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Congresistas de diversas bancadas criticaron el proyecto de reforma constitucional presentado por los legisladores de Acción Popular, investigados por el caso ‘Los Niños’, para que se restablecer la inmunidad parlamentaria.
“Me parece inoportuno. Cualquier proyecto se puede debatir y todos tienen derecho a presentar proyectos de ley, pero creo que no es el momento y es inoportuno”, enfatizó María del Carmen Alva, de Acción Popular., sobre la iniciativa de sus colegas de bancada.
La expresidenta del Congreso consideró que sus colegas de bancada que están siendo investigados por el caso ‘Los Niños’ no deberían haber firmado esta iniciativa de reforma constitucional.
“Creo que ahí faltó un poco de debate y análisis, pero siempre se puede debatir y analizar y lo que importan son los votos”, recordó.
Diego Bazán, de Avanza País, también se opuso a la iniciativa promovida por el sector de ‘Los Niños’, al recordar que actualmente hay una inmunidad para delitos de función.
“Creo que no deberíamos modificar el tema [...] Existe la libertad de presentarlo, pero para que prospere falta mucho [...] Creo que el congresista ya está protegido en este momento”, comentó.
Sin embargo, consideró que el Ministerio Público ha incurrido en excesos.
“Creo que ha habido excesos por parte del Ministerio Público y hay que ser bastantes claros, en el caso de vulnerar las instalaciones del propio Congreso de la República y hay que tener bastante cuidado”, aseveró.
Esdras Medina, de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, calificó como “cuestionable” que se haya presentado este proyecto.
“Sin embargo, ya lo han hecho y esto va a ocasionar un debate exhaustivo y particularmente no estoy yo a favor que pase este proyecto”, manifestó ante la prensa.
El proyecto de reforma constitucional fue presentado por Wilson Soto, de Acción Popular, y con el respaldo de diversos legisladores investigados por el caso ‘Los Niños’ como Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Luis Aragón, Darwin Espinoza, entre otros.
El objetivo es modificar el artículo 93 de la Carta Magna para precisar que ningún parlamentario puede ser procesado ni preso sin autorización previa del Congreso o de la Comisión Permanente durante el ejercicio de su mandato.
En caso de delito flagrante, el legislador será puesto a disposición del Parlamento para que se autorice o no la privación de su libertad y enjuiciamiento en un plazo de 24 horas, según la iniciativa.
