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El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, informó que la legislatura ordinaria se amplió hasta el próximo 30 de enero. Con el nuevo plazo, el Parlamento podría resolver varios temas pendientes si existe voluntad política.
El decreto que amplía la legislatura establece que se pueden tratar dictámenes y proyectos de ley, informes y otras proposiciones que se encuentren en la agenda del pleno al 15 de diciembre, así como las mociones incluidas por acuerdo de Junta de Portavoces.
También se pueden abordar los proyectos de ley y de resolución legislativa del Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia y “cualquier otro asunto que por mandato constitucional o legal requiera la aprobación o el conocimiento del Pleno del Congreso”.
Entre los temas pendientes destacan:
—La Junta Nacional de Justicia—
El Congreso debe debatir y votar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este tema se verá primero a nivel de comisiones y luego en el pleno.
La implementación de la JNJ quedó en manos del Congreso luego de que la ciudadanía aprobara en referéndum la creación de esa institución, en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
La JNJ es fundamental para la administración de justicia: cuando empiece a operar revisará expedientes contra jueces y fiscales acusados de presunta corrupción.
—Financiamiento ilícito de partidos—
El pleno debe resolver un pedido de reconsideración que presentó la bancada de Nuevo Perú luego de que se aprobada la ley de financiamiento ilícito de partidos.
La citada ley incorpora el artículo 359-A al Código Penal, para tipificar el delito "de financiamiento de origen delictivo para las organizaciones políticas".
La norma beneficiaría directamente a los investigados por el caso Odebrecht, como Keiko Fujimori, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, pues rebaja las condenas por lavado de activos, de hasta 20 años de prisión a solo 3 o 15 años.
Salaverry dijo que la norma es “nefasta” y aceptó a trámite el pedido de Nuevo Perú.
Además, el Ejecutivo prepara una iniciativa legislativa sobre financiamiento ilegal de partidos, que enviará al Congreso en los próximos días para que se somete a debate.
—Moción de interpelación a Morán—
El Apra y Fuerza Popular presentaron ayer una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán, por la denuncia del ex presidente Alan García de interceptación telefónica en su contra.
El pleno debe votar por la aceptación o el rechazo de la moción. Si la aprueba, Morán deberá presentarse ante el Congreso y responder un pliego de 20 preguntas.
Congresistas del Apra y Fuerza Popular han evitado comentar si la moción de interpelación llegaría hasta la censura del ministro. Desde el Ejecutivo, el jefe del Gabinete, César Villanueva, dijo que ve poco probable que eso vaya a ocurrir.
"No va a haber finalmente una censura. Hay un paso de interpelación, es un derecho del Congreso. Nosotros tenemos, como funcionarios del Estado, que acudir cuantas veces sea necesario y dar las explicaciones”, dijo a RPP.
—La inmunidad de Edwin Donayre—
La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria debe resolver un pedido del Poder Judicial para quitarle la inmunidad de arresto al congresista Edwin Donayre (APP), condenado a cinco años y seis meses de prisión por el delito de peculado.
La citada comisión acordó solicitar una opinión consultiva a la Comisión de Constitución sobre la situación de Donayre.
Cuando Constitución responda el pedido, la Comisión de Levantamiento deberá someter a votación el caso, que luego pasará a manos del pleno.
—Denuncias contra Moisés Mamani—
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene pendiente evaluar dos denuncias contra el congresista Moisés Mamani, por presuntos tocamientos indebidos contra una trabajadora de la aerolínea Latam.
Mamani fue suspendido 120 días por el pleno el último sábado, tal como recomendó la Comisión de Ética. Pero la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales podría plantear su desafuero.
La primera denuncia contra Mamani fue presentada por Hernando Cevallos (Frente Amplio) por la "presunta comisión del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento previo y sancionado en el artículo 176 del Código Penal".
La segunda fue presentada por congresistas de la bancada de Nuevo Perú y parlamentarios no agrupados. En el oficio se señala que la conducta de Mamani “es una violación del artículo 38 de la Carta Magna, que señala que los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.
