Sigrid Bazán cuestionó incremento del resguardo policial al expresidente Alberto Fujimori. (Foto: Congreso)
Sigrid Bazán cuestionó incremento del resguardo policial al expresidente Alberto Fujimori. (Foto: Congreso)
Redacción EC

La congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) solicitó que el Ministerio del Interior (Mininter) que explique incremento del resguardo al expresidente (1990-2000), tal como .

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), cuestionó que se haya dispuesto el aumento del número de efectivos asignados al exmandatario luego que abandonara el penal Barbadillo, donde estuvo recluido 16 años.

MIRA AQUÍ: La PNP incrementa el resguardo al expresidente Alberto Fujimori | INFORME

“Mientras la ciudadanía está indefensa ante la delincuencia, al criminal Alberto Fujimori le incrementan el resguardo policial. Según El Comercio, ahora cuenta con diez efectivos. ¡Es el colmo! He solicitado al MININTER que nos informe sobre los motivos que sustentan esta decisión”, señaló.

En el documento la parlamentaria pidió que dicho portafolio explique los motivos que justifican el incremento de policías al cuidado de Fujimori Fujimori, la modalidad de este resguardo y el costo que supone para el presupuesto público.

Como se recuerda la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso el pasado 28 de febrero incrementar el resguardo policial que recibe el expresidente Alberto Fujimori desde que recuperó su libertad.

Así lo informó a El Comercio como respuesta a un pedido de información amparado en la Ley de Transparencia. De este modo, son en total 10 los suboficiales que lo cuidan en lugar de los 6 que se le asignaron inicialmente.

MIRA AQUÍ: Alberto Fujimori reabre sus redes sociales en medio del juicio que afronta por el Caso Pativilca

Como se recuerda, Alberto Fujimori fue excarcelado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el pasado 6 de diciembre, luego que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara su inmediata libertad.

El exmandatario cumplía una condena de 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y La Cantuta y fue liberado pese a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que el Estado se abstenga de ejecutar la medida.