Asesores del Congreso: ¿Quiénes están detrás de las bancadas y despachos de los legisladores?

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Hasta el 2018, los despachos parlamentarios contaban con seis trabajadores. Este periodo cuenta con un técnico más por despacho debido a una modificación del Congreso 2016-2019.

Este aumento de personal implica a su vez un incremento de salarios: un despacho legislativo, solo en sueldos de su personal, suma S/ 35.676 al mes.

A esto hay que añadir los asesores destinados para los cargos de la Mesa Directiva y para la bancada. En el caso de los grupos parlamentarios, el cálculo del número de asesores se realiza de acuerdo a la proporción de su número de integrantes. Todo este detalle del personal y sus beneficios fue explicado en una anterior nota de El Comercio. Según lo acordado por la actual Mesa Directiva, el número de asesores que tendrá cada bancada queda de la siguiente manera:

Los congresistas ahora buscan completar todas sus plazas de trabajadores, debido a que ya arrancó su trabajo en comisiones, y cada parlamentario integra al menos dos grupos de trabajo. Si bien no están asistiendo a la sede legislativa, se planea que realicen teletrabajo.

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Este Diario accedió a la planilla de marzo del Congreso y conoció los nombres de los primeros asesores que contrataron los legisladores. Algunos han realizado jales de otras instituciones, otros han recurrido a profesionales del periodo disuelto y están los que han jalado a sus colegas que postularon pero no consiguieron un escaño.

Jales con cola

El presidente Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes) ha mantenido el cuestionado “Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria”, que se intentó desaparecer en el periodo anterior, pero que se mantuvo al final de la Comisión Permanente con una sola trabajadora en planilla: la hoy congresista Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima).

Dicha instancia solo ha servido, en gestiones anteriores, para colocar personal ligado a la Mesa Directiva, principalmente a la presidencia.

Siguiendo la línea del Congreso disuelto, Merino colocó en este módulo a su asesor Jhon Saba Guerra. Este abogado ya había trabajado en el periodo 2011-2016, y regresó a finales del 2017. En el lapso que estuvo fuera del Parlamento, trabajó como coordinador parlamentario de la Contraloría, en la época del cuestionado excontralor y ahora congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa).

En las bancadas, tal como lo adelantó este Diario, se vienen contratando a congresistas del periodo 2016-2019, que fue disuelto en setiembre del año pasado por el presidente Martín Vizcarra.

En marzo, Fuerza Popular fue la primera bancada que decidió apostar por la experiencia de un exlegislador e incorporó a Luis Galarreta, expresidente del Poder Legislativo y actual secretario general del partido fujimorista. También se contrató al periodista Carlos Castillo y a Alexander Quillca, quienes trabajaron en el periodo anterior.

Somos Perú, como bancada, contrató el mes pasado a Ana Li Sotelo como asesora. Ella es hermana de Patricia Li Sotelo, actual presidenta del partido. También está en la nómina Hilda Chaccha Suasnabar, exafiliada y excandidata congresal de Perú Posible.

Mientras que en Podemos tienen a José Fernández Gárate, un abogado que en el periodo anterior laboró en el despacho de Roberto Vieira.

En la planilla del Frente Amplio figura Jorge Aparcana Alfaro, militante de Tierra y Libertad que ya venía trabajando con el grupo en el periodo anterior. En tanto, el Frepap contrató a Fernando Rodríguez Díaz.

Las primeras contrataciones de Alianza para el Progreso fueron dos mujeres: Carmen Rengifo Trigoso, quien ha sido personera del partido, y a la abogada Karla Nieto Vargas.

En la planilla de marzo, no figura personal contratado por el Partido Morado y Acción Popular. Sin embargo, este Diario pudo conocer que en el grupo acciopopulista el primer contratado fue el abogado Alfredo Villanueva Huarcaya, asesor del despacho del exparlamentario Víctor Andrés García Belaunde.

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En los despachos

En el caso de los despachos parlamentarios, los asesores contratados van en la misma línea de las bancadas. Algunos han rescatado asesores del periodo que fue disuelto, como Daniel Olivares (Partido Morado, Lima) quien contrató como asesores a Mariella Belleza, quien trabajó como técnica en el despacho de la excongresista Marisa Glave; y a Alberto Cruces, exasesor del magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa. También tiene en su despacho, como técnico, a Juan Carlos Lara Paredes, quien laboró con Marvin Palma, exlegislador primero del grupo fujimorista y luego del grupo de Kenji Fujimori autodenominado los ‘avengers’.

En el mismo Partido Morado, Zenaida Solís (Lima) ha contratado a Carlos Santibáñez García, politólogo que postuló pero que no logró un escaño. Igual sucede con el legislador Miguel Angel Gonzales, quien contrató a Miguel Villalba Álvarez, otro candidato morado que no logró ingresar.

Mientras que Carolina Lizárraga (Lima) tiene como asesor principal a José Naupari Wong, abogado especializado en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Electoral. Ha trabajado en el Jurado Nacional de Elecciones y como asesor de la Comisión de Constitución del Congreso. Su experiencia ayuda a entender que, de los cuatro proyectos presentados por Lizárraga hasta la fecha, tres sean en materia electoral y uno de reforma política.

Quien también se jaló a un extrabajador del JNE es Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa). Según la planilla de marzo, contrató a Hugo Yuén Cárdenas, quien venía trabajando como miembro del Gabinete de Asesores de la Presidencia -a cargo de Víctor Ticona- del máximo ente electoral.

Otros jales registran antecedentes no tan buenos. La legisladora Yessica Apaza Quispe (Unión por el Perú, Puno) contrató, según la planilla legislativa, a Yhon Zárate Cuba como técnico, quien en octubre del 2019 era investigado por la Fiscalía debido a que, como trabajador del Gobierno Regional de Arequipa, estuvo involucrado en el uso irregular un vehículo de la entidad regional.

Aron Espinoza (Podemos Perú, Lima) tiene en su despacho a Luis Alberto Vega Marroquín, exadministrador del Poder Judicial quien renunció en el 2018 en medio de investigación de la Contraloría. Espinoza también contrató como asistente a Claudia Simonetti Gonzales, quien en el periodo pasado laboró en la Dirección General Administrativa del Congreso, pero fue cesada en enero del 2019, durante la administración de Daniel Salaverry.

El parlamentario Wilmer Bajonero Olivas (Acción Popular, Huánuco) contrató a Freddy Sevillano Palacios, quien tiene una larga data trabajando con fujimoristas como Luis María Cuculiza y Guillermo Bocángel.

Por otro lado, están los congresistas que han optado por incorporar a exautoridades locales. Felipe Castillo (Podemos Perú, Lima), tiene como coordinadora Leonor Chumbimune Cajahuaringa, dos veces alcaldesa de Santa Anita y aún afiliada al partido Solidaridad Nacional.

Yonhy Lescano es otro de los excongresistas que regresarán como asesores, pero en despacho. Así lo confirmó a este Diario el legislador Freddy Llaulli (Acción Popular, Junín).

Mientras se arreglan los papeles para su retorno, alguno asesores de Lescano ya se reubicaron en otros despachos parlamentarios. Jaime Zegarra y Verónica Márquez Mendoza han sido contratados como asesor y técnico, respectivamente, en el despacho del legislador Juan Carlos Oyola (Acción Popular, Ica).

Otro asesor de Lescano que ha regresado es Wigberto Quispe Quispe quien ha sido contratado en el despacho del congresista Rolando Campos (Acción Popular, Lambayeque). Campos, Oyola y Llaulli han sido identificados como parte de la facción ‘Lescanista’ al interior de la bancada de la lampa.