratación de un asesor.

De los expresidentes constitucionales que ha tenido el Perú, no hay familiar directo de Fernando Belaunde Terry que reciba la pensión; la remuneración para el sentenciado Alberto Fujimori fue cancelada; en el caso de Alejandro Toledo, el 2017 el Congreso le retiró la pensión vitalicia y el expresidente Pedro Pablo Kuczynsky no inició un proceso de cobro de pensión.

Remuneración de altos funcionarios

El congresista José Luis Ancalle, de la bancada del Frente Amplio, presentó el 27 de abril el proyecto 5070/2020 que tiene por objeto regular la remuneración que perciben los altos funcionarios públicos y autoridades del Estado.

Para ello, propone un marco regulatorio sobre la remuneración de, por ejemplo, el presidente de la República, los congresistas, parlamentarios andinos, vicepresidentes, magistrados del Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, vocales, ministros, defensor del pueblo, presidentes de directorio, gobernadores y alcaldes provinciales.

La escala tendría como base la remuneración del mandatario, quien debería percibir 5 Unidades Remunerativas del sector público y percibirá el mayor ingreso del Estado peruano.

Por su parte, el Frepap presentó un proyecto para establecer un descuento solidario en la remuneración de altos funcionarios durante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

El congresista Raúl Machaca propone que el descuento se aplique a los altos funcionarios públicos que perciban remuneraciones mensuales brutas igual o por encima de los S/15.500.

En ese sentido, las escalas de descuento serían:

• De S/15.500 - S/20.500: 20% de descuento.
• De S/20.501 - S/25.500: 30% de descuento
• De S/25.501 a más: 40% de descuento

La vigencia de esta norma, cuya recaudación sería “destinada a fortalecer las acciones a favor de las poblaciones más vulnerables”, sería aplicable para los meses de mayo y junio de este año y “en tanto se prolongue la emergencia sanitaria”.

Estas dos propuestas se aúnan a las otras dos presentadas por Acción Popular y UPP que proponen regular sobre la misma materia.

Derogación de la Constitución de 1993

La bancada de UPP presentó un proyecto que busca derogar la Constitución de 1993 y restablecer la Carta Magna de 1979 mientras se convoca a una nueva Asamblea Constituyente.

El proyecto de ley fue presentado por los congresistas Posemoscrowte Chagua y Roberto Chavarría, quienes se identifican como el “grupo parlamentario etnocacerista” dentro de la bancada de UPP. La iniciativa fue firmada también por los congresistas Yessica Apaza, Hipólito Chaiña, Alexander Lozano y el vocero, José Vega.

Entre sus argumentos, sostienen que el 9 de diciembre de 2018 –día del referéndum–, la aprobación de tres reformas constitucionales parciales y el rechazo a una de ellas, “son una muestra de la generalizada insatisfacción de todos los agentes económicos y sociales con la actual Carta Magna y abona a favor de su debate y reemplazo como texto integral, ya que está demostrado que los parches y remiendos no son una solución integral”.

Corrupción de funcionarios

La bancada de Acción Popular presentó el 7 de mayo, por iniciativa del congresista Otto Guibovich, la modificación del Código Penal para que se establezca como agravante la comisión de delitos de corrupción por parte de funcionario durante su desempeño en el alto cargo público.

Entre los argumentos expuestos, el autor de la iniciativa sugiere que la sanción reduciría la comisión de ilícitos por lo drástico de la pena.

Horario laboral reducido

Una de las propuestas que enarbolaron durante la campaña fue presentada el 30 de abril como iniciativa legislativa por parte de la bancada del Frepap.

El congresista Daniel Oseda elaboró una iniciativa para modificar el artículo 25 de la Constitución y se reduzca el número de horas de trabajo en el país, que actualmente son 8 diarias o 48 semanales. De esta forma, el referido artículo quedaría de la siguiente forma:

Artículo 25:

La jornada ordinaria de trabajo es de siete horas diarias y 42 horas semanales como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por el o por convenio.

Además, establece que como consecuencia de la aplicación de esta ley no proceden la reducción de sueldo, retribuciones complementarias y cualquier derecho o beneficio de orden laboral.

“La revisión de la experiencia internacional nos muestra que la reducción de la jornada laboral incrementa la productividad del trabajo y tiende a la generación de nuevos empleos formales”, precisa esta iniciativa legislativa.

Gratificaciones de congresistas

La bancada de Podemos Perú propuso el 14 de mayo la modificación de los artículos 21 y 22 del Reglamento del Congreso con el objetivo de que se elimine el pago de las gratificaciones de julio y diciembre a los congresistas así como la eliminación de seguros privados de salud. En su lugar, que se realice el pago de aguinaldos que también perciben los trabajadores del sector público.

Entre los argumentos, señalan que los congresistas, como todo trabajador público, “tienen acceso a cobertura médica, para él y sus dependientes en EsSalud pagada por el empleador, por lo que el seguro privado médico constituye un “beneficio adicional” a la cobertura de salud […]”.

Pérdida de escaño por corrupción

El congresista José Luna Morales, de la bancada de Podemos Perú, propuso la modificación del Reglamento del Congreso para incorporar la pérdida del escaño parlamentario por la comisión del delito de corrupción.

Artículo 15-A:

En caso de que un congresista haya sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, corrupción de funcionarios, trata de personas y lavado de activos proveniente de estos ilícitos, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del Congreso de la República sobre reemplazo por el accesitario.

De acuerdo con el proyecto, la propuesta apunta a que “las organizaciones políticas elijan mejor a sus candidatos, que lleven en sus listas a personas sin mayores cuestionamientos judiciales donde el mérito y trayectoria pesen más que muchas veces el aporte económico que pueda sumar a la campaña electoral”.

Programas de entretenimiento

La congresista Yessica Apaza, de la bancada de Unión por el Perú (UPP), propuso el 15 de mayo una ley para restringir la transmisión de programas de entretenimiento en horario familiar.

Para ello, plantea la modificación de los artículos 4 y 40 de la Ley 28278 [Ley de radio y Televisión], e incorporar el literal h del artículo 77.

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