Congreso da primer paso para impedir que sentenciados en primera instancia postulen a cargos públicos

Tras unas serie de críticas, el pleno del Congreso 2020-2021 aprobó, en primera votación, la norma que impide a sentenciados en primera instancia por delitos dolosos postular a cargos públicos. Al tratarse de una reforma constitucional, la autógrafa deberá ser sometida a una segunda votación en la próxima legislatura para convertirse en ley y poder aplicar sus alcances para las elecciones generales 2021. La aprobación se dio después de que cuatro bancadas se negaran a incluir el tema en la agenda del pleno del viernes 3.

La fórmula final establece que están impedidos de postular a cargos públicos todos los sentenciados por delitos dolosos, en primera instancia, ya sea en calidad de autores o cómplices. Esto fue aprobado con 111 votos a favor y 14 en contra. La iniciativa de reforma constitucional requiere una segunda votación calificada en la próxima legislatura, que empieza este lunes 6.

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La legisladora Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima) dijo una sentencia de primera instancia no tiene la firmeza para romper la presunción de inocencia. “Bastarían un fiscal corrupto o un fiscal allegado al poder de turno para atacar a los opositores. ¿Eso es lo que queremos? ¿La ley de la selva? Si alguien está pensando que Keiko Fujimori serán sentenciada en primera instancia dentro de poco, dudo que pase a eso”, refirió.

Chávez indicó que esta norma no podría ser sometida a referéndum, debido a que afecta derechos como la presunción de inocencia.

Nelly Huamaní (Frepap, Ucayali) refirió que es necesario tener candidatos con hojas de vida intachables. Mientras que Lenin Bazán (Frente Amplio, La Libertad) resaltó la necesidad de quitar la barrera de condenados por delitos mayores de cuatro años pues, según recordó, “en este Parlamento tenemos al menos una congresista condenado en primera instancia por tres años”.

Por su parte, Arlette Contreras (No agrupada) advirtió que los delitos de violencia contra la mujer cuentan con penas muy bajas, por lo que también pidió que se retire la barrera de los delitos con condena mayores a cuatro años.

Juan Carlos Oyola (Acción Popular, Ica) calificó de débil la fórmula de la Comisión de Constitución, pues “cualquier delincuente” podría entrar al Congreso. “Tenemos que impedir que cualquier persona sentenciada, así sea por media hora en primera instancia, pueda postular, acotó su colega Franco Salinas (Piura).

Pese a los pedidos, Chehade dijo que se debería mantener la fórmula presentada y recordó que el propio presidente, Martín Vizcarra, anunció que presentaría una iniciativa poniendo una valla mínima de cuatro años de pena privativa de libertad. Aunque al final tuvo que ceder, por la continua insistencia de los parlamentarios que exigieron eliminar la valla mínima.

El bloque previo

Hasta el final de la sesión plenaria que inició el viernes 3, y se extendió hasta las 7:00 a.m. del sábado 4, las bancadas de Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Fuerza Popular y Unión por el Perú se negaron a firmar la inclusión del dictamen de impedimentos en la agenda del pleno.

El reglamento del Congreso establece que para ampliar la agenda se requieren 66 votos representativos y para exonerar de prepublicación se requiere de un mínimo de 78 votos. Las firmas de los voceros de Acción Popular, Frepap, Somos Perú, Partido Morado y Frente Amplio solo representaba 68 votos, lo que les alcanzaba para el primer filtro pero no para el segundo.

Tras una serie de críticas, Alianza para El Progreso rectificó su postura inicial y firmó para la inclusión del dictamen de impedimentos en la Junta de Portavoces. Puesto al debate en el pleno, el dictamen obtuvo votos a favor.

Polémica sobre barrera

En el debate, el dictamen no estuvo ajeno a la polémica. Bancadas como Alianza para el Progreso exigieron que no se establezcan barreras en el número de años de condena para el impedimento de postulación.

El texto propuesto establecía que “están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso cuya pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, sea superior a cuatro años”.

Lo que proponía APP es que los impedimentos apliquen a todo tipo de condenados en primera instancia, sin importar el número de años de condena.

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